Rafael Martínez y María Dolores Hernández, un matrimonio de la localidad valenciana de Requena, se ha querellado contra la psiquiatra y la psicóloga que trataban a su hija, Isabel Martínez. La menor, enferma de anorexia y bulimia, se suicidó el pasado 28 de mayo, dos días antes de cumplir 17 años. Y la familia acusa a las facultativas de homicidio imprudente grave "por no hacer nada para evitarlo".
"Sabían que iba a hacerlo y no hicieron nada", asevera el padre de la joven a EL ESPAÑOL. La acusación solicita para las profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Requena hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación, así como una cantidad por responsabilidad civil de 186.000 euros.
La querella que han presentado acredita que ambas conocían las ideas suicidas de la chica. La misma aporta multitud de partes médicos con sus anotaciones al respecto. Entre ellos, destaca el elaborado por la psiquiatra tras entrevistarse con Isabel por última vez, tan solo tres días antes de que se suicidara. Su relato es sobrecogedor.
"Cuenta que está peor de ánimos desde hace dos semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer. Ha pensado en la sobreingesta de medicación, pero ya lo ha probado y ha visto que no lo ha conseguido. Además, ha tenido una experiencia desagradable", describe la doctora.
La misma recoge además el método exacto con el que Isabel se suicidó pocas horas después: lanzándose por el balcón. "Ha pensado en defenestrarse, pero como vive en un segundo sabe que puede hacerse mucho daño y no perecer en el intento. Y no consigue pensar en otras formas disponibles de lograrlo. Se ha realizado cortes en antebrazo y dice que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se ha atrevido", reza su propio escrito.
"¿Cómo no vamos a denunciar? Es un caso flagrante de negligencia médica", defiende Rafael Martínez, que recoge firmas en change.org "en memoria de Isabel" y "por una salud mental digna". A su juicio, las profesionales debieron solicitar el ingreso de la menor, ya que cumplía "todos los factores de riesgo y señales de alarma verbales y no verbales contenidos en la guía informativa para profesionales de la salud en materia de prevención de suicidio".
Los mismos, según enumera la querella, son "sentido de aislamiento, conflicto en las relaciones, intento de suicidio anterior, trastornos mentales, depresión actual, fatiga, consumo de marihuana, desesperanza, dolor crónico y cambios en la salud, conversaciones reiterativas sobre la muerte, cambio repentino en su conducta habitual, búsqueda de mecanismos para hacerse daño y retraimiento social".
"Mi mujer lo pidió expresamente, tal y como recogió la propia psiquiatra en su último parte", subraya Rafael. En efecto, así consta en un apartado de su escrito, titulado "entrevista con la madre".
"Está preocupada porque no es posible realizar una supervisión de las 24 horas de la conducta de Isabel, ya que en cuanto hay algún mínimo margen se escapa de casa, consume, realiza atracones y vomita", expresa la facultativa. Según su propio escrito, la madre de Isabel le trasladó "temor ante la impulsividad de la paciente y los deseos verbalizados y repetidos en torno a la muerte".
María Dolores, con su hija Isabel en la playa. EE
Rafael lamenta que la única medida adoptada tras conocer este escenario límite fue "informar a su compañera". "Me coordino con la psicóloga del paciente", concluye su informe médico.
El mencionado informe es "la prueba más flagrante", pero la querella de Rafael y María Dolores va más allá. "Aportamos varias comunicaciones que prueban la pasividad con la que trataron a la paciente. Fueron las dos únicas profesionales que la desatendieron. Antes había estado ingresada en La Fe, donde logró estabilizarse de una crisis previa. El psiquiatra y el psicólogo que la atendieron previamente lo hicieron correctamente", relata el padre.
La familia se encuentra en estos momentos a la espera de respuesta por parte de los juzgados de primera instancia e instrucción de Requena, donde su letrada, Natalia Peña, presentó la querella. No han recibido respuesta hasta la fecha, si bien el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Miguel Mínguez, manifestó que el caso se encuentra "en investigación judicial desde hace meses".
Fuentes de la Conselleria de Sanidad, preguntadas por la cuestión, matizan que el dirigente quiso transmitir que la administración era consciente de que se ha presentado una querella, pero que no le consta si la misma ha sido admitida a trámite. "Mientras eso no ocurra, la Generalitat Valenciana debería actuar. Debería haber abierto su propia investigación", reprocha Rafael.