El periodista Pablo González está a nueve días de cumplir 40 años. Si nada cambia, celebrará la efeméride entre las rejas de una prisión polaca. No habrá llamada de felicitación ni de su mujer Oihana, ni de ninguno de sus tres hijos. Tampoco de sus padres. Ni siquiera de su abogado. Este lunes cumplió 50 días incomunicado en la cárcel de Rzeszów (Polonia), tras ser acusado de ser un espía ruso. 50 días en los que solo ha recibido dos visitas del cónsul español en ese país, quien certificó que se encontraba en buen estado físico y anímico. Las visitas se produjeron el 7 de marzo y el 2 de abril. 17 días después de la última, no se sabe nada de él.
El pasado 23 de marzo, su familia recibió la comunicación oficial de la Fiscalía polaca de que Pablo estará en prisión provisional, por lo menos, hasta el 29 de mayo. La situación podría alargarse otros tres meses. Seis en total. Si le terminan condenando, podría pasar hasta 10 años en la cárcel.
En este tiempo, su abogado, el chileno Gonzalo Boye, no ha recibido ni siquiera el expediente de su defendido. Solo sabe que se le acusa de espionaje por lo que ha publicado la prensa y por los tuits de la propia Fiscalía polaca y de su servicio secreto.
"Todo lo que sabemos, lo sabemos por la prensa y por los tuits de la Fiscalía y del servicio secreto. Estamos en una situación completamente anómala, porque en un país de la Unión Europea, que una detención provisional se alargue 50 días es que se ha alargado 50 días de más", se queja Boye, en conversación con este periódico. "En un contexto bélico como este, y con la relevancia que ha tomado Polonia en su apoyo a Ucrania, nadie quiere decirle nada a Polonia".
Porque en la niebla de la guerra también se ven atrapados los periodistas y es en esa incertidumbre donde se ha quedado la causa de González. El periodista fue detenido el 28 de febrero, apenas cuatro días después de que se iniciase la invasión rusa a Ucrania. El servicio secreto polaco lo arrestó mientras se encontraba en la localidad fronteriza de Przemyśl, donde hacía reportajes sobre la llegada de los refugiados ucranianos en los primeros días de la guerra. Su intención era cruzar después a Ucrania a informar sobre el conflicto. En Polonia, sin embargo, le acusaron de informar para el Gobierno ruso.
Las autoridades polacas fundamentaron su acusación en que González llevaba una fotocopia de un pasaporte ruso escrito cirílico. En ese pasaporte su nombre no aparecía como Pablo González, sino como Pável Rubtsov. También le señalaron como espía por recibir regularmente ingresos en su cuenta procedentes de un banco de Moscú, y por hablar ruso con soltura. Fue solo la culminación de una concatenación de sospechas que comenzaron semanas antes, cuando la tensión entre Rusia y Ucrania iba en aumento.
La cronología
González se encontraba aquellas semanas previas documentando la situación en el Donbás. Viajaba junto a los periodistas españoles Juan Teixeira y Ricardo Marquina, con quienes compartía conductor y otros gastos. González, al igual que sus dos compañeros, es 'freelance', colaborador de medios como Gara, Público o La Sexta, y su economía no es boyante.
El 5 de febrero, González y Teixeira se encontraban en Avdiivka, en la zona controlada por Kiev dentro del óblast de Donetsk, esperando a Marquina. Este había conseguido una acreditación del Ministerio de Defensa ucraniano para desplazarse al frente. Mientras esperaban a su compañero, Teixeira y González vivieron momentos de tensión con un grupo de militares ucranianos.
"Nos pararon y le hicieron una foto del pasaporte a Pablo. Estaban tensos. Ese mismo día, Pablo recibió una llamada a su móvil del servicio secreto ucraniano, el SBU, exigiéndole que tenía que presentarse de urgencia en Kiev para un interrogatorio sobre su actividad en el país. No sabemos de dónde sacaron el número de teléfono, pero es un servicio secreto...", relata Teixeira a EL ESPAÑOL.
González, se predispuso a colaborar con las autoridades ucranianas y atendió el requerimiento. Llegó a Kiev al día siguiente con sus dos compañeros. Les dijo que si no salía de las dependencias del servicio secreto en más de 3 horas, avisasen a la embajada española. Efectivamente, el interrogatorio se alargó y Teixeira y Marquina dieron la voz de alarma. González, sin embargo, salió poco después.
