"Pedí el 25% de clases en español y destrozaron la vida a mis niños"

Si una familia solicita el 25% de clases en castellano en Cataluña, debe aplicarse a toda la clase sin excepciones ni grupos separados. Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha situado a las familias que lo piden en el centro del conflicto. La consecuencia ha sido un fuerte rechazo social, insultos y manifestaciones de padres y políticos en las puertas de los colegios. Los padres que han pedido más castellano para sus hijos han sido acusados de egoístas, de hacer política a través de sus hijos y han visto cómo muchos vecinos los dejaban de saludar por su pueblo y a la salida del colegio.

“Ni el castellano deja de aprenderse, ni pasaría nada por enseñarlo un poco más”. Con esta frase definía la semana pasada la directora de un colegio público de Barcelona el debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña. El modelo de escolarización exclusivamente en catalán ha sido objeto de constante debate desde su implementación durante los 80. El proceso soberanista, sin embargo, crispó aún más la discusión y el modelo educativo catalán acabó en los tribunales.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fallara que las familias tienen derecho a reclamar un 25% de clases en español para sus hijos, la consellería de Educación, buena parte de la comunidad educativa y de la sociedad emprendieron una lucha contra esta sentencia así como contra las familias que acuden a la justicia para reclamar un modelo que no sea exclusivamente en catalán.

Recientemente tres padres que solicitaron el 25% en castellano acudieron a un acto en Bruselas para explicar la “marginación social” que han sufrido tras acudir a los tribunales. Los tres casos son distintos. Algunos han acabado renunciando a su batalla y cambiando a sus hijos de colegio. Otros han preferido mantenerse firmes y asumir que ningún padre los salude cuando van a recoger a sus hijos. Estas son las tres historias.

Ana Moreno: “No ha valido la pena”

De los tres familiares entrevistados para este reportaje, Ana Moreno, de 36 años, es la única que se arrepiente de haber luchado contra la inmersión lingüística. “Ha salido demasiado caro”, reconoce esta granadina afincada en Balaguer, un pequeño pueblo de Lleida. “El coste ha sido horrible y a mis hijos no les he cambiado casi nada”.

El pasado julio de 2015 consiguió que el TSJC llamara al orden a su colegio, el centro público Gaspar de Portolà. A falta de una semana para que empezara el nuevo curso, sin embargo, la familia prefirió renunciar a la sentencia y cambió a los hijos de escuela.

Moreno se dio cuenta del rechazo que generó su reclamación cuando vio a medio millar de personas concentradas delante del colegio de sus hijos para reclamar que no se acatase la sentencia. Entre los concentrados había representantes de CDC, UDC, ERC, la CUP y el PSC.

Esta granadina, que lleva en Cataluña desde 2003, explica que la dirección del centro, el Ayuntamiento y los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat le presionaron para que renunciara al 25% de las clases en español. La familia recibió amenazas por internet incluso por parte de la candidata de ERC al Ayuntamiento, Roser Jurado. “Esto no quedará así! El día 14 [primer día del curso escolar] ya se verá cómo se recibe a la familia”, aseguró Jurado en un comentario de Facebook.

La presión del resto de padres y vecinos del pueblo la hizo renunciar y optó por cambiar a los hijos de escuela. Ahora acuden a un centro concertado en Lleida, a unos 30 kilómetros. ”Les han destrozado la vida a mis niños”, se lamenta. Moreno cuenta que sus hijos, de 5 y 7 años, no pueden hacer actividades extraescolares como fútbol o música ya que ahora llegan muy tarde del colegio.

El rechazo social se percibió también en su negocio -relata esta madre-, una cafetería que dispone de una zona de juegos infantiles. “De repente varios padres cancelaron las reservas que tenían para celebrar el cumpleaños de sus hijos”, afirma. “Antes tenía a tres trabajadores a media jornada, este curso he tenido sólo a una persona contratada por horas”.

Moreno reconoce que, desde que empezó su lucha contra la inmersión, su vida en el pueblo ha cambiado. “Notas el rechazo cuando vas por la calle”, explica. “Muchos de los que me saludaban ya no lo hacen”.

Agustín Fernández: “Los niños son los rehenes”

Agustín Fernández, ingeniero industrial de 53 años, decidió emprender su cruzada cuando una pedagoga del centro le pidió a su hijo que no hablara en castellano. “Fuí al director y le pregunté qué estaba pasando, me respondió que el modelo del centro era la inmersión lingüística”.

