España, el país con más sustracciones parentales de Europa: el rapto de los hijos de Laura y Roberto

Todos se entristecen, se emocionan y aguantan las lágrimas al otro lado del teléfono. Son cientos de casos. Nunca han vuelto ni a verlos ni a tener contacto alguno con sus niños. La incidencia por sustracción parental internacional en España es altísima, sobre todo, en comparación con otros países europeos. Según la Asociación Niños Sin Derechos Contra la Sustracción Internacional de Menores (Nisde), España está a la cabeza de Europa en secuestros parentales.

En 2022, "se abrieron en España 1.339 diligencias previas por sustracción de menores, esto es, que salieron sin permiso de su otro progenitor.", explica Javier Somoza, portavoz de la asociación. Los datos son del Consejo General del Poder Judicial: se interpusieron denuncias, y se abrieron diligencias, por 1.339 menores que salieron de España sin el permiso de uno de los dos padres. De ellos, 428 no volvieron y se desconoce absolutamente su paradero.

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Los datos son aterradores. En Francia, con 67,9 millones de personas, hubo en 2022 544 casos de sustracción parental; en Alemania, con 83,8 millones de habitantes, se sustrajeron 257 menores de edad. Y en España, con 47,7 millones de habitantes, casi la mitad que Alemania, hubo 428 casos.  

Javier Somoza sabe de lo que habla y también qué se siente. No ve a su hijo Miguel desde hace 8 años. En 2016 su madre se lo llevó a Rusia, uno de los muchos países que no devuelve jamás a los niños sustraídos, incumpliendo sistemáticamente el Convenio de La Haya. Nunca más ha vuelto a verlo. Por ello se decidió a impulsar una asociación que actualmente recibe "cuatro casos diarios. Es una barbaridad".

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La casuística hay que recordarla. España es un país que acoge a migrantes, sobre todo de Suramérica y de Europa del Este. Proliferan las relaciones mixtas. Si la relación va mal, en el caso de las mujeres se ven sin arraigo, sin familia, sin casa y con un niño o niña de corta edad. De hecho, según datos de Nisde, en España son las madres, en un 92%, las que sustraen a sus hijos de sus padres y se los llevan a sus países ilegalmente.

No obstante, también en este apartado la cifra española supera en muchos puntos la media europea. El estudio de 2018 del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, en sus siglas en inglés) de La Haya revela que el 73,8% de las sustracciones parentales las perpetran las mujeres, según los datos aportados por los países firmantes del Convenio de Derechos del Niño de 1989.

Hay, además, otra constante: antes de sustraerlo, en España, o ya en el país extranjero, el progenitor o progenitora que se lleva al menor interpone contra el otro padre o madre una denuncia o por malos tratos o por abusos sexuales al menor. Lo saben en Nisde, que desecha asesorar o aceptar cualquier caso en los que esas denuncias no sean instrumentales, es decir, falsas, y que acaban siendo archivadas.

Los casos con diligencias previas comenzaron a multiplicarse a partir de 2015. Ese año el CGPJ contabilizó 740 expedientes, que año tras año se incrementaron hasta los 1.339 de 2022. "Coincide con la derogación del artículo 622 del Código Penal", subrayan desde Nisde. Apoderarse del menor y no restituirlo cuando estuvieren obligados se sustituyó por padres que sin llegar a incurrir en delito contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia infringiesen el régimen de custodia de sus hijos menores establecido por la autoridad judicial o administrativa serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

Ahí se abrió la espita. ¿El siguiente peldaño en el escalafón? Los casos de Juana Rivas y Maria Sevilla, ambas indultadas por el Gobierno en ambos casos condenadas por sustracción parental, y defendidas públicamente por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, como "madres protectoras". 

