Tony, el malagueño que captaba inmigrantes en Marruecos y les conseguía papeles por 7.000 euros

Antonio Villena es un funcionario en excedencia de la administración del estado que oferta sus servicios en YouTube, como "experto en trámites de extranjería", al frente de una gestoría en Málaga, con la que afirma haber tramitado 1.500 expedientes en casi todas las oficinas de extranjería del país, para regularizar a inmigrantes ilegales. También se vanagloria de colaborar en la modificación de leyes estatales y de crear una asignatura con la Universidad de Córdoba para la carrera de Derecho.

Todo eso lo cuenta Antonio Villena en un vídeo, para promocionar sus servicios y captar clientes, "garantizando un éxito del 100% en todos los trámites realizados" en extranjería. Tal prestigio profesional contrasta con las dos investigaciones policiales que señalan a Tony, como le conocen sus amigos, como el -supuesto- cerebro de sendas tramas que tienen una cosa en común: lucrarse a través de los sin papeles.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a dos sumarios policiales que ponen en la diana judicial a Antonio Villena: un funcionario que en 2005 llegó a pasar un par de meses en prisión preventiva, acusado de estafa, delitos contra la hacienda pública y contra los trabajadores, al serle atribuido el intento de regularizar a 300 sin papeles. Un juez archivó esa causa contra este empresario de Málaga que ha presidido la Asociación de Contratistas de Organismos Públicos, pero en 2013 y en 2018 fue cazado por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).

En la primera trama, este funcionario de carrera se encamina al banquillo de los acusados porque el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ya ha emitido auto de procedimiento abreviado, para juzgarle por delitos de falsedad y fraude a la Seguridad Social: "De las diligencias de instrucción practicadas, se desprenden indicios suficientes para considerar que el investigado, Antonio Sebastián Villena, creó un entramado de empresas ficticias o con actividad muy inferior al número de trabajadores contratados, con la finalidad de formalizar contratos simulados con los que los trabajadores pudieran obtener prestaciones de la Seguridad Social".

"Este investigado tenía de alta a decenas de personas en una supuesta actividad de recogida de ropa para la empresa que lleva su nombre, sin contar con una actividad empresarial real, usando esas contrataciones ficticias para obtener prestaciones por desempleo u otro tipo de ayudas de la Seguridad Social, o para la obtención del permiso de residencia de extranjeros en España", tal y como expone el auto judicial.

En la segunda trama, la Policía Nacional sostiene que desde la gestoría de Antonio Villena se tramitaban -supuestamente- de forma fraudulenta la regularización de ciudadanos sin papeles, previo pago de una 'módica' cantidad que oscilaba de 7.000 a 7.500 euros. Incluso el propio funcionario o sus presuntos compinches viajaban a Marruecos o a Bruselas a buscar clientes potenciales: inmigrantes que estaban dispuestos a pagar con tal de cumplir su sueño de vivir en suelo europeo.

De los testimonios recogidos en el primer sumario policial, se desprende que antes del año 2013, ya era vox populi en la Costa del Sol el chanchulleo de contratos a extranjeros que presuntamente gestionaba este funcionario de carrera. Prueba de ello es lo que el marroquí Amal le confiesa a la Brigada de Extranjería: "Solo puedo decir que en la comunidad árabe, todo el mundo sabe que este hombre facilita contratos a todos aquellos que lo necesitan. Esos contratos que oferta Antonio son a cambio de dinero, pero no puