Los rastreadores de pirómanos: "A veces sabes quiénes son, pero no lo puedes demostrar"

A José Miguel López se le quiebra la voz al hablar de los incendios que calcinaron cerca de 66.000 hectáreas en Sierra de la Culebra, en Zamora, hace un año. Fue el peor en los registros. Él estaba de servicio. Es agente medioambiental y está destinado en la comarca forestal de Alta Sanabria desde hace 24 años. Jamás había visto nada igual. “No estábamos preparados”, cuenta.

En aquella ocasión fueron varios rayos los que sembraron un infierno en el monte zamorano: “Lloramos mucho. Lo pasamos francamente mal”, cuenta, “pero, al menos, tienes el consuelo de que no hay un factor humano detrás”. La frustración llega en otros casos. López, dentro de su experiencia como agente medioambiental, acumula 18 años investigando las causas de los incendios forestales al más puro estilo de un forense.

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“Cuando llegas con el helicóptero y ves que hay ocho puntos ardiendo a la vez, casi con seguridad sabes quién ha sido, pero no vas a poder demostrarlo”, reconoce. En ese momento, buscan testigos, pero, como comenta, "hay personas que son violentas y la gente tiene miedo a hablar. Es complicado”. 

Los agentes medioambientales son los encargados, junto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) –cada CCAA se gestiona de forma distinta–, de investigar las causas detrás de los incendios. Cuando comienza arder un foco, se abren todas las hipótesis posibles y mientras los servicios de extinción se afanan en apagar el fuego, los forenses de incendios cruzan los dedos porque sobrevivan los vestigios que les cuenten qué ha pasado.

Cargados con sus maletines, un grupo de unas tres personas se desplaza al lugar donde se da el aviso de fuego. Toman como base esas primeras hectáreas quemadas. Suele ser, además, la primera que se extingue. Es entonces cuando estas patrullas bañan el paisaje calcinado de banderines de color rojo, amarillo y blanco, que indican si ha habido avance o retroceso de la llama o si hay algo que examinar con detalle.

Los banderines de los investigadores en una zona calcinada por el fuego. J.G.

Casi como si se tratara de sabuesos, los agentes destinados a su investigación se encargan de rastrear las marcas que ha ido dejando el fuego: por qué lado están manchadas de hollín las piedras, en qué sentido están orientadas las ramas quemadas, las cenizas que deja o la profundidad de las marcas de carbonización. De esta manera, y poco a poco, se van aproximando al punto de inicio, y ahí es donde ya buscan indicios: si hay restos de una hoguera, un tendido eléctrico, restos de una colilla en una carretera. 

Quienes conocen bien este aspecto son la sargento Gema Armero y el cabo José Torrego, ambos destinados en el grupo de investigación de incendios forestales en la Unidad Central Operativa de Medioambiente de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil. Como cuentan, lo difícil de dar con evidencias pequeñas como la colilla que ha causado el incendio “es difícil”, porque pueden llegar a quemarse, y aunque las encuentres “tienes que demostrar la autoría”, si es que se determina que es intencionado. En el caso de la Guardia Civil, cuentan con perros que detectan los restos de acelerantes, utilizados para que las llamas quemen el monte a mayor velocidad.

La sargento Gema Armero, del Seprona.

En Tenerife, "tener una evidencia es complicado"

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de 2006 a 2015, las negligencias o accidentes (una chispa de una cosechadora, por ejemplo) suponen el 28%. Por su parte, los incendios intencionados son los más numerosos. Representan más de la mitad (52,7%) y casi el 60% de la superficie afectada. No obstante, por esa intencionalidad se entiende no solo las realizadas sin motivación clara, sino también las quemas con fines agrícolas, la eliminación de matorral o la regeneración de pastos. Ese uso del fuego es especialmente reseñable en zonas donde el fuego ha servido históricamente para limpiar el monte.

José Joaquín Aniceto lleva como agente medioambiental en Andalucía desde hace 34 años. Dedicado a investigar los incendios, apunta que, desde que nacieron las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) en 1994, su labor se ha profesionalizado cada vez más. Siguen el método científico de las evidencias físicas, pero a esto le acompaña algo esencial: la experiencia acumulada de años que les dice si en la zona hay rencillas entre vecinos o intereses agrícolas o ganaderos.