Laura: su hija en Austria

Laura Rodríguez no ve a su hija desde 2021. Antes de tenerla, y con una pareja anterior, intentó ser madre por todos los medios, sin éxito. Luego empezó una relación con un abogado austríaco "y milagrosamente me quedé embarazada", cuenta a EL ESPAÑOL. "Pero él no lo quería. Me dejó sola. Apareció al año y se encariñó con la pequeña Olivia. Yo, sin rencores". Entre ellos no tenían ya relación alguna y su único vínculo era la niña. Pero era raro. "No quería pagar la pensión de alimentos... y me dijo, como explicación, que si yo no podía darle sola a Olivia lo que necesitaba, que se la diera a él". 

En paralelo, Laura ganó en España en el Juzgado de Familia la demanda por la guardia y custodia. "La niña tenía un amor loco con el padre. Yo lo fomentaba. Nunca le hablaba mal de él, porque sabía que perjudicaba a mi hija", subraya. Tras la pandemia Laura abandonó Lanzarote, donde se quedó aislada, y se fue a vivir con su pareja actual al norte de Italia, haciendo frontera con Austria, para que las visitas entre padre e hija fueran más fáciles. 

Laura, con su pequeña, a la que no ve desde el verano de 2021.

En verano de 2021 el padre se la llevó a Austria de vacaciones. Era el día en que la niña cumplía 7 años. No se la devolvió. "Desapareció de la faz de la tierra. Me volví loca. Volvió a España, puso la denuncia, la Interpol activó la búsqueda y a continuación "recorrí Europa entera en coche, buscándolos". 

Laura suspira. "Cuando te pasa algo así, tú piensas que el mundo se va a parar para ayudarte, pero no ocurre". Escribía correos a la embajada, a la administración austríaca... nunca contestaron. "En Austria me enteré que estaban en Hungría. Y los encontré en septiembre. Él llamó a la policía y me echaron. Fue entonces cuando le escribí un correo al juez español, que no había hecho nada, contándole que la había encontrado. Le daría vergüenza y expidió una orden de extradición. Austria nunca la obedeció". 

A Laura, en Austria, el padre de su hija la denunció por malos tratos a la pequeña. "Llevaron a la niña a declarar... la niña no pudo mentir. No me pudo acusar". Hace 3 años que no la ve. Ni la ve, ni tiene contacto con ella. Cumplirá 10 años este verano.

"En Austria me dicen que si quiero tener contacto con ella, que ponga una demanda por la custodia. Pero es que la custodia la tengo yo, y si lo demando en Austria, se la van a dar a él. La irregularidad de mi caso es que él no tiene la custodia, pero sí tiene a la niña". Lleva gastados más de 130.000 euros en abogados.

"Es muy difícil aceptar que no vas a estar en la infancia de tu hija". Hoy, tras tres años sin su hija, confía en que Olivia, ya adolescente, "preguntará que por qué no tiene madre y se dará cuenta de lo que le ha hecho su padre. Un día me va a llamar. Este pensamiento es la única forma que tengo de seguir viviendo".

David: su hijo en Honduras

David González sabe que su hijo está en Honduras. "Me separé de su madre cuando el niño tenía aproximadamente dos años y medio", relata. Ingeniero civil, fue destinado a Marruecos. Ella nunca le acompañó. Tras la pandemia inició los trámites del divorcio y para lograr la custodia compartida pidió en su trabajo que lo trasladasen a Sevilla. Se la concedieron, "pero ya ella, en las primeras vacaciones, intentó llevárselo, y se lo impidió el juez".

David, con su hijo, que ahora tiene 7 años.

"Yo sabía que si tenía un hijo con una persona de Honduras esto podía ocurrir. Pero no pensé que llegara a esto", reflexiona. Porque a partir de ahí empezó un calvario con acusaciones y denuncias instrumentales en su contra que fueron todas archivadas y que, a su vez, han sido denunciadas por falsedad y están pendiente de juicio.

-¿El niño cómo estaba?

-Feliz... Tenía un arraigo emocional enorme, con sus hermanos, con sus abuelos, con los amiguitos del colegio... 

