La Audiencia provincial de Valencia juzgará la próxima semana a una mujer, de 21 años y sin antecedentes penales, acusada de participar en los altercados registrados en Valencia en febrero de 2021 contra la encarcelación del rapero Pablo Hasél.
La Fiscalía pide penas que suman seis años de prisión para la acusada: dos años por un supuesto delito de desórdenes públicos y cuatro años más por atentar contra agentes de la Policía Nacional.
La mujer lanzó una botella contra uno de los agentes que formaba parte del dispositivo de seguridad. La joven fue detenida en las inmediaciones de la estación del Norte de Valencia, pero "se quitó lo grilletes" y logró darse a la fuga.
En la huida, otro funcionario policial resultó herido y finalmente fue arrestada y conducida al juzgado, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El juicio se celebrará el próximo martes 13 de septiembre en la sección tercera de la Audiencia.
Los actos violentos tuvieron lugar la tarde del 18 de febrero de 2021. Ese día se produjeron cargas policiales en Valencia contra manifestantes que rompieron las barreras policiales y unas trescientas personas se congregaron en la plaza de San Agustín para defender la puesta en libertad del rapero.
Los organizadores comunicaron a la Delegación del Gobierno la celebración de una concentración y se desarrolló sin incidentes. Pero al finalizar, un grupo de asistentes decidió emprender una marcha por su cuenta.
"A partir de las 19:30 horas un grupo numeroso de los congregados pretendió convertir la concentración en una manifestación, lo que llevó a los mandos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) presentes a intentar pactar con los responsables un itinerario", explica la Fiscalía en su escrito.
Sin embargo, "ello no fue posible porque dicho grupo, lejos de iniciar tal interlocución con los policías, comenzó a empujarles y golpearles dando lugar a un enfrentamiento que causó que el grupo se escindiese en otros menores que se esparcieron por las calles adyacentes (Guillén de Castro, Xàtiva, San Vicente o Jesús, entre otras)".
A partir de aquí, la Policía activó un "dispositivo expansivo" para contener a los asistentes. Las imágenes captadas en el momento e incluidas en la causa muestran cómo los agentes antidisturbios avanzaron en carrera hacia los manifestantes para detener su desplazamiento.
Estos "otros grupos causaron desperfectos e interrupciones de la circulación, especialmente volcando motocicletas estacionadas e incendiando contenedores de los repartidos por la vía pública".
Sobre las 20:15 horas, continúa el ministerio público, "uno de tales grupos escindidos de la inicial concentración se hallaba junto a unos contenedores parapetados a modo de barricada" para cortar el centro.
La acusada formaba parte de dicho grupo, según ha concluido la Fiscalía. Al observar que bajaba un agente de su vehículo policial, "le lanzó una botella que acababa de coger del contenedor, impactándole en la entrepierna derecha".
La Policía persiguió a la joven hasta "las inmediaciones de la estación de Renfe, donde, una vez en el aparcamiento, se procedió a la detención de la acusada, quien no obstante logró quitarse los grilletes y darse a la fuga, tratando de ser interceptada" por otro policía que resultó herido en el brazo.
A petición del Ministerio Fiscal, la investigación se dividió en varias piezas separadas para agilizar la celebración del juicio. Esta es la primera que llega a la Audiencia de Valencia para ser juzgada. Al menos 11 funcionarios policiales constan como denunciantes y hay 8 personas investigadas.
El dispositivo policial fue muy criticado por la izquierda valenciana.
El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, calificó el "desproporcionada" la actuación de las unidades policiales y advirtió que estos dispositivos generan "crispación social de forma gratuita". Mientras, la vicealcaldesa portavoz socialista, Sandra Gómez, pidió a la Policía Nacional una investigación interna y que se depuraran responsabilidades.
El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, se unió a las críticas y la coalición denunció la agresión por parte de un agente a su diputado autonómico, Carles Esteve.