Una farmacia de Luena, un pueblecito cántabro de 622 vecinos, compraba más anabolizantes que todas las boticas juntas de Cantabria. Entre enero de 2011 y abril de 2012, aquella farmacia adquirió 24.202 unidades de Winstrol y Testex, frente a las 3.138 unidades que compraron de esas dos sustancias entre todas las boticas de esta comunidad autónoma. Tal dato invitaba a la UCO a valorar dos opciones: o las vacas de los Valles Pasiegos se estaban dopando o había una trama de dopaje deportivo.
Ese fue el génesis de la 'Operación Escudo': uno de los mayores escándalos de dopaje destapados por la Unidad Central Operativa (UCO), en una investigación que arrancó en 2011 y que trece años después sigue sin fecha asignada para celebrar la vista en la Audiencia Provincial de Cantabria, debido a que algunos de los 64 encausados han recurrido el auto del juicio. EL ESPAÑOL ha accedido a ese auto y al escrito de conclusiones provisionales del fiscal que revela que hay un guardia civil, un policía nacional y un militar entre los citados al banquillo de los acusados.
El escrito del Ministerio Público expone que el arduo trabajo de la UCO de la Guardia Civil, que incluyó vigilancias de incógnito, unido a la colaboración del Servicio Cántabro de Salud, "confirmó la falta de facturación de recetas" de la farmacia de Luena que compraba a gogó Winstrol y Testex, para su presunta "desviación a un tráfico ilegal". De ahí que los 64 acusados serán juzgados por delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
La trama se abastecía de productos dopantes comprados a mayoristas de cooperativas farmacéuticas, incluso desviaba medicamentos desde los hospitales, recurría a compras por internet a China, Inglaterra, India, Turquía, Egipto y Argentina, así como a empresas de la localidad portuguesa de Amadora. Todo ello, para saciar a sus clientes que también se terminaban convirtiendo en 'camellos' y que iban desde propietarios de tiendas de suplementación alimenticia, a entrenadores personales, preparadores físicos, ciclistas, boxeadores, aficionados al fitness o culturistas que compartían un objetivo común: disparar sus músculos con esteroides anabólicos.
Los registros de la 'Operación Escudo' que la UCO de la Guardia Civil desarrolló en 2011.
Lo más llamativo del auto de la magistrada María Vanesa Gorostiza, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Medio Cudeyo, son las multas millonarias que propone, frente a las penas de cárcel a las que se enfrentan los encausados, ya que en función del delito oscilan de seis meses a un año. En cambio, el importe de las sanciones se antoja astronómico, dependiendo de los supuestos beneficios obtenidos y del rol desempeñado en la trama por cada investigado, deberán pagar: 1.163.654 euros, 860.000 euros…
La suma de todas las multas supera la friolera de 4 millones de euros, lo que evidencia lo lucrativo que es el tráfico ilícito de sustancias dopantes. Valga como ejemplo de ello que uno de los implicados estaba en paro, tras desvincularse de Radio Castilla, y cada año iba experimentando "unos incrementos patrimoniales no justificados" que sumaron 581.827 euros, poniendo a nombre de su madre varios vehículos, incluso llegó a cancelar de una tacada un préstamo hipotecario de 100.000 euros.
El Ministerio Público advierte en su escrito de que la famosa farmacia de Luena sumaba un lustro -supuestamente- comprando anabolizantes a todo trapo: "El grupo radicado en Cantabria, obedecía a una evolución delictiva de varios años, ya que se encuentran antecedentes en las compras desmesuradas y relaciones entre los integrantes, incluso desde el año 2006 [...]". EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Cristina, la propietaria de la botica, pero ha declinado ofrecer su versión de los hechos.
Cristina, junto a su pareja, Santiago, tenían a un preparador de fisioculturismo, llamado Carlos, como 'corredor comercial' dentro del mercado negro del dopaje. De hecho, el fiscal Ángel González sostiene que este preparador es la "persona que resultó ser el punto de inflexión para la extensión de la investigación más allá de Cantabria, quien realizaba a los anteriormente citados los encargos de 'mercancía' que fuera necesitando. De forma que Cristina y Santiago trabajaban en exclusividad para Carlos, y una vez tenían el producto, quedaban en sitios diversos y discretos con el fin de realizar el intercambio de sustancias por dinero".
"Una vez recibidas las sustancias, Carlos las distribuía a sus contactos o a sus clientes, que en muchas ocasiones, como se explicará, eran a su vez distribuidores de la mercancía". También se las colocaba a su pupilo, Esteban, dentro de su ciclo de entrenamiento. Este culturista unos años después ha llegado a subir al podio del Campeonato de España, pero por aquel entonces, Esteban ayudó -presuntamente- a ampliar la clientela: "Transmitía a terceros parte de las sustancias que Carlos le facilitaba y a veces, incluso hacía de intermediario en las ventas".
Los agentes de la UCO en el registro de la farmacia de Luena.
El entrenador Carlos empleaba -supuestamente- nombres ficticios para enviar sustancias en paquetes de la Librería Gómez, Imprentas del Norte, Papelería Gómez o Repuestos Nava. De forma que la trama de dopaje, se extendió por varias provincias como una mancha de aceite, mediante el envío de anabolizantes por empresas de mensajería. Los clientes se convertían en intermediarios, los intermediarios en vendedores, y al final, se crearon células independientes a la farmacia de Luena, dedicados al aprovisionamiento y venta de productos dopantes por Barcelona, Valencia, Salamanca, Cáceres, Cuenca, Huelva, Granada, Madrid, Menorca...