"Al ver que todos los informes de las trabajadoras sociales y psicólogas eran a mi favor, esas vacaciones de verano de 2023 se llevó al niño a Honduras. Los jueces la autorizaron pese a que se había ido ya una vez. En esta ocasión, no volvió... Ya se le habrán caído todos los dientes", musita entrecortado recordando el tiempo transcurrido desde que no abraza a su hijo. Su caso en Honduras está también judicializado por supuestas irregularidades en el proceso de restitución del menor a España.

Olga: su hijo en Suecia

"El padre y yo nos llevábamos mal. Durante el matrimonio, me amenazaba con que, si le pedía el divorcio, se llevaría el niño a Suecia". Olga Vizan hace cinco años que no ve a su hijo, que ahora tiene 10. "En mi caso, aparentemente todo es legal, pero se han saltado todas las leyes europeas", resume. El matrimonio vivía en España y pasaba las vacaciones en Suecia. Allí estalló todo. 

"Estando los tres en Suecia me dijo que él no volvía y que se quedaba. Yo me volví con el niño, apeló al Convenio de la Haya para que se lo diera y se lo denegaron. Luego me denunció penalmente por sustracción parental". La detuvieron los Mossos y pasó varios días detenida mientras el niño, de tan sólo 4 años y medio, estaba internado en un centro de menores en Barcelona.

Olga, con su pequeño, caminando de la mano.

Al declarar, "el juez de la Audiencia me mandó a casa a buscar a mi hijo al centro de menores antes de que tramitara la extradición a Suecia. Cuando llegué no le dejaron salir de allí hasta que se lo llevaron". Allí permaneció el niño cuatro meses. "Mientras tanto, gestionaron un pasaporte de emergencia en el Consulado sueco, sin mi consentimiento". El pequeño salió de aquel centro tutelado directamente para volar a Suecia. Fue el 18 de abril de 2018.

La demanda de divorcio la presentó en España antes que él en Suecia, "y según la ley, donde se presenta primero es donde prevalece". La lentitud de la justicia española propició que, cuando llegó el juicio de divorcio, ya había dictamen en el país nórdico. "Mi juicio de divorcio en España duró 5 minutos. Básicamente, dijeron que no iban a revocar una sentencia sueca. Se bajaron los pantalones. Yo, que nunca había vivido en Suecia. La custodia, la pensión... todo".

El padre tiene la custodia exclusiva, "y a mí me otorgaron un régimen de visitas de dos o tres horas cuatro días al año, que incumplían sistemáticamente.". Olga acabó renunciando a ellas por no dañar a su hijo. Luego "me enteré durante los juicios que al niño lo estaban sometiendo a terapias psicológicas para que quisiera a su padre. Le borraron la memoria".

-¿Y las autoridades suecas? ¿Y las españolas?

-Las suecas dicen que el niño es ciudadano sueco. De las autoridades españolas no intervino nadie.

"Que esto ocurra en Europa", reflexiona con pena. "Hay leyes europeas y nadie las conoce ni las aplica. Y menos, con países del norte de Europa".

Roberto: su hijo en Ecuador

Roberto Vera sabe que su hijo vive en algún lugar de la Amazonia Ecuatoriana. Ha sido visto, incluso, en una pequeña localidad llamada El Puyo. Hay cartelería con su cara distribuida en el país. "Cómo es posible, con lo fácil que es dar con su paradero, no lo hayan localizado", se pregunta. Roberto sabe la respuesta: "Porque las Autoridades Centrales de Ecuador y España - encargadas de actuar para que se cumpla el Convenio de la Haya-  sólo se cruzan correos". 

Además de un padre que ha perdido a su hijo por sustracción parental, Roberto es abogado. En su caso, en 2019 la madre de su hijo le puso una denuncia instrumental por haber abusado sexualmente de su hijo. "Ella contactó con la Fundación Anar, la Fundación Anar llamó a la Guardia Civil, y la Guardia Civil me llama a mí para que acuda a sus dependencias. Pensaba yo que era para asistir a algún detenido... y al llegar el detenido fui yo". Todo el protocolo en estos casos se activó, con periciales, psicólogos, informes... la denuncia fue archivada en noviembre de 2019.

