“Es un gato con mucha experiencia, un buen semental con numerosas camadas de 7-8 que lo avalan. Reproductor consolidado, con antecesores campeones. Me das 250 euros, dejas a la gata cuatro o cinco días, te la devuelvo y me das otros 250. Podemos negociar precio por alguna de las crías”.
Así son algunos de los anuncios de la monta ilegal de gatos en España, un caso cada vez más extendido de proxenetismo animal al alcance del bolsillo que se lo pueda permitir. Pagas la pasta, encierras a tu gata en celo con un buen semental bengalí y en unos meses uno más uno son siete. Los dueños de ellas hacen caja vendiendo los cachorros; los de ellos, convirtiendo a sus mascotas en máquinas de reproducción. Fácil, sin compromisos, sin regulación sanitaria y sin impuestos.
Es la derivación de las conocidas “montas”, típicas para cruzar animales, pero totalmente alejadas de la legalidad. Los anuncios, publicados en portales como Milanuncios, Tablondeanuncios, Wallapop y Facebook, presentan a los gatos sin nombre, sólo con raza, posando en diferentes ambientes y con una breve biografía que acredita lo buenos compañeros que son. Es una especie de Tinder felino, pero con dinero de por medio. La mayoría rondan los 200 euros, pero algunos llegan a cobrar hasta 1.000 euros por apareamiento. Cada semana con una distinta.
Además de la transacción económica, muchos propietarios prefieren llegar a otro tipo de acuerdos para dividir el precio. La forma más habitual es una rebaja con tal de que el padre (el dueño del padre) se quede con algunos cachorros, que posteriormente pondrá a la venta en las mismas plataformas y a los mismos clientes, con distintos precios según la raza del animal. Se trata de un negocio muy lucrativo de compras encubiertas y proxenetismo animal que ya ha llegado a los juzgados, pero que es difícil de perseguir.
“Casi todas las semanas”
Todo empieza con un anuncio inocente: varias fotos del semental, una descripción del contrato y una ubicación, pero todo queda ahí. Una vez se contacta con el vendedor, todas las conversaciones tienen que ser por WhatsApp o por llamada, principalmente para evadir el control de las plataformas de venta y que no sea evidente que están haciendo algo ilegal. Algunos de ellos, en conversación con EL ESPAÑOL, han confesado que llevan más de 10 años ganándose la vida prostituyendo a sus gatos.
“Acaba de cumplir dos años, pero ya lleva doce montas. Hace una casi todas las semanas”, indica una de estas personas para acreditar la “experiencia” de su gato, un scottish blue. La descripción del felino lo define como un “extraordinario reproductor muy cariñoso y activo, con varias camadas sin enfermedades”. Acto seguido, comparte un número de teléfono con el que contactar y establecer el falso contrato de cruce.
Al margen de las condiciones económicas, el proceso es el mismo entre todos los particulares: pagar un adelanto, llevar la gata en celo a casa del macho, encerrarlos en un cuarto, recogerla unos días después y pagar el resto del dinero. La mayor parte de los vendedores ofertan sus servicios desde Milanuncios, la web en la que más ofertas de este tipo se comparten, pero no tardan en pedirte que les contactes por otra vía antes de que les tumben sus publicaciones.
El 2 de junio de 2020 la directora de Patrimonio Natural de Galicia requirió a la empresa Schibsted Classified Media Spain S.L, responsable de la web, que cesara "de inmediato" la publicidad de particulares sobre ventas, crías y montas; al año siguiente, el ayuntamiento de Barcelona la multó con 250.000 euros por sus anuncios ilícitos de animales. Desde febrero de este año, la política interna ha cambiado y se encargan de eliminar manualmente o mediante filtros todos los anuncios no profesionales, pero los ilegales tardan apenas unas horas en republicarse.
En cuanto a los anuncios más antiguos, los que se escapan de la nueva política, un portavoz de la compañía aclara a este periódico que todavía quedan algunos, pero no por mucho tiempo. “Les comunicamos a finales del pasado mes de febrero de que dispondrían de un plazo prudencial para poder adaptarse y modificar sus anuncios de acuerdo a la nueva normativa de la compañía o, de lo contrario, sus anuncios serían eliminados”, indican.