Tras el interrogatorio, las autoridades locales concluyeron que González informaba con sesgo prorruso y que tenía que abandonar el país. "Se justificaron en que trabajaba para el periódico Gara y en que tenía una tarjeta de la cooperativa de crédito vasca Laboral Kutxa", según explica Teixeira. También le hicieron una copia de su teléfono móvil.
González también había cubierto la revuelta del Euromaidán en 2014 y la posterior guerra en el Donbás desde un punto de vista al cual se opone el actual gobierno de Ucrania. De hecho, en 2016, un filtración de datos reveló que el perioditsa formaba parte de una 'lista negra' de políticos, periodistas y activistas españoles que eran favorables al discurso del Kremlin. "Las listas negras sabes donde empiezan, pero nunca donde acaban", critica Boye, que relaciona que su nombre estuviese en ese listado con el origen de la situación que ahora atraviesa su cliente.
A pesar de que tenía que abandonar el país, González no recibió ningún plazo para hacerlo ni se emitió contra él una orden de expulsión por escrito. Con el avance de la guerra, se han conocido casos de periodistas extranjeros que han sido expulsados de Ucrania con un sello en el pasaporte en el que se prohíbe su entrada en los próximos 10 años, por no haber seguido las reglas que impone el Ministerio de Defensa del país para informar sobre el conflicto. Nada de eso le sucedió a González, con lo que decidió permanecer en Ucrania.
A los pocos días, sin embargo, recibió una noticia desde España: agentes del CNI habían interrogado a su mujer, a su madre y a un amigo. Les preguntaron por sus actividades en Ucrania, tras recibir información de su contraparte ucraniana tras interrogar a González en Kiev. "En ese momento le dije a Pablo que regresara. Si el servicio secreto de tu país quiere saber algo de ti, lo lógico es que te presentes para que hablen contigo sobre lo que quieran aclarar", dice Boye, que ya estaba en contacto con él desde su retención por parte del SBU.
González hizo las maletas y se reunió en Nabarniz (Vizcaya) con su mujer y sus hijos, donde residen habitualmente. El periodista mantiene, además, un apartamento en Polonia desde donde se desplaza por diferentes países del entorno exsoviético en los que está especializado.
En España transcurrieron dos semanas y nadie se puso en contacto con él. "Entendió que, al no dirigirse nadie a él, el CNI ya había investigado lo que tenía que investigar sin encontrar nada. El 24 de febrero comenzó la invasión y Pablo quiso volver a Ucrania", dice Teixeira por su parte. Así, González llegó a Polonia, donde al poco tiempo fue finalmente detenido en Przemyśl y encarcelado por espionaje en Rzeszów, a una hora de distancia.
Las grietas de la acusación
Para Boye, la acusación de espionaje no tiene ningún fundamento. El abogado recuerda que González tiene pasaporte ruso porque su padre, Alexei E. Rubstov, tiene esa nacionalidad. González nació en Moscú en 1982 con el nombre de Pável Rubtsov. Sin embargo, sus padres se divorciaron cuando era pequeño y se mudó a Bilbao en 1991 con su madre, María Elena González, de nacionalidad española. Ella le inscribió entonces en el Registro Civil con nombre español y los apellidos de la familia materna, en virtud del artículo 15 del Código Civil, tras exhibir el certificado de divorcio.
Por otro lado, los ingresos que González recibe de Moscú son remesas fijas que no alcanzan los 350 euros. Se las envía su padre de lo que obtiene del alquiler de dos pisos que tiene en propiedad en la capital rusa. "Puede parecer raro que un padre envíe dinero regularmente a un hijo de casi 40 años, pero no es nada ilegal y es una cantidad irrisoria para ser un agente pagado por la inteligencia rusa, que muy mal tendría que hacerlo para retribuir a sus espías a través de una cuenta corriente de la cual se puede seguir el rastro", asegura Boye.
El abogado también hace hincapié en que los gastos de González en Ucrania durante las tres semanas que estuvo trabajando entre enero y febrero no alcanzaron los 600 euros. "Eso te da una dimensión de los medios con los que trabajaba sobre el terreno", añade el letrado.
"Hay casos documentados en Polonia de expulsiones a acusados de espiar para Rusia. Sien el caso de Pablo hubiesen encontrado algo, ya lo hubiesen sacado, pero creo que ellos mismos se han metido en un lío del que no saben cómo salir. Confío en que la Fiscalía polaca sea más razonable que el servicio secreto, nos deje acceder a su expediente, podamos documentar su inocencia y lo liberen. En tal caso, estamos dispuestos a olvidar todo lo sucedido", concluye el abogado.
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