Valencia sigue conmocionada por el terrible crimen de Sueca que ha acabado con la vida de Jordi, el menor asesinado a cuchilladas por su padre tras celebrar su 11 cumpleaños. Los investigadores creen que José Antonio, un hombre de 47 años, aprovechó que su hijo estaba en casa para acabar con su vida y hacer el mayor daño posible a su exmujer.
El arma que habría utilizado el hombre para perpetrar el crimen habría sido un cuchillo de cocina. El menor era el único hijo que tenía el matrimonio y su padre pasará este miércoles a disposición judicial, según ha confirmado la Guardia Civil.
Pese a que había sido condenado por violencia de género en agosto de 2021, un juzgado de Familia acordó la custodia compartida del menor un mes más trade, en septiembre, porque nadie advirtió de la existencia de un procedimiento penal anterior.
José Antonio es el auténtico responsable de la muerte de su hijo, pero en las últimas horas se ha cuestionado el papel la justicia en este caso y si la falta de comunicación entre juzgados ha influido en el fatal desenlace. Incluso la secretaria de Estado de Igualad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, ha afirmado que la justicia no ha sido suficientemente diligente o efectiva.
Lo cierto es que no se trata de un problema puntual de cordinación, sino que en España no existe una interconexión entre sistemas y juzgados, pues no hay alarmas de este tipo. El sistema no ha fallado porque en realidad no se prevé dicha comunicación. Los operadores jurídicos llevan años reclamando más inversión en la modernización de la justicia para evitar estas situaciones, sin éxito hasta el momento.
"No hay coordinación entre los juzgados que, de forma automática permita conocer esa información. Si se hubiera sabido por el juzgado que dictó la sentencia de divorcio, no hubiera podido aprobarse el convenio, porque la sentencia penal previa hubiera condicionado a la civil", explica el penalista valenciano Juan Molpeceres.
Al no existir comunicación entre juzgados, muchos menos entre los de Civil y Penal, el juzgado de Familia dictó una resolución contradictoria y permitió las visitas. Igualmente, los abogados de los padres no comunicaron esta circunstancia.
"Podemos hacer elucubraciones, como así se han hecho, sobre lo que podría haber sucedido si se hubiera actuado de otra forma. Podemos, aunque no debemos, hacer juicios de valor sobre la actuación de unos y otros", razona Molpeceres. "Pero hay una cosa que yo, desde la perspectiva legal, y también moral, tengo claro: el único culpable de la muerte de Jordi es su asesino", subraya este abogado.
Este martes, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha indicado que en estos momentos "la investigación está en curso" para "esclarecer que es lo que ha sucedido en toda la cadena". Una vez finalice "se llevará a cabo una reunión en la que se estudiará las conclusiones de esa investigación que analizará en qué se ha fallado".
Minuto de silencio celebrado este martes en la Delegación del Gobierno.
En ese sentido, Calero cree que es necesario "analizar los procedimientos para mejorar, ver dónde están los fallos y tratar de solucionarlos". Además, ha reprochado "la falta de coordinación" en la Justicia.
Mientras, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, reconoció que este tipo de casos "no puede volver a ocurrir".
Desde el Observatorio han propuesto que se establezca un sistema de alertas en los sistemas procesales para que todos los juzgados de familia conozcan cuando una mujer ha denunciado y tiene una sentencia condenatoria, porque en estos casos están obligados a suspender el régimen de visitas a los menores.
Es una de las cuestiones que reconoce la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que modificó el artículo 544 Ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas "cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido" con la violencia de género.
"Se ha elaborado una ley que anula un régimen de visitas cuando el padre es un maltratador, pero nadie ha caído en que no se ha establecido ni discutido cómo se va a comunicar esta circunstancia a los juzgados de Familia", explican fuentes de la Fiscalía de Valencia consultadas por este periódico.
Así, la ley descarga en los progenitores la responsabilidad de comunicar estos hechos al juzgado de Familia. Por ello, el Observatorio ha solicitado "la integración informática de estos casos se haga de manera inmediata y cuanto antes".