Lo hemos visto en los últimos años. Primero fue el papel higiénico, después el aceite de girasol, más tarde la leche por la huelga de camioneros... En momentos de incertidumbre, algunos acuden a los supermercados para hacer acopio de productos. Pero, a partir de ahora, Lidl, Carrefour y el resto de establecimientos podrán limitar el número de productos que se llevan los compradores.
Esto es lo que ha aprobado el Gobierno en el Real Decreto-ley con medidas para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esta limitación podrá hacerse "cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen", tal y como ya ha contado EL ESPAÑOL.
Pero, en realidad, no era nada que no se estuviera haciendo ya. Desde hace unos días, la limitación en ciertos supermercados de la compra de varios litros de aceite de Girasol en Madrid estaba limitada. Si usted ha acudido a alguno, ha podido comprobar este hecho.
Por ejemplo, en el Ahorramás del Mercado de Ibiza, en Madrid, un cartel señala sobre un estante vacío: "Solamente se podrá realizar la compra de 2 botellas de 1 litro o 1 garrafa de 5 litros de aceite de girasol por compra".
Facua, Consumidores en Acción, ya se postuló contra este tipo de prácticas cuando ocurrieron, puesto que con la normativa anterior estaban prohibidas. De hecho, denunció a aquellos supermercados que establecieron un número fijo de compra por cliente, algo que entendía irregular.
A partir de ahora no lo será, aunque el Ministerio de Consumo ya apoyó estas prácticas con anterioridad a la medida. Según el Ejecutivo, el objetivo es evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.
Las asociaciones
Las asociaciones de Consumidores se han mostrado disconformes con lo publicado en el BOE. Desde Facua han sido muy críticos con la medida, a la que han tachado de "irresponsabilidad". Desde OCU la ven "insuficiente".
A través de un comunicado, Facua señalaba que "esta nueva redacción de la normativa permite que sean los empresarios los que decidan cuándo la aplicación de la medida está justificada y es proporcional, dejando en sus manos cuándo y cómo limitan las unidades que ponen a la venta. Algo que, unido a la falta de controles en el mercado, puede provocar que muchos lo hagan con el fin de conseguir incrementos de ventas al tiempo que suben los precios".
En esto coincidía su portavoz, Rubén Sánchez, que esgrimía: "Se está autorizando una práctica prohibida desde hace más de 30 años con la que se deja en manos de los comercios permitir cómo y cuándo limitan el número de productos que puede comprar un consumidor, lo que va a formentar el acaparamiento".
Argumenta Sánchez que el efecto será el contrario al que se persigue, porque "en cuanto nos digan que no se pueden comprar más de equis cajas de leche, los consumidores se lanzarán a comprar el máximo posible".
Esto, a su vez, conseguirá que, "en paralelo, subirán los precios y, aprovechando la coyuntura, no lo notaremos, nos aguantaremos". Por eso, Sánchez tiene claro que lo aprobado es "una irresponsabilidad del Gobierno".
"Lamentablemente, desde el Ministerio de Consumo no se ha hecho absolutamente nada para impedirlo, sino todo lo contrario. Se ha fomentado la medida y se decide desde los establecimientos cuando hay una razón para llevar a cabo esto sin control. Porque estamos convencidos de que la administración no va a controlar si hay abusos en estas prácticas", argüía.
Lo cierto es que sin control alguno, la medida es inefectiva. Tal y como explicaba el representante de Facua, "esto se puede trampear yendo y viniendo al supermercado, yendo 4 a comprar, mandando a un familiar...".
Igualmente, Sánchez piensa que "la cuestión es que muchas veces el objetivo puede ser ese: que acaparemos. El objetivo no sería evitar que no se pueda distribuir porque la gente compre demasiado, sino que la gente asustada compre el máximo número de unidades".
"Por eso entendemos que si se pone en marcha esto porque hay necesidad, quien debería decidirlo y controlarlo serían los gobiernos, no las empresas que puedan tener intereses maliciosos de forrarse con las medidas e incluso en paralelo subir precios", expone en conversación con EL ESPAÑOL.
En este sentido, Rubén Sánchez ponía como botón de muestra lo ocurrido con el aceite de girasol. "Lo denunciamos y, en lugar de anunciar expedientes reguladores como alguna Comunidad Autónoma, el Gobierno salió con un comunicado de Alberto Garzón y Reyes Maroto, el ministro de protección al consumidor y la ministra de Comercio, a defender lo que se estaba haciendo, diciendo que probablemente esto estaba justificado".
Zanjaba que, sin haberlo analizado, ni justificado, da la cara por los comercios y "se olvida de la protección de los consumidores".
En el mismo sentido se pronunciaba el portavoz de OCU, Enrique García. "Esta regulación es insuficiente" y "su efecto es totalmente distinto al que persigue", exponía en conversación con EL ESPAÑOL.
Entiende García que hay "un elemento fundamental". "Aunque pone requisitos, creemos y tiene que ser proporcionada, deja en manos de los establecimientos los criterios, cuando debería ser la adminsitración la que los impusiera. Debería saberse cuáles son los requisitos, por qué razón se dan. En la práctica, deciden los establecimientos".
Ejemplifica también con el aceite de girasol. "En ese caso había razones para limitar su venta, pero lo que se hizo sólo tuvo el efecto contrario", dice. Por eso, "En el caso del aceite de girasol había razones, pero, si existen razones para esa limitación, que sea la propia administración y las justifique y las implante. Pero no que quede en manos de los establecimientos".
Los consumidores
Maite y Ángel están de acuerdo con la medida. "Si hay un momento en el que se descontrola la situación, pues la limitación puede permitir el control del desabastecimiento", opina él. Ella lo apoya: "Al final es garantizar un reparto equitativo en el que todo el mundo puede acceder a este producto. Hay mucho miedo, la gente se lanza, desabastece y es una cadena que no tiene sentido".
Sobre cómo afectará esta medida a la inflación de los precios, Ángel piensa que esta no se marchará pase lo que pase, "y más en momentos de crisis como en los que nos encontramos. Supongo que esto afectará, pero como cualquier otra medida".
Jorge, por su parte, se pregunta a qué punto va a llegar la inflación. "Es una vergüenza que haya subido un 9,8% en tan solo un año. Vamos a ver quién lo aguanta".
Sobre la posibilidad de los supermercados de impedir en algunos casos la compra de ciertos productos, es crítico. "Yo es que después de que el Gobierno haya prohibido y el Constitucional le haya tirado para atrás... No sé quién es el Gobierno para decirme qué debo comprar o no. Pienso que es el ciudadano el que debe decidir. Si en un momento dado el ciudadano hace acopio, entre otras cosas, es porque desconfía del Gobierno".
Piensa este ciudadano que esta medida "no va a ningún lado". "Yo no lo hago porque no tengo esa paranoia, pero la situación que vivimos con el papel higiénico, que era una cosa grotesca, pues bueno... Pero de ahí a que puedan prohíbir que se haga acopio...".