El caos del ocio nocturno en España: "Infracciones diarias, cocinas ilegales, salidas bloqueadas..."

Los tres son casos reales, entre decenas de miles que se producen todos los días en las ciudades españolas. La mayoría pasan desapercibidos y no parecen relevantes: la gente a pie se ha incluso acostumbrado a ello… Hasta que llega una tragedia como la ocurrida en las discotecas La Fonda Milagros y Teatre de Murcia, con un saldo de 13 muertos.

Ambas salas operaban sin licencia y tenían una orden de cierre desde hacía un año por incumplir la normativa. Entre otros factores, son irregularidades a las que ahora se achaca la desgracia y que deberían ser extraordinarias. La realidad, sin embargo, es que en España este tipo de incumplimientos está generalizado, según denuncian juristas y policías locales.

[¿Cómo será la mascota del Mundial de Fútbol de España 2030? Los nuevos 'Naranjitos' según la IA]

Pese a que no hay ninguna estadística pública que ayude a dimensionar con cifras el fenómeno, los archivos municipales y de las comisarías de las policías locales de toda España están desbordados con expedientes y denuncias de establecimientos que no cumplen con la normativa: incumplimientos en materia de seguridad, de las distancias y recorridos de evacuación y salidas de emergencia, de la normativa de propagación interior, de la resistencia al fuego de la estructura, de la debida compartimentación de incendios; cocinas ilegales; recintos destinados a cocina donde se instalan elementos de cocción que no disponen de campana de extracción con conducto de evacuación de humos y olores a la cubierta del edificio…

La lista sigue: conductos de ventilación y unidades evaporadoras del sistema de aire acondicionado anclados directamente al forjado; exceso de aforo; ejercicio de actividad con puertas abiertas; inexistencia de autorización para desarrollar la actividad con música; instalación de altavoces y televisores sin autorización, incumplimientos de los límites de ruido, de horarios; inexistencia de limitadores registradores; existencia de equipos paralelos; inexistencia o deficiente aislamiento acústico, de dobles puertas, o desarrollar la actividad con puertas abiertas; falsedad en la comunicación previa y de la declaración responsable respecto a la actividad real que se desarrolla; omisiones o contradicciones entre lo proyectado y la realidad; ocupación indebida de suelo público…

Quien proporciona esta lista interminable es Yomara García Viera, abogada y presidenta de la asociación Juristas contra el ruido. Es a través de la contaminación acústica –la más perceptible y denunciada por los vecinos– como en muchas ocasiones se destapa un pastel que va mucho más allá del ruido. 

“Cuando nos llega un asunto por el problema que genera el ruido de una actividad analizamos los expedientes municipales y frecuentemente detectamos otros problemas e infracciones además de las acústicas, como falta de título habilitante, de índole urbanístico y de otra normativa sectorial”, asegura la abogada. Y pocos se libran: "Hay quien hace las cosas bien, pero son los menos".

La abogada Yomara García Viera. X

Sistema fallido

El origen del problema, según señala García, es el cambio que se produjo en España en 2011 sobre el sistema de concesión de licencias de actividades clasificadas. Hasta entonces, éstas se concedían en dos tramos. Primero se solicitaba la licencia, acompañada de una memoria y de un proyecto técnico. Ambos documentos tenían que especificar los detalles de la actividad, así como de la superficie, el aforo, el horario, las medidas de seguridad contra incendios, los aislamientos acústicos…

El ayuntamiento correspondiente revisaba que la documentación estuviera en regla, que la actividad fuera legal y que urbanísticamente se pudiera instalar en el lugar solicitado. A partir de ahí, se concedía la licencia de actividad para iniciar las obras que se ajustaran al proyecto aportado. Finalizada la obra, se avisaba al ayuntamiento para que sus técnicos pasaran una inspección e hicieran sus informes, favorables o no. Si todos los informes eran favorables, se concedía la licencia de funcionamiento y el local podía iniciar la actividad.

Sin embargo, la lentitud y complejidad de este proceso impedía a muchos negocios abrir: la burocracia suponía un atasco al desarrollo de la actividad económica y a partir de 2011 el sistema cambió a la inversa: se dejó abrir a los locales con la condición de que se comprometieran a cumplir, con inspecciones que validarían luego la actividad o la revocarían. Técnicamente, las licencias se concedían por "declaración responsable" y "comunicaciones previas". 

Por este sistema, una vez aportada la documentación para la licencia, se puede iniciar la actividad sin necesidad de tener una licencia de funcionamiento como la que existía anteriormente. Los técnicos del ayuntamiento inspeccionan el local para comprobar que su actividad está conforme con la declaración responsable con posterioridad.

[El vídeo que muestra cómo se incendió la discoteca de Murcia: el foco pudo ser Teatre y pasó a la Fonda]

En Madrid, por ejemplo en las actividades con superficie superior a 150 metros cuadrados, la visita de comprobación tiene un plazo máximo de tres meses. Si la superficie es menor a 150 metros cuadrados, el plazo es de seis meses. En las actividades de espectáculos públicos y recreativas, es de un mes. 

En estas visitas, los técnicos municipales deben elaborar los informes: éstos pueden ser favorables, con deficiencias o negativos. En los últimos dos casos, dan un plazo para subsanar las deficiencias y harán nueva inspección para comprobar si todo está en regla. Si las deficiencias no son subsanables, señalará la declaración responsable como ineficaz y se dictará una orden de cese de actividad. 

Sobre el papel, parece que es un sistema sin fallos. La realidad es que, desde la entrada en funcionamiento del procedimiento, el caos se ha apoderado de las actividades a pie de calle, y sobre todo de la hostelería y el ocio nocturno. “Es frecuente que tarden muchos meses e incluso un año en hacer la visita. O que nunca se haga y que la actividad siga funcionando. O que cuando se haga la visita sólo sea tras una denuncia de una persona afectada y el expediente tarde muchísimos meses”, lamenta García.

“En ocasiones, constatadas las deficiencias, el titular de la actividad trata de poner parches, pero en realidad hace apaños que no terminan de resolver el problema. Mientras tanto, durante todo ese tiempo, hay un incumplimiento impune de la actividad que debería desarrollar y un sufrimiento y tortura de personas afectadas, y no pasa nada”, denuncia la abogada.

Exterior de la discoteca La Fonda de Murcia tras el incendio del pasado 1 de octubre. Europa Press

Para ella, el sistema de comunicaciones previas y declaraciones responsables es “un cajón de sastre”: “Comunico y comienzo sin más. A veces simplemente realizan cambios de titularidad y vuelta a empezar, o utilizan distintas sociedades. También siguen funcionando gracias a la lentitud de los procedimientos y a la tolerancia municipal. O incluso, gracias a defectos de forma en la tramitación de los expedientes municipales, y a la falta de inspecciones y controles efectivos”.

“Un tinglado”

En el mismo sentido se expresan fuentes de la Policía Municipal de Madrid, que denuncian que la mayoría de los locales “saltan” de licencia en licencia, aprovechándose del plazo que transcurre hasta que se produce la primera visita del técnico municipal; o que los propios técnicos son quienes hacen la vista gorda o retrasan las visitas por intereses particulares con algunos locales.

“Es público y notorio que es un tinglado, como se ha demostrado a través de numerosos casos de corrupción urbanística que han visto la luz (por ejemplo, la 'Operación Guateque' de 2007). El sistema de declaración responsable tiene sentido para no retrasar la apertura de una nueva actividad, pero no debería aplicarse en el ocio nocturno, donde cualquier irregularidad pone en riesgo la seguridad de mucha gente. No hay un control efectivo por dejadez e intereses económicos”, señalan estas fuentes.

“En la mayoría de los casos, cuando llega la inspección es porque ya es flagrante: casi siempre es por la presión de los vecinos que tienen problemas con los locales. Cuando un técnico revoca una declaración responsable, el local vuelve a abrir haciendo otra sobre otra actividad que tampoco se corresponde con la que hace, hasta que, de nuevo, pasa otro año, otro vecino vuelve a denunciar, se la vuelven a revocar, y vuelven a pedir la anterior… Es un círculo vicioso, así es como funciona”, continúan las fuentes policiales.

[Salen a la luz las imágenes grabadas por un joven minutos antes del incendio de la discoteca de Murcia]

Los agentes de la Policía Local se enfrentan todas las semanas, de jueves a domingo, a numerosos problemas relacionados con el ruido. Al igual que explica la abogada, es a través del ruido como terminan descubriendo “extintores caducados, cableado al aire, aforos superados, salidas de emergencia bloqueadas, almacenaje que bloquea el paso, locales que cierran las salidas y continúan con su actividad más allá del horario previsto…”. “Si ocurre algo en un local con gente dentro y tiene la persiana cerrada, ¿qué podemos esperar”, lamentan estas fuentes.

Por su parte, García asegura: “Hay infracciones flagrantes a diario. Y los expedientes de requerimiento de medidas correctoras y de legalización tardan mucho. Mientras tanto, la actividad va haciendo caja mientras se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía y la salud de muchos vecinos”.

Inseguridad

Bajo este sistema, en España se ha creado un caldo de cultivo donde la infracción se ha convertido en la norma. Tanto abogados como policías señalan que este cúmulo de factores ponen al ciudadano en una situación vulnerable. García se atreve incluso a decir que “no es seguro” salir por la noche en España, donde la suma del consumo de alcohol y drogas, las aglomeraciones y el incumplimiento sistemático de la normativa son el cóctel fatal para que ocurran sucesos como el de Murcia.

“En los últimos años han fallecido unas 160 personas en locales de ocio en España. En la discoteca de Murcia han fallecido 13 personas. En la discoteca Alcalá 20, de Madrid, el 17 de diciembre de 1983, murieron unas 81 personas. En una discoteca en Zaragoza, la falta de previsión e inactividad le costó la vida a 43 personas, intoxicadas por la inhalación de gases. Ya se cumplieron diez años de la tragedia del Madrid Arena, en una avalancha en la noche de Halloween que se cobró la vida de cinco chicas…”, dice García.

Uno de los homenajes a las víctimas del Madrid Arena. Efe

“No ocurren más tragedias de milagro y gracias a la suerte. Nos encontramos con planes de autoprotección y seguridad muy básicos, insuficientes y defectuosos, que son copia y pega de otros, realizados para cubrir el expediente”, prosigue.

A esto se suman situaciones violentas que describen por su lado las fuentes policiales de Madrid: “Todas las situaciones violentas derivan sin excepción de locales que funcionan de forma irregular e incumplen la normativa. Todas las noches hacemos intervenciones en este tipo de locales y siempre hay altercados violentos”, aseguran.

Para García, además de los infractores, sólo hay un culpable: las administraciones. “Los incumplimientos se producen en un contexto de tolerancia y falta absoluta de control por parte de las administraciones competentes”, dice. “Esto podría solucionarse, pero con una voluntad política efectiva, la cual ahora mismo no existe”.

Y concluye: “Se prioriza la economía a la salud. Hay miedo a perder votos y no se actúa, en perjuicio de los más vulnerables. Minimizan el problema y no se atiende, hasta que ocurren las tragedias como la de Murcia. También hay falta de medios humanos y técnicos y falta de formación. Muchas veces carecen de sonómetros y de personal preparado para realizar mediciones acústicas, o simplemente para realizar inspecciones. O a veces, es que las realizan durante el día, cuando deberían realizarlas de noche…”.