Fue ahí cuando "comencé a tomar medidas para lograr la guardia y custodia del niño", cuenta Roberto a EL ESPAÑOL. "Ella lo obstaculizaba todo. Al final, a ella le suspendieron la patria potestad, y me la dieron a mí, al igual que la guardia y custodia". Fue imposible notificárselo. "La declararon en rebeldía. Aun así, se celebró el juicio en primera instancia y lo gané. Al año siguiente recurrió ante la Audiencia Provincial de las Palmas y va el magistrado y anula la sentencia", rememora con indignación. 

Roberto, con su hijo, con quien no tiene contacto alguno desde julio de 2020.

Para entonces, la madre "se lo había llevado ya a Ecuador, en julio de 2020, tal y como se abrió el espacio aéreo tras las restricciones de la Covid-19". Días antes de la partida, el repartidor del agua que atendía la casa de la madre de su hijo le comentó que ella le había dejado dicho que ya no le llevara más agua. Se marchó a Quito "utilizando una escritura de 2015, que fue la que usó cuando nació el niño para que lo conociera su familia".

La lentitud de la justicia en España "es asombrosa". Así, lo único que tiene "es la sentencia de ilicitud del traslado del niño a Ecuador", pero no las medidas sobre la guardia y custodia, ganadas y anuladas posteriormente. "La Ley dicta en estos casos que el plazo máximo para tenerlas no debe ser superior a 3 días. A día de hoy estoy sin medidas desde el 15 de noviembre".

"Ni la Autoridad central Española, ni la Justicia, ni el Ministerio Fiscal, que es un convidado de piedra, ni los jueces, que no tienen ni idea... en estos casos, en España la legalidad no existe, porque no funciona. Los juzgados no están haciendo bien su trabajo y cada vez hay más casos".

Las causas

Según Javier Somoza, en España hay tres causas que la han convertido en el país europeo con mayor número de sustracciones parentales internacionales de Europa "y creciendo exponencialmente". El primero de ellos, indica, es el marco jurídico. 

Así, "los Juzgados de Primera Instancia no son muy partidarios de imponer medidas preventivas que eviten la sustracción por dos motivos: por la dificultad en su implantación, es decir, notificar y emplazar a la persona que ha sustraído al menor, ya que ha desaparecido con él, y en segundo lugar, el desconocimiento del marco jurídico en el país de destino del menor, pues se hace poco uso de las herramientas de auxilio judicial internacional".

Además, apunta que en España "las medidas de protección se encuentran sobre todo en el artículo 158 del Código Civil, y son totalmente obsoletas y anacrónicas en un mundo globalizado. Rara vez se decreta el cierre de fronteras y es poco eficaz, como en el caso de Tenerife", donde esta semana se ha denunciado la sustracción de un menor que ha sido llevado a México por su madre, y tenía decretado el cierre de fronteras y la retirada del pasaporte.

De hecho, en muchos casos, el periplo judicial incluye también demandar al Estado por responsabilidad patrimonial, al ser responsable de que el menor haya logado salir de España vulnerando órdenes judiciales.

"Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si es imposible notificar y emplazar a una persona encausada se puede tomar la decisión en rebeldía procesal y notificarla por edictos. Hacen poco uso de las herramientas internacionales. Eso hace que los procesos se alarguen durante años y se ceda competencia judicial al país de destino, debido al nuevo arraigo del menor".

Lo más triste, indican desde Nisde, "es que en las primeras instancias y juzgados de instrucción, no tienen ni idea de cómo son las cosas en los países de destino, donde el 90% no cumple con el Convenio de La Haya de 1980 y 1996. Tienen falta de información, y esta información sí que la tienen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, pero no la hacen pública".

Los derechos vulnerados, en todo caso, no son únicamente los de los padres y madres a quienes se les arrebata un hijo por sustracción parental. "Son los de los niños, el bien supremo a preservar y defender. El deber de nuestro Estado es proteger a los niños. Es a ellos a quienes se les priva del derecho a crecer y de estar con el otro padre o madre".