La lucha de Mario Costeja, el abogado gallego que doblegó a Google y propició la creación del llamado 'derecho al olvido', ha derivado también en una pequeña industria. Se trata de las empresas especializadas en lograr que el borrado digital se lleve a la práctica. Una de ellas es la valenciana Honoralia, que tiene en los políticos y los actores porno a sus principales clientes.
"Son los que más nos lo piden", relata a EL ESPAÑOL Javier Franch, abogado y CEO de la firma. Según detalla, "muchos de los clientes relacionados con la política no eran representantes de primer nivel". "Hay de todo, pero trabajamos mucho para perfiles poco conocidos. A veces personas que han sido condenadas y aparecen con su nombre por un asunto que no es especialmente relevante a nivel informativo", expone.
En otros casos, "son simplemente personas que concurrieron en una lista electoral y ni siquiera obtuvieron representación". "Con el paso del tiempo consideran que puede perjudicarles profesionalmente su vinculación a un partido político para el que ni siquiera ejercieron", cuenta.
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"Los perfiles son muy dispares. Gente a la que se acusó de una cosa y quedó en nada, o justo el caso contrario: condenados que ya han cumplido su pena, pero que fue hace años y tienen derecho también a no aparecer en Internet", desglosa.
Según Franch, "a partir de los 5 o 6 años las noticias pueden considerarse obsoletas, aunque Google parte de los 15 años como mínimo". "Todo depende de los protagonistas. Con alguien muy relevante sí puede prevalecer el interés informativo pasado el tiempo", destaca.
Por lo que respecta al mundo de la pornografía, los perfiles sí son más uniformes. "Nos contratan actores porno. La inmensa mayoría no se arrepiente de haberse dedicado a la pornografía, pero sí opta por retirar las imágenes cuando llegan a una etapa de su vida con una pareja ajena a ese mundo y familia", explica Franch.
Los servidores porno
¿Y cómo se elimina un vídeo pornográfico de internet? Según el CEO de Honoralia, se trata de algo "bastante más complicado". "En el caso de las noticias, podemos instar a los periódicos a que despubliquen el contenido. Pero con los vídeos eróticos el interlocutor no está tan claro. Muchas webs están alojadas en servidores de Europa del este y replicados en distintas páginas", detalla.
"En estos casos, resulta mucho más efectivo acudir directamente a Google para que desindexe el contenido y que deje de aparecer en el buscador", contrapone.
¿Y Google accede? "Si se hace bien, y nosotros estamos especializados en lograrlo cuando se reúnen las condiciones, han de atender la reclamación, porque la ley nos ampara. Además, es que hay veces en las que la difusión del vídeo es un delito, porque son grabaciones personales que han acabado en internet sin el consentimiento de los protagonistas", advierte.
Según cuenta Javier Franch, el porcentaje de éxito de Honoralia "está por encima del 85%". "La clave es reclamar solo lo que podemos lograr. Nos han llegado clientes que querían borrar una información publicada hace dos días y les hemos tenido que decir que no era posible. Eso solo ocurre con determinados casos sobreseídos", expone
El coste del servicio "parte de una media de 150 euros por enlace". "Pero hay casos de clientes que tienen hasta 750 enlaces publicados, y eso sería un dineral. Ante situaciones así podemos contabilizarlo por responsable de publicación, editor, u ofrecer facilidades de pago para que puedan acceder al servicio", detalla.
Honoralia, que inició su andadura con la marca Te Borramos, ofrece además otros servicios para "mejorar la reputación online", que consisten en la creación de contenidos positivos y en el posicionamiento de los mismos. Su volumen de negocio asciende a los 700.000 euros anuales. En España, la compañía compite con otras firmas como RepScan o Eliminalia.
"Afortunadamente, hoy existen normativas y leyes que protegen a los ciudadanos. Y, por suerte, hoy las empresas especializadas en la protección de datos y supresión de datos personales son una ayuda y una defensa contra los posibles abusos para el ciudadano y las empresas", afirma al respecto Mario Costeja, el abogado cuya reclamación hizo posible el derecho al olvido.