Ignacio Aleixandre tenía 23 años cuando se convirtió en el alcalde más joven del PP en España. Es de El Palmar, una pedanía de la ciudad de Valencia situada a orillas del parque natural de la Albufera, y forma parte de una saga política surgida entre cañas, barro y arrozales.
El hijo del "faraón de El Palmar", como llaman a su padre compañeros de partido por su poder de convocatoria e influencia, apuntaba maneras en política, pero la Diputación de Valencia acaba de despedirle por abandonar su puesto de trabajo sin causa justificada, uso inadecuado del vehículo de empresa y hacer trabajos particulares en horario de oficina.
El expediente abierto considera faltas "graves" y "muy graves" el "uso de herramientas de la empresa para asuntos propios" y el presidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, ha puesto orden y comunicó el despido con fecha desde el pasado 1 de noviembre.
Al parecer, los geolocalizadores instalados en los vehículos oficiales de los que disponía le han delatado y han confirmado que no acudía con su puesto de trabajo. Los coches que utilizaba no se movían muchos días de El Palmar o el recinto que alberga el parque móvil y el joven, que ahora tiene 34 años, supuestamente no cumplía con sus obligaciones laborales.
La orden de despido, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge su "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado", y califica como falta muy grave "la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas".
Ignacio Aleixandre lo niega y asegura que la decisión responde a "una persecución política". "El supuesto abandono del puesto de trabajo se produjo por indicación de la gerencia, tengo la orden por escrito, para que buscase localizaciones y acompañase a unos periodistas extranjeros a grabar en El Palmar. En ningún caso he cometido tres faltas graves", subrayó en declaraciones a este periódico.
Aleixandre denuncia haber sido objeto de intrigas políticas y "acoso" por parte de sus superiores en la Diputación de Valencia "solo por llevar el apellido", "ser del PP y haber ido en la lista con María José Catalá", candidata popular a la Alcaldía de Valencia en las elecciones de 2019 y en las próximas de 2023.
El joven asegura que la semana que viene presentará una demanda por despido improcedente y amenaza con una denuncia por la vía penal por acoso.
Familia de alcaldes
El Palmar es el pueblo de la Albufera, un pequeño núcleo urbano que rodea el lago, está a unos 17 kilómetros de Valencia y en el que residen alrededor de un millar de personas durante todo el año.
Hoy en día, la economía local está basada fundamentalmente en el turismo y es uno de los lugares de España con más restaurantes por número de habitantes. La familia Aleixandre gestiona tres de ellos y por sus mesas han pasado los políticos más destacados del PP y la derecha regionalista valenciana.
Los Aleixandre lo han sido casi todo en El Palmar y se han valido de su influencia política para intervenir en la administración de esta pequeña comunidad durante generaciones, explican vecinos del pueblo a este periódico. Sus detractores los definen como una saga de políticos "caciques" por el dominio total que han ejercido sobre una población que durante décadas vivió fundamentalmente de la agricultura y el cultivo del arroz.
Ignacio siguió en 2011 los pasos de su bisabuelo, conocido como Vicent 'el Alemania', y se convirtió en alcalde. Su abuelo y su padre también lo habían sido. El PP arrasó en aquellas elecciones y consiguió el 77% de los sufragios. Unos días después, recibió la llamada de Rita Barberá y fue nombrado alcalde pedáneo, una figura simbólica y funciones limitadas, pero con arraigo entre los vecinos y que la alcaldesa de Valencia designaba directamente.
Con solo 23 años, se convirtió en "el alcalde más joven de España", según destacaron diversos medios locales. "Me pidió (Barberá) mucho trabajo y sacrificio. En el futuro sueño con seguir representando a El Palmar, no creo que haya nada más bonito que dedicarme a mi pueblo y mis vecinos", afirmó en una entrevista.
Su padre Vicente Aleixandre era concejal del PP en Valencia, responsable de todas las pedanías, y le entregó personalmente a su hijo la vara de mando. Militante de la Unión Valenciana (UV) de Vicente González Lizondo, un partido regionalista que acabó integrado en el PP, es un empresario valenciano que formó parte del núcleo duro del partido durante 20 años.
Política y negocios siempre han ido de la mano durante toda su carrera. En su última legislatura como concejal en Valencia, Vicente Aleixandre se vio obligado a declarar como testigo en un juicio por narcotráfico tras comprar unos campos de arroz a uno de los acusados. Aleixandre afirmó que desconocía a qué se dedicaba el vecino
Entre 2011 y 2015, padre e hijo compartieron protagonismo en la política municipal y el cargo llevó a Ignacio a rodearse de los políticos más influyentes del PP. Él estaba llamado a heredar el costumbrismo político de los Aleixandre.
Ignacio (izquierda) y Vicente (derecha) Aleixandre en una rueda de prensa.
Tras la designación como alcalde pedáneo, recibió otra llamada de Alfonso Rus, el polémico presidente del PP de Valencia detenido por el supuesto cobro de comisiones, para incorporarse a la plantilla de la empresa pública Imelsa. El gerente era Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero, y al pequeño de los Aleixandre le asignaron un puesto en el departamento de Turismo.
Imelsa ha sido uno de los máximos exponentes de la corrupción. Rus se enfrenta a 12 años de prisión por usar la empresa pública "en beneficio propio" y contratar a trabajadores "para responder a favores solicitados por terceras personas". En muchos de esos casos no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.
Investigación interna
Ignacio Aleixandre entró a trabajar en Imelsa en esta época y la Diputación de Valencia defiende que cuenta con suficientes "indicios" que constatan que no cumplía con su horario laboral ni acudía a trabajar.
En 2015 el PP perdió la Alcaldía de Valencia e Ignacio dejó de ser alcalde pedáneo, pero conservó su puesto de trabajo en Imelsa.
El pasado mes de junio, tras la liquidación definitiva de esta empresa pública, la Diputación solicitó al Servicio de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos que iniciara un procedimiento para comprobar si realmente acudía a su puesto de trabajo tras tener conocimiento de los hechos.
A continuación, se nombró un instructor del expediente y se practicaron una serie de diligencias y pruebas que "considera probados los hechos descritos en el citado expediente, y que los mismos son constitutivos de las faltas graves y muy graves", según consta en el decreto de despido.
La investigación interna constató que abandonaba con frecuencia su puesto de trabajo sin causa justificada y hacía trabajos particulares, relacionados con negocios familiares, en horario de oficina. Unas circunstancias que han supuesto una "deslealtad" y "abuso de confianza" en los trabajos encomendados durante los últimos años, insisten desde la institución provincial.
Aleixandre no presentó ninguna alegación al expediente y ahora asegura que ha recibido presiones para dejar el PP a cambio de mantener su puesto de trabajo en la Diputación.
"Me han dicho que esto se puede arreglar siempre que no vaya en la candidatura del PP en las próximas elecciones, pero yo no tengo que arreglar nada. No me va a manchar nadie mi honor ni mi dignidad, se han portado muy mal conmigo por el hecho de formar parte de otro partido político", defiende.