El drama de Evarista y los 52 desalojados por la línea 7B de Metro: sin casa y sin solución a sus 94 años

Faltaba una hora para que dieran las 5,30 de la tarde y que Evarista, de 94 años, saliera del centro de día. En ese momento, su hija Paula, de 61, introducía la llave en la cerradura de la puerta de la casa en la que conviven desde hace 9, en la Plaza del Trébol de San Fernando de Henares. Paula forcejeaba. Porque la llave giraba, pero la puerta no abría. Ni a empujones, ni tirando hacia atrás, ni siguiendo cualquier tipo de truco conocido que guarde la apertura de una casa en la se lleva viviendo 39 años. 

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Llamó a un cerrajero. Pero que ni su puerta, ni la de la vecina del entresuelo no abrieran a la misma hora encendió la luz de alarma de Paula y de su hija, Lorena. La nieta de Evarista ya se temió lo que ocurría: lo mismo que a otros muchos antiguos vecinos, y por eso acabó telefoneando a la Policía Local. Los agentes acudieron ya acompañados de una dotación de bomberos. "Es que no sabíamos a quién acudir", cuenta Lorena a EL ESPAÑOL.

Los guiones, novelas y cuentos suelen seguir una norma que los dividen en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. Es así porque con este patrón cualquier historia ofrece un entorno seguro, una estructura sólida, que garantiza el éxito narrativo. En San Fernando de Henares, los últimos vecinos afectados en esta historia no tienen una estructura sólida ni bajo sus pies.

Son Evarista, Paula y otros 52 más, vecinos todos de la Plaza del Trébol. Fueron desalojados por la aparición de fallos de estructura y grietas en sus casas. Salieron con lo puesto en mitad de la noche, con el tiempo justo para coger medicinas y poco más, y realojados por la Comunidad de Madrid en el hostal Goyma. ¿Sus casas? Precintadas por riesgo de derrumbe.

Cuatro ancianas, tapadas con mantas, durante el desalojo de sus casas este martes. E.E.

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En San Fernando de Henares llevan desde 2017 con el planteamiento y el nudo, no le ven ni el desenlace ni mucho menos el éxito. En el subsuelo hay un personaje más, aunque es un protagonista sin diálogo. Se trata de la Línea 7B del Metro de Madrid, operativa desde 2007 y en obras. Desde hace meses la Comunidad de Madrid trabaja sellando con hormigón el subsuelo que separa el suburbano de las viviendas para evitar la desestabilización de las construcciones.

A los 52 vecinos desalojados el martes por la noche les han ofrecido irse a hostales y hoteles. Aunque Evarista y a Paula, como otros afectados, están en casa de familiares. Cuenta Lorena que lo han decidido así "porque mi abuela Evarista, aunque tiene la cabeza muy bien, se desorienta, y mi casa la conoce". Ante la situación, los afectados han pedido que se paralicen las obras de inyección de materiales para estabilizar el terreno, "porque es cuando las casas se mueven más", pero les han dicho que las obras no van a parar.

En total, hay una veintena de calles afectadas y hasta este martes, 112 familias fuera de sus casas, 27 viviendas derribadas por riesgo de derrumbe, y 5 locales comerciales también víctimas de la piqueta en aras de la seguridad. "Tiene orden de derribo otras 24 viviendas más. Y hay afectadas, con grietas y daños, otras 600 viviendas", cuenta Juan Fuentes a EL ESPAÑOL.

Juan es de los que puede contar toda la historia en el planteamiento y el nudo, porque los vivió en primera persona. Es el es presidente de la plataforma de vecinos afectados y de los pioneros en sufrir el problema en la localidad. Tuvo que abandonar su casa en 2021. Antes, se pasó meses escuchando por las noches "el crujir de las paredes y la aparición de grietas que antes no existían".

Como un concurso

"Nos dieron media hora para abandonar la casa, como en un concurso televisivo. El tiempo justo para coger el seguro, las escrituras y escasos enseres", detalla a EL ESPAÑOL. Su vivienda fue derribada el 17 de mayo de 2022. Fue realojado, junto con otras 24 familias, en un apartotel que la Comunidad de Madrid abonó hasta septiembre de 2022. 

A partir de entonces se les ofreció una ayuda al alquiler por 798 euros mensuales que ya ha acabado. "Teniendo en cuenta que muchos afectados eran pensionistas, viudas o desempleados, que hay poca vivienda de alquiler y que debían estar amuebladas, aquella primera hornada, excepto 10, viven alojados en casas de familiares o en pueblos cercanos a la Comunidad de Madrid". 

Una de las grietas, en una de las decenas de viviendas afectadas. E.E.

En el nudo se encuentra Nacho Rabadadán. A su mujer le dijo un día que su hijo Iván dormía muchisimo los fines de semana, cuando se iban al pueblo. "Eva, algo le pasa a Iván que no se levanta", recuerda que le dijo. "Hasta que nos dimos cuenta de que entre semana no dormía, por el miedo a que se cayera la casa", narra a este periódico.

Su vivienda, en el número 15 de la calle La Presa, está afectada, pero hasta el momento no se le han ofrecido soluciones. El bloque colindante, el 17, está desalojado y ya tiene la orden de derribo. Teme que la demolición de la finca acabe de darle la puntilla a su casa, "porque ya ha ocurrido en otros derribos". Sostiene que con el miedo, la incertidumbre y el ruido de las obras de 7 de la mañana a 8 de la tarde, tras una valla de chapa de más de 40 metros, "es imposible conciliar la vida familiar, el estudio de los niños..."

Las indemnizaciones

La Comunidad aprobó el pasado 21 de diciembre una partida de más de 7 millones de euros para indemnizar a las primeras 72 familias afectadas por las obras de la línea 7B de Metro, entre ellos, a Juan Fuentes. La cifra cubrirá el valor del inmueble, el mobiliario, "el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, al que se le añade, además, el índice de garantía de la competitividad con el objetivo de poder ofrecer a las familias la máxima compensación posible con el que poder ayudarles a rehacer sus vidas", según detalló el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez. 

Las indemnizaciones podrán empezarlas a cobrar antes de que culmine el primer trimestre de 2023. Cada núcleo familiar recibirá entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros. Dado el reciente desalojo, habrá que aprobar una nueva partida presupuestaria.