Una sola ley
El problema viene de largo. España no tiene una ley de protección y bienestar animal común para todo el estado, sino que cada ordenanza depende de las comunidades autónomas. Un hombre puede comprar un collar eléctrico en la provincia de Ourense -donde es ilegal utilizarlo-, ir a cazar en León y ponérselo a su perro sin miedo a represalias. El actual anteproyecto de ley, aprobado el pasado mes de febrero, pretende establecer una ley de mínimos para todos. Uno de los puntos clave es la compraventa de animales domésticos y su explotación.
Las llamadas “montas” de animales de compañía son un fraude fiscal creciente donde existe una contraprestación económica, además del intercambio, venta o cesión ambulante de una parte de la camada. Son ilegales, pero no hay medios para combatirlas. Para empezar, todos los animales adoptados deberían estar castrados, cosa que evidentemente no pasa. Para terminar, los anunciantes deberían ser profesionales, pero tampoco lo son.
El perfil del proxeneta de animales es el siguiente: no hay perfil. Están diseminados por toda España, sin importar la legislación autonómica, y no entienden de edades ni clases sociales. Algunos se dedican exclusivamente a prostituir a sus gatos, mientras que otros simplemente los usan para arañar un extra a final de mes. Para Hacienda es un negocio a baja escala a nivel particular, pequeño por individuo, pero muy alto en su conjunto.
Proxenetismo animal
La primera denuncia por proxenetismo animal en España es reciente, de 2019, pero sentó un precedente para lo que estaba por venir -pandemia de por medio-. Rubén Pérez Sueiras, consultor de la Fondation Franz Weber, fue el primero en acuñar el término y dar voz a una realidad muy presente en las webs de anuncios y redes sociales, pero totalmente ajena a Hacienda y las leyes autonómicas.
“Puede parecer que las montas son puntuales e inocentes, pero no lo son. Hay gente ganando mucho dinero con esto, exprimiendo a los animales sin vacunar, sin garantías sanitarias ni control de ningún tipo”, precisa en conversación con este periódico. "Es un negocio floreciente a costa del bienestar de los animales, utilizados poco más que como máquinas de cría”, añade.
Las personas que se dedican a estas actividades pseudocomerciales no son profesionales y, por tanto, no cotizan ni devengan el pago de impuestos alguno como el IVA o el IRPF, cometiendo un fraude al fisco autonómico y estatal. La mayoría de los anuncios no están regulados, muchos animales no están inscritos en el núcleo zoológico y los veterinarios son incapaces de llevar un registro de las crías, muchas de las cuales terminan abandonadas o revendidas para continuar con el negocio.
“Las montas no son legales porque estás adquiriendo el animal a un precio diferente, que es la monta, y luego vender el excedente o explotarlos. Es una oferta de mercado negro en internet que sale muy barato”, explica Pérez, defensor de una ley estatal que regule todas estas actividades por igual con multas muy elevadas, aunque sean con carácter disuasorio. “Pero lo principal está en la educación y en las alianzas con las empresas que tienen capacidad de veto”, añade.
Es la misma opinión que defiende Celia Lacalle, presidenta de la ONG Abrazo Animal. La activista incide en que gran parte de los animales ofertados en los anuncios son separados de sus madres demasiado pronto y que, antes de que cumplan la edad adecuada, son utilizados como herramientas de procreación indiscriminada, lo cual les genera diversos traumas y enfermedades.
“Está muy profesionalizado y es un error pensar que se trata de un par de personas organizando montas en su salón”, empieza. “Son muchísimos particulares, y algunos de ellos tienen prácticamente fábricas de cachorros, una especie de pajareras donde sólo se dedican a tener crías, separarlas de sus madres y venderlas con cartillas falsas”, asegura.
Muchas de estas, al no estar reguladas, acaban desechadas por sus propios compradores, mucho más después de la pandemia. Las administraciones, dice, no dan abasto para paliar este problema, lastradas por empresas que reciben subvenciones como centros animalistas “pero son cerrados y no tienen ninguna vocación, sólo negocio”.
“Si lo quieres ver desde un punto de vista económico es también un problema: nos cuestan muchísimo dinero. Los animales abandonados o en situación de calle pertenecen a los ayuntamientos y eso es dinero que sale de todos nosotros. Hay que concienciar con que son un problema de todos a costa del disfrute de unos pocos”