El juez Escalonilla, bestia negra de Podemos: de ayudar a Vox en Neurona a imputar a las niñeras

En España solemos llamar juez estrella a los magistrados que tienen un especial interés —a veces excesivo— en salir en los periódicos, pregonar su discurso en las revistas y utilizar su imagen en televisión para afianzar sus sentencias. Animales mediáticos con toga y martillo, eligen saltar a la palestra en cuanto los focos captan uno de sus casos. Son pocos, pero conocidos.

En este caso, el encargado del Juzgado número 42 de Madrid es todo lo contrario. Juan José Escalonilla lleva 26 años al frente de algunos de los casos más sonados de nuestra historia reciente, algunos de ellos con una proyección mediática que, de haberlo querido, le hubiesen catapultado al estrellato. Decidió que no. Más de un cuarto de siglo después sigue siendo un extraño para los fotógrafos.

Si su nombre les suena medianamente conocido, no ha sido por decisión propia, sino por ser el juez del caso Neurona, el que ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido y el que, más recientemente, ha citado a declarar como investigada a Gara Santana, exjefa de prensa de la formación y presunta niñera de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. En los últimos años, se ha convertido en el azote de los morados.

No siempre fue así. Comenzó su carrera como juez instructor en Manzanares, un municipio de menos de 20.000 habitantes en la provincia de Ciudad Real, en el Juzgado de Primera Instancia número 1. Permaneció allí seis años, hasta 2002, cuando pasó al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcalá de Henares (Madrid); estuvo dos años y lo mandaron a Collado Villalba en 2004. A partir de entonces, empezó la ascensión; primero en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid y, finalmente, en 2015, al número 42 donde aún sigue a día de hoy.

En los últimos años, dependiendo a quién se le pregunte, hablar de Escalonilla es hablar de la presunta persecución judicial de Podemos, partido al que ha dirigido sus últimas investigaciones desde 2019. Le acusan, precisamente, de lawfare (guerra jurídica) y de haber abierto una investigación prospectiva, "a ver qué sale". Previamente, lo poco que se sabía del juez de moda es que había fallado en contra de la alcaldesa Manuela Carmena por los chats policiales que pedían su cabeza. En definitiva, un azote de la izquierda. No siempre fue así.

Los primeros casos

Su nombre apareció por primera vez en los medios el 9 de enero de 2009. Entonces fueron las revistas del corazón las que hablaban de un joven juez que condenó al Grupo Zeta a pagar 310.000 a Elsa Pataky. La razón fue la publicación de un reportaje fotográfico en la portada de Interviú, que mostraba a la actriz en topless durante una sesión que Pataky había rodado con la revista Elle en el hotel Paraíso de la Bonita en Cancún (México). Al año siguiente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la decisión del juez y absolvió a la revista.

Otra sentencia no menos polémica fue la que en enero de 2010 firmó en contra de Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela. Entonces, Escalonilla condenó a la entonces heredera del último premio Nobel de Literatura español a repartir 5,2 millones con el hijo de éste, Camilo José Cela Conde, quien le llevó a los tribunales. Así, Escalonilla dictó que el escritor, su fundación y su mujer habían creado un entramado de empresas pantalla para burlar la herencia del único vástago del autor de La colmena. Finalmente, ella fue absuelta en 2019.

Por aquellos años Escalonilla ya se estaba empezando a hacer un nombre entre los juzgados de Madrid, no tanto así en los medios de comunicación que no conseguían una foto de su cara ni una palabra más alta que la otra. Entonces, en el año 2017, saltó a los medios internacionales por uno de sus primeros casos políticos, pero no precisamente contra la izquierda.

Escalonilla llamó a declarar como imputado a César Acuña Peralta, excandidato presidencial a Perú y líder del partido Alianza para el Progreso, por el presunto plagio de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Eran los meses de las elecciones y sobra decir que el requerimiento no sentó bien a su campaña electoral, sobre todo cuando el propio juez había archivado la causa meses antes.

Aunque el candidato negó las acusaciones, la UCM y la Universidad de Lima -con otra tesis presuntamente plagiada- abrieron investigaciones en su contra. En medio del escándalo, también fue acusado de plagiar su libro Política educativa, que habría escrito un exprofesor suyo.

En la política española

Tras el polémico requerimiento al peruano, lo siguiente que se supo es que Escalonilla había dirigido su mirada a otro político, pero esta vez español. Se trataba de Javier Rodrigo de Santos, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. El magistrado le procesó en 2017 por siete delitos de violación y otros dos de agresión sexual contra, al menos, dos presos en situación de semilibertad de la ONG Horizontes Abiertos en la que trabajaba.

La investigación sospechaba que el expolítico, retirado de la vida pública desde que en 2008 fue cazado gastando 50.000 euros de la Visa municipal en servicios de prostitución masculina, habría aprovechado su posición en la ONG católica para coaccionar a los internos a tener relaciones sexuales con él. Las dos víctimas, en régimen de semilibertad, se sintieron amenazadas de que, de negarse, Rodrigo de Santos informase en contra de su reinserción. Entonces llegó, de verdad, el primer caso mediático.

Ocurrió en abril de 2018. Escalonilla archivó el caso de los chats en que policías municipales de Madrid amenazaban a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. En la conversación se decían cosas como que Adolf Hitler hacía las cosas bien, que la exregidora era una "hija de la gran puta, roja de mierda, mal parida" o que "lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros".

Entonces, Escalonilla concluyó que no había discurso de odio porque los comentarios no eran sobre ningún colectivo, grupo o personas determinadas. Ya entonces, CCOO acusó al juez de sentenciar según su ideología, la misma crítica que ahora defiende Podemos durante el caso Neurona, en el que ha imputado al partido.

En la mira de Podemos

"Admitió la denuncia sólo con testificales", recuerda a este diario una fuente próxima al equipo legal de los morados. "La única documentación que presentó Calvente [el abogado que inició el caso] son los contratos legales firmados con los proveedores". Para más inri, la misma persona recuerda que el propio juez ha aceptado en el caso a Vox como acusación popular "en una declaración de intenciones [...] por afinidad política". "Ni siquiera les pidió la fianza, que existe para limitar el número de miembros en la acusación, lo que es totalmente irregular", según el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según Podemos, las últimas decisiones del juez contra el partido morado vienen encauzadas por sus amistades. "Es muy amigo de Eduardo de Urbano Castrillo, el juez que condenó a Isa Serra", recuerdan. Este exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en excedencia desde septiembre de 2021 para trabajar en el despacho Kepler Karst, también fue el responsable de permitir la circulación del autobús tránsfobo de HazteOír en 2017 y el cartel xenófobo de Vox en 2021.

El partido recuerda que Escalonilla también era "un viejo conocido de la policía política del PP", en referencia a las brigadas creadas en época del exministro Fernández Díaz, hoy imputado, para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción del PP y la persecución de los adversarios políticos. El hombre de confianza del juez, en este caso, es el inspector Pedro Agudo, exjefe de gabinete del director general de la Policía en aquella época, Ignacio Cosidó.