Los deportistas y monitores de gimnasio comenzaron a ejercer el rol de intermediarios en los "pedidos", a cambio de una "comisión". A veces, hacían un pedido de sustancias dopantes a la empresa portuguesa de Almadora, y en otros casos, se limitaban a recibir un paquete que luego debían reenviar a un cliente para dificultar el rastreo de los anabolizantes. Los envíos incluían planes de entrenamiento, una lista de regulación hormonal, posología de la sustancia, días óptimos de consumo...
Algunos intermediarios montaron empresas pantalla para recibir los paquetes y llegaron a comercializar por internet factores de crecimiento, como el que vende su coche de segunda mano. El perfil de los integrantes de esta supuesta organización criminal saltó más allá del mundo del deporte y la nutrición deportiva: se amplió con un farmacéutico de Barcelona, un sanitario de Canarias, un militar destinado en Zaragoza, un bailarín de Córdoba... Todos querían hacer caja con el doping: hasta los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Prueba de ello es un guardia civil que el fiscal considera que "vendía dosis", debido a que en el registro de su habitación en el cuartel del GRS en Barcelona, le intervinieron 21 cajas de Winstrol y 14 de Testex. También se incorporó al plantel: un policía nacional, destinado en Cácares, que traficaba -presuntamente- con coca porque en el registro de su casa, le pillaron 57 gramos de cocaína en un armario. Pero antes de este pequeño alijo, la UCO ya le había intervenido en su taquilla de comisaría: 58 jeringuillas, 20 pastillas de Dufine, 100 pastillas de LIV 52...
El abanico de productos que movían para 'trucar' el rendimiento deportivo, bien reduciendo la sensación de fatiga, acortando los plazos de recuperación y optimizando los cambios físicos, pasó del Winstrol y el Testex, al Clembuterol, Testorapid, Nandrolona, Testosterone, hormonas del crecimiento de dispensación exclusiva en hospitales, hormonas sexuales anabolizantes que solo pueden prescribir los médicos...
Era tan amplio el listado de viales y pastillas prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, como los efectos adversos que podían sufrir los clientes de la organización, entre los que abundaban deportistas no federados. Tal riesgo lo recoge en su escrito el fiscal Ángel González, al recordar que esas sustancias "contienen principios activos que adulteran capacidades físicas de los deportistas, comprometiendo igualmente su salud si no se administran bajo control médico, pudiendo provocar entre otros males: fallos hepáticos, osteoporosis, cataratas, hipertensión, diabetes...".
Un guardia civil analizando las sustancias dopantes que se intervinieron en la 'Operación Escudo'.
El auto de la magistrada María Vanesa Gorostiza que pone fin a más de una década de instrucción judicial, advierte de que las "vías de suministro eran utilizadas en diferentes puntos del territorio nacional con una mayor o menor relación directa o indirecta entre unos y otros".
En la práctica, eso supone que los 64 investigados no se conocen todos entre ellos, lo que les une es la 'Operación Escudo' de la Unidad Central Operativa (UCO) y su vínculo con los números de lote de los anabolizantes suministrados a la farmacia de Luena, los envíos o la recogida de paquetes en los servicios de mensajería de MRW y Nacex, las compras a la empresa portuguesa de Amadora, las transacciones de dinero por Western Union, las conversaciones por redes sociales, intercambio de correos electrónicos...
El 11 de diciembre de 2012 comenzó el efecto dominó de registros y detenciones por varias provincias, desde el mismo momento en el que un grupo de agentes de la UCO se presentó tanto en el domicilio de Cristina y de su pareja, Santiago, como en la famosa botica. En la farmacia, el fiscal detalla que se intervinieron "numerosos albaranes de suministro de productos dopantes, por parte de los almacenes mayoristas".
"Asimismo, se intervino en poder de Santiago un terminal telefónico con número de tarjeta 'X', en el que se contienen diversos mensajes de ingresos de dinero por parte de Carlos a Santiago, relación de teléfonos de farmacéuticas mayoristas e información relativa al delito que se persigue. Y en poder de Cristina, otro terminal con número de tarjeta 'X', con datos similares relativos a su participación en el delito. Por último, apareció en el registro del domicilio una pistola Glock del calibre 9".
Algunos medicamentos dopantes intervenidos por la UCO en uno de los registros.
¿Dónde está Rosely?
El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público expone que el aumento patrimonial injustificado de los acusados, Cristina y Santiago, asciende a 125.054 euros, mientras que el del Carlos, el famoso preparador de fisioculturismo, se eleva a 431.409 euros. El fiscal considera que todos ellos, entre el año 2006 y el 2012, "percibieron unos ingresos importantes producto de esta actividad ilegal", consistente en el "desvío ilícito" de sustancias dopantes desde la botica hasta los gimnasios.
Cuando se resuelvan los recursos que han interpuesto algunos de los 64 encausados y se presenten todos los escritos de defensa, el procedimiento de la 'Operación Escudo' en el que se intervinieron 363.148 comprimidos y que dio pie a otras secuelas de este operativo en Europa, se elevará a la Audiencia Provincial de Cantabria para su enjuiciamiento. Pero todo apunta a que trece años después todavía habrá que esperar más y que en el banquillo de los acusados no estará Rosely: la pareja sentimental del entrenador Carlos.
Esta mujer se ocupó de custodiar algunas sustancias y se benefició de un buen carro de vida, pero el fiscal admite que a Rosely "no le afecta la presente calificación al estar en paradero desconocido".