Para el agente, los incendios que suelen ser más fáciles de determinar son los accidentales, los imprudentes o negligentes: “A un señor que le sale ardiendo el vehículo por una avería en la cuneta de la carretera” o “un agricultor al que se le escapa una quema de restos de poda de un olivar”, ejemplifica. Sin embargo, como los demás agentes preguntados, asegura que “el gran reto de la investigación radica en los intencionados, porque hay una intención de hacer daño, de cometer un delito y, por lo tanto, de no ser descubierto”.

José Joaquín Aniceto, el agente medioambiental de Andalucía. J.J.A.

Armero, la sargento del Seprona, coincide con el agente en que la investigación de este delito cuenta con “la dificultad añadida de que suelen escogerse zonas aisladas, donde no hay testigos ni cámaras y donde se pueden quemar las pruebas”. En consecuencia, “tener una evidencia es complicado” y suelen resolverse con “una suma de evidencias indiciarias que nos llevan a la persona”.

Recientemente, la Guardia Civil ha desmentido las declaraciones que ha ofrecido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con respecto a las causas del incendio en Tenerife, el mayor de las últimas cuatro décadas en la región. Se han quemado unas 14.700 hectáreas (cerca del 7% de la superficie de la isla). A los cinco días del inicio del fuego, Clavijo comentó en rueda de prensa que “la Guardia Civil ya tiene contrastado que es provocado” y “ya lo sabíamos desde los inicios”. 

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Sin embargo, el instituto armero, aún hoy, mantiene que no se ha podido esclarecer nada y que “se mantienen abiertas todas las hipótesis”, incluida la causa natural. Una vez encontrado el punto de inicio –al que se llega antes o después–, desenmascarar al culpable se volverá, probablemente, toda una odisea. “Cuando lo hacen ya se encargan de evitar que se les encuentre y ese tipo de investigaciones puede llevar años”, explica la sargento Armero.

El Parque Nacional del Teide tras el incendio forestal de Tenerife. Alberto Valdés Efe

"Se van a salir con la suya"

Jorge García es técnico forestal y coordinador de indicios en investigación de causas en la empresa Oficina Técnica de Montes. Su labor es la de acompañar a los agentes medioambientales en las comunidades en las que están presentes (Extremadura, Castilla y León y Cantabria) en la investigación de incendios. Como los profesionales consultados, coincide en que los incendios intencionados sin motivación clara son los más difíciles de resolver.

“En Ávila tuvimos varios veranos, 15 o 20 incendios en una zona complicada. El hombre no acertaba. Con seguimiento, se llegó a ver quién era, pero tardamos cinco o seis años en averiguarlo”, comenta García.

En relación con esto, López, el agente medioambiental de Sanabria, apunta que “cuando alguien se empecina en quemar media ladera, ya puedes ir 40 veces, que al final la queman”. La mayoría, además, es del mismo pueblo o del pueblo de al lado, pero “es una frustración saber por donde vienen los tiros, no encontrar nada y saber que se van a salir con la suya”, confiesa el agente.

Un técnico forestal durante la investigación de un incendio. Sergio Rico

“Prácticamente, todos los casos son un rompecabezas en sí”, comenta Aniceto, el agente medioambiental de Andalucía. “Recuerdo algún caso de mechas y cerillas. O algunos casos en los que se han dejado de producir incendios tras el fallecimiento del que todos considerábamos principal sospechoso”, apunta. Y es que, como reconoce el agente de Sanabria, “es un trabajo muy minucioso y meticuloso, y no se puede ir a un juicio o a un juez con un ‘creo que’, sino con pruebas claras”.

En el último año, y según el último balance de la Fiscalía de Medioambiente, en 2022, se determinaron 1.134 delitos en procedimientos judiciales relacionados con incendios forestales. Ese mismo año, hubo 99 sentencias condenatorias al respecto y 37 absolutorias. 

Las personas que resulten culpables se pueden enfrentar a penas nada desdeñables. La reforma del Código Penal en 2015 endureció las penas para los responsables de un incendio forestal. Aunque varían en función de los daños y la intencionalidad, puede ir de uno a cinco años de cárcel con multas de 12 a 18 meses. Sin embargo, si han puesto en peligro la vida o integridad física de las personas, el castigo podría ascender de los 10 a los 20 años de prisión.