El objetivo es, además de no ser sancionado, que cada vecino pague por lo que consume, que se ahorre energía y se consuma con más cuidado para contaminar menos. Pero con lo que no se contaba en este tránsito es con el incremento del precio del gas, que está suponiendo un cierto freno para aplicar lo estipulado en el Real Decreto 763/2020, ya en vigor. Tras un periodo de adaptación de casi dos años, las comunidades de vecinos con calefacción central tienen que tener contadores individuales de manera obligatoria y da un plazo de tiempo que ahora se agota para determinadas zonas de España.
La cuenta atrás comenzó en agosto de 2020. Queda menos un mes -el próximo 1 de mayo- para que entre en vigor esa norma para las provincias de Burgos, Ávila, León y Soria, que son las más frías del país.
Pero en estos días las comunidades de vecinos de media España, la calificada en este decreto como zonas D, como Madrid, están manteniendo reuniones extraordinarias para proceder a adaptarse a una nueva normativa que estipula que deben pedir presupuesto para realizar un cambio que debe estar ejecutado en octubre de este año.
Las únicas zonas de España que están exentas son las calificadas como A (Cádiz, Málaga, Almería e islas Canarias) y B (Huelva, Sevilla, Córdoba, Murcia, la Comunidad Valenciana y Tarragona) que son las que tienen inviernos más suaves. En total, en toda España se verán afectadas 1,6 millones de viviendas, indica Ignacio Abati, director general de Ista, la multinacional alemana que lidera en España las mediciones y facturaciones de agua, gas y otros consumos energéticos.
El trámite es sencillo: la comunidad de vecinos debe reunirse, acordar la solicitud uno o varios prepuestos, que son gratuitos, que determinen que la instalación es técnica y económicamente viable. Si es así, debe elegir uno y ejecutarlo para que todas las calderas comunitarias de edificios de viviendas, cuya instalación sea anterior a 1998 tengan un contador de calefacción individual o bien repartidores del coste de la calefacción con lectura remota en cada radiador.
Las zonas
Mapa de zonas con los plazos de adaptación según zonas geográficas.
Además, indica Ignacio Abati, una "está habiendo ya mucho movimiento en Asturias, País Vasco (zonas C) o La Rioja (zona D), que son algunas de las zonas que deben cumplir el próximo mes de octubre. Sin embargo, en Madrid (catalogada como D) "que es una zona muy importante, con unas 400.000 viviendas afectadas", y que también debe estar al día el 1 de diciembre, "se está yendo más lento de lo deseado" en cuanto a la adaptación. "En función de la zona, se está siendo más proactivo, pese al calendario", detalla a EL ESPAÑOL.
En caso de ser imposible la adaptación, la empresa acreditada emitirá un informe de exención por causas como pertenecer a las zonas A o B, en cuyo caso se determinaría que económicamente no sería rentable.
Entre las causas técnicas de exención figuran que la instalación existente sea de contadores individuales en calefacción de monotubos en serie que de servicio a más de un usuario en un mismo anillo, o que ya haya repartidores de costes en sistema de calefacción equipado con monotubos en serie, de columnas -con más un usuario por columna- así como ventiloconvectores o aerotermos.
Si la comunidad de vecinos está exenta, y excepto si se pertenece a una zona A o B, hay que presentar en la comunidad autónoma el certificado emitido por la empresa junto a una declaración responsable.
Recuperar la inversión
La valoración técnica positiva va aparejada a la necesidad de que la comunidad de propietarios recupere la inversión en menos de cuatro años. Pero el sector, para facilitar la transición, ha optado por ofrecer contadores de calefacción en régimen de alquiler como alternativa al desembolso que, para una comunidad de propietarios, tendría la adquisición del dispositivo.
"El 95% de los edificios está optando por alquilar el equipo", explica Ignacio Abati. El alquiler, abunda, "se paga con los ahorros energéticos obtenidos", que incluyen cinco o seis euros de gasto al mes, "y que incluye instalación, el dispositivo, el servicio de lecturas…".
Este régimen, el de alquiler, está siendo más exitoso que los 140-150 euros por vivienda que supone adquirir el equipo. "Trae cuenta porque no hay que hacer ninguna inversión" y cada comunidad de propietarios, que es el cliente, "paga con los ahorros obtenidos".
Obviamente, las compañías de medición del gas son las que asumen la inversión, a cambio de que la comunidad de vecinos firme un contrato de servicios más largo, y que incluyen las mediciones cada dos meses o un mes, para que puedan recuperar la inversión.
Instalación rápida
Una vez firmado el contrato, la instalación es casi inmediata. "Dura menos de una media hora". Una vivienda media puede tener entre 6 o 7 radiadores, en los que se le colocan repartidores del coste de la calefacción. La compañía Ista calcula que el ahorro energético supone "un 20 o 25% del consumo", que se traduce en "al menos unos dieciocho euros" por factura.
La opción más exitosa es el alquiler de los repartidores de coste de la calefacción en cada radiador.
El ahorro y la disminución de los consumos son el eje de esta medida. ¿Y si un vecino se niega a instalar? No se libra: la normativa indica que tendrá que pagar según la mayor ratio de consumo de los calculados entre sus vecinos de ese edificio.
La norma entiende, según explica el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que quien no quiere instalar los dispositivos de medición "es porque no tiene ninguna intención de ahorrar, y por tanto se le penaliza haciéndole pagar como el vecino de su edificio que más paga".
Los administradores de fincas detallan a EL ESPAÑOL que ahora están "saturados de reuniones" en las comunidades de vecinos para debatir y dar el salto. "Pero no está habiendo un término medio en el proceso de adaptación".
El presidente de CGCAFE , Salvador Díaz Lloris, explica que el trámite es que la comunidad de vecinos pida un informe de viabilidad, seguido de una valoración económica para ver si es posible recuperar la inversión realizada en 4 años. "Si es así, y votan a favor, se elige presupuesto. Pero nos estamos encontrando que a algunos cuesta convencerles, son gente mayor… aunque finalmente será la imposición legal la que los convenza".
Vorágine de solicitudes
Efectivamente, se están produciendo retrasos y por varios motivos. "Muchos lo han pospuesto y ahora hay una vorágine de solicitudes". El primer factor fue la ola de ómicron en diciembre, enero y febrero, "que pospuso cualquier reunión de vecinos", incide Díaz Lloris.
El segundo, el elevado coste del gas, y que las comunidades de vecinos no se puedan acoger al mercado regulado, han provocado "que haya habido comunidades en las que cada vecino ha debido abonar derramas de entre 500 y 900 euros" para abonar las facturas de la calefacción.
Estos dos motivos han pospuesto en algunos casos que la toma de decisiones se posponga a junio e incluso que muchos "se arriesguen a pasarse del plazo", cuenta el presidente del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España
Las multas por incumplir esta normativa oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, y serán las comunidades autónomas las encargadas de inspeccionar y sancionar. El titular, bien la comunidad de propietarios o el dueño del edificio son los responsables en los que recaerían las sanciones administrativas.