Fernández, nacido en Cataluña y de padres murcianos, también consiguió que el TSJC decretara un 25% de las clases en castellano en el centro concertado Santa Anna, en Mataró (Barcelona). Pero al igual que Ana Moreno, optó por cambiar a sus hijos de escuela tras ver el revuelo y el rechazo social que generó su reclamación.

Fernández y su mujer notaron que los padres empezaban a movilizarse tras ver cientos de mensajes en el grupo de WhatsApp que compartían con el resto de progenitores. La semana siguiente a la sentencia, cientos de personas se manifestaron ante el centro para solicitar que no se aplicara el 25% de las clases en castellano.

Al cabo de un par de semanas de la concentración, el director del colegio les sugirió que los hijos estarían mejor en otro centro. “No quisimos que se convirtieran en el pimpampum y decidimos cambiarlos”, recuerda Fernández, que asegura que a partir de ese momento sus hijos fueron objeto de burlas y frases hirientes por parte del resto de alumnos.

Ahora sus hijos van a un colegio privado de educación trilingüe. Asegura que está muy contento con el nuevo centro, pero cree que sus hijos deberían poder estudiar en cualquier otro lugar. “Yo pago mis impuestos para un sistema público del que he sido expulsado”, reclama.

El nuevo colegio trilingüe le cuesta unos 10.000 euros anuales por hijo. La de Fernández es una de las 39 familias que reciben la ayuda de 6.000 euros anuales por hijo para sufragar los costes de un colegio privado en el que se den más clases de castellano. Explica, no obstante, que la Generalitat ha interpuesto un recurso para evitar pagarle esa cantidad.

Preguntado por las consecuencias de su reclamación, contesta que lo volvería a hacer. “Ahora tenemos la autoestima más alta”, indica, antes de reconocer que el proceso fue muy duro. “Teníamos a los trabajadores del centro, a la dirección, a los políticos y a la asociación de padres en contra”, recuerda. “No hablamos de inmersión lingüística en el colegio, sino de inmersión nacionalista”.

SomEscola, la organización que agrupa decenas de entidades a favor de la inmersión lingüística y que promovió la concentración delante del colegio de Mataró, no ha respondido a las llamadas de este periódico.

Ana Losada: “Las familias tienen miedo”

Mientras paseaba con su hija, Ana Losada se encontró a una amiga catalanohablante. Después de conversar en catalán con ella durante un rato, su hija Sabela le preguntó por qué hablaba “el idioma del cole”.

La escuela concertada Padre Enrique Ossó, en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat, tiene una mayoría de padres castellanoparlantes hijos de la inmigración de los 60. Losada pensó que este factor le granjearía apoyos entre el resto de padres, pero no fue así. Después de conseguir que el colegio implementara un 25% de clases en castellano, reconoce que ya ningún padre la saluda.

“Les han inculcado que el catalán es el ascensor social y la única manera de prosperar y mejorar en la vida”, opina. Los padres a las afueras del centro rechazan este argumento y son tajantes. “¿Si nuestros hijos hablan en castellano todo el día y ven la tele en castellano, dónde aprenderán el catalán si no es en el colegio?”, explicaban en un corrillo el pasado miércoles varios padres del centro.

Losada ha conseguido que su hija reciba el 25% de las clases, pero le parece insuficiente. Considera que lo justo sería el 50%, denuncia que el centro ha incluido las matemáticas en ese 25% y describe constantes intentos de minimizar la educación en castellano. “Ellos buscan darte la purria”, afirma.

Al igual que en el caso de Fernández, los primeros símbolos de rechazo llegaron al grupo de Whatsapp. Los padres la acusaron de estar haciendo política con su hija para promocionar su carrera personal -Losada es portavoz de la Asociación para la Escuela Bilingüe- y se dio cuenta de que el resto de familiares habían creado un chat paralelo sin ella.

Explica que, a pesar de la sentencia, la directora del centro les explicó al resto de padres que era una imposición judicial. “Si la directora, que es la autoridad moral del colegio, explica que la inmersión es fantástica, se la creen todos”, explica antes de recordar que esa directora fue profesora de castellano durante 20 años.