Los granjeros y productores de pollos están en pie de guerra contra la Unión Europea. La revisión de la normativa de la Ley de Bienestar Animal de la UE podría tener como consecuencia que los costes de producción del pollo se tripliquen provocando el encarecimiento del producto avícola. “Si a mí me va a costar el triple criar a mis pollos, al final se tendrá que vender tres veces más caro para que los granjeros podamos sobrevivir”, se queja a EL ESPAÑOL Eloy Ureña (Zaragoza, 1974), productor de pollos desde hace más de 30 años en Fayón y actual responsable avícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Desde la propia organización profesional agraria explican que el kilo de pollo en los lineales de España actualmente está en torno a los 3,25 euros, pero si cristaliza la norma “podría llegar a los 9,75 euros el kilo”. “Un pollo entero de dos kilos, que es muy común, costaría entre 15 y 20 euros”, esgrime Ureña, que aprovecha la ocasión para elevar una queja que tienen él y otras 4.847 granjas de pollos españolas: “El estudio que ha hecho la Unión Europea para cambiar la ley no es realista y no ha tenido en cuenta el impacto socioeconómico que tenemos que soportar los granjeros, los consumidores y la industria. Ha sido un error no contar con nosotros”.
Según el estudio preliminar para cambiar la Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria –EFSA, en sus siglas en inglés–, una granja debería criar 11 kilos de pollo por metro cuadrado para reducir la densidad poblacional. Una circunstancia que es “insostenible” para los granjeros europeos. En España, de hecho, la normativa permite criar 33 kilos de pollo por metro cuadrado. Es decir, el triple de lo que se produciría si finalmente hay un cambio normativo.
Si la norma entra en vigor, el kilo de pollo podría triplicar su precio en España.
“Una granja típica en España puede tener unos 1.800 metros cuadrados donde se permite criar a 33 kilos por metro cuadrado, según la normativa española. Esto significa que la granja tiene una capacidad de 33.000 pollos. Según el estudio de la EFSA, la granja de 1.800 metros cuadrados pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos para que no se pasara de los 11 kilos por metro cuadrado exigidos. El resultado: habría una pérdida de 22.000 plazas de pollos”, ejemplifica el responsable avícola de COAG.
“Entonces las cifras son claras: si a nosotros nos van a permitir producir un tercio de lo que producimos, todo se venderá tres veces más caro para poder hacer frente a los costes”, arguye Eloy Ureña. Se trata de una regla de tres inversamente proporcional.
Un millón de inversión
Los productores de pollo en España, en consecuencia, tendrían que triplicar las naves donde crían sus animales para alcanzar la cuota de producción actual. “En mi caso particular, tengo 9.000 pollos en cada una de las dos plantas de 740 metros cuadrados que llevo en Fayón –18.000 pollos–. Si la norma va hacia adelante, sólo podría producir 6.000 pollos o si quiero llegar a los 18.000, tendría que abrir otras cuatro plantas. Y no son nada baratas”, explica el productor avícola.
Concretamente, un granjero que tiene abierta una granja de pollos típica de 1.800 metros cuadrados, necesitaría triplicar la capacidad hasta los 5.400 metros cuadrados para producir lo mismo que ahora y cumpliendo con la normativa europea. “Eso cuesta un millón de euros de inversión”, sostiene la COAG. “Sólo una nave cuesta medio millón de euros y no podemos afrontar ese coste elevado”, explica Eloy Ureña.
Los pollos criados por el granjero Eloy Ureña.
La guerra contra la UE, no obstante, no sólo parte desde los ganaderos españoles, sino que los productores de los 27 se han quejado del estudio para cambiar la Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne hecho entre marzo y junio de este 2023. “Y eso que en España se cría diferente a otros países de la UE. Aquí estamos obligados a criar 33 kilos por metro cuadrado, mientras que en el resto de Europa incluso llegan a los 42 kilos por metro cuadrado”, dice.
Eloy Ureña, de esta manera, opina que España ya ha hecho el esfuerzo y ha apostado por el “bienestar animal” desde hace muchos años. “En este sentido, los ganaderos no estamos en contra del bienestar animal, ni de la Unión Europea, pero queremos que las leyes que haya sean coherentes y tengan en cuenta lo que nos cuesta producir. Por ello, vetamos este tipo de normativas abusivas, porque lo que hacemos es producir alimento para la población. Por no hablar de los beneficios que traen las granjas al medio rural. Si nos cargamos las granjas, nos cargamos el medio rural…”, lamenta Ureña.
¿Se implantará la norma?
Lo que está claro es que, de momento, la norma no está vigente y aún se encuentra en fase de estudio. De hecho, Eloy Ureña desvela a EL ESPAÑOL que esta misma semana la Unión Europea ha contestado a las demandas venidas desde todos los rincones de los 27: “A base de quejarnos, ahora han empezado a hablar con nosotros y proponen que criemos 22 kilos de pollo por metro cuadrado –en lugar de los 33 actuales–. No son los 11 de la primera propuesta, pero igualmente sería un gasto insostenible que provocaría el cierre del 100% de las granjas avícolas de carne”.
Con todo, y aún con las demandas de unos y otros en el aire, se prevé que Bruselas actualice esta Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne de cara al primer trimestre de 2024. “Lo que nos sigue dando miedo es que no cuentan con nosotros. Incluso hemos acordado reuniones con la Unión Europea para hablar de bienestar animal y de cómo poder solucionar esto. Una de ellas ocurrió el pasado 10 de octubre y no se presentaron. Nos da miedo que sólo nos vayan informando y que acaben aprobando algo sin escucharnos”, confiesa el responsable de agrícola de la COAG.
El productor avícola Eloy Ureña, también responsable avícola de la COAG.
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Para más inri, no sólo el sector de carne avícola quedaría afectado por el cambio normativo, sino que el sector avícola de producción de huevos, el sector porcino y el cunícula también podrían verse afectados si la ley sale hacia adelante, según la COAG.