Así se deciden las 'salidas' en las que se han fugado dos presos en una semana: "Nadie correrá a por ellos"

En España no existe una estadística oficial reciente sobre este tipo de fugas o “quebrantamientos de confianza”, como las denomina eufemísticamente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero la sensación entre los funcionarios de prisiones es que, en los últimos años, han aumentado. Estos dos últimos casos no son una excepción, sino que forman parte de un inquietante goteo de noticias de este tipo de las que responsabilizan directamente a las “políticas laxas” del organismo que dirige Ángel Luis Ortiz.

“Estamos instalados en una política penitenciaria 'buenista' que penaliza al funcionario y nadie asume responsabilidades”, dice Jorge Vilas, presidente del área de Prisiones del sindicato CSIF. “No es responsabilidad del funcionario de prisiones que estos presos se escapen, porque la mayoría de visitas no están gestionadas por ellos, sino por personal de ONGs que no conocen tanto a los internos”, añade.

EL ESPAÑOL ha hablado con un funcionario que fue secretario de la Junta de Tratamiento en el Centro Penitenciario Sevilla II, donde el lunes pasado se produjo una de las fugas. La Junta de Tratamiento es el órgano dentro de la prisión que diseña todas las “actividades tratamentales” y selecciona a los internos para las mismas. Esas actividades incluyen talleres de formación, deporte, o las propias “salidas terapéuticas” como en las que se produjeron las evasiones.

“Las salidas pueden ser al cine, a un museo, a dar un paseo por el campo, a la playa, al centro comercial… Se integran dentro de la política penitenciaria que tenemos en España, que está enfocada, desde el primer momento, a la reinserción del preso en la sociedad. Estas salidas las definimos en las Juntas de Tratamiento con un equipo de funcionarios, juristas, psicólogos y trabajadores sociales. También elegimos a quienes participan en ellas”, explica Juan Ramón (nombre ficticio).

El funcionario dice que los presos tienen que cumplir unos requisitos para poder participar en las salidas. Por ejemplo, tienen que haber cumplido un cuarto de su condena, no haber tenido malas conductas, no acarrear sanciones dentro de la prisión y estar clasificados en el segundo o tercer grado. Según Juan Ramón, el proceso es riguroso, pero no infalible, porque “es común que los presos se comporten de una forma dentro, fingiendo que son buenos candidatos a dar un paseo, cuando en realidad sus intenciones son otras”.

Proceso de selección

El proceso de selección de los internos que pueden salir no termina ahí. Antes de producirse la salida, se envía toda la información sobre la actividad y los nombres de los participantes a la Secretaría General de Madrid, la cual tiene que dar el visto bueno. “Nunca rechazan una salida. Ellos no conocen el expediente de los presos, con lo que casi siempre dicen que sí. Es una forma de cumplir con un protocolo informativo”, añade el funcionario.

Una vez se da luz verde desde Instituciones Penitenciarias, las salidas pasan por la autorización de un juez de vigilancia. Cuando han pasado todos los filtros, las  visitas las llevan a cabo funcionarios como el propio Juan Ramón, que ha participado en varias de ellas. También les acompaña personal externo -sobre todo de ONGs- como psicólogos o trabajadores sociales. Pero no van con ellos policías ni personal de vigilancia, por extraño que parezca.

En un caso como el de la visita al museo en Madrid o el paseo en Sevilla, el personal de prisiones no está preparado ni tiene la responsabilidad para evitar un intento de fuga. El funcionario de prisiones lo explica así: “Si alguien se escapa, nadie saldrá a correr detrás de él. Nosotros no tenemos la función de vigilar a los internos. Lo máximo que podemos hacer es llamar al Centro Penitenciario y ellos que avisen a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Si alguien se escapa dentro de la cárcel, se nos cae el pelo, pero estas actividades no son nuestra responsabilidad, más que el diseñarlas”.

Cuando se producen estas fugas, las acusaciones se cruzan entre los funcionarios y la Secretaría General. “Es Madrid quien lo autoriza, y también un juez de vigilancia”, dice Juan Ramón. Del otro lado, desde la institución les “tiran las orejas” y “se lavan las manos”, lamenta el funcionario. Para él, en la línea que expresan los colectivos de trabajadores públicos de prisiones, la solución pasa por una inversión en más personal.

“La política penitenciaria es la que es y no la vamos a cambiar. Cada vez nos piden más actividades tratamentales y se refuerza la política de reinserción. Lo que hace falta para cumplir con estas expectativas son más medios. Ahora tenemos tres psicólogos por cada 1.500 presos. Con esta precariedad, es posible que no se evalúen correctamente las listas de internos que participan en estas actividades, que no se seleccione con todo el rigor que es necesario”, concluye Juan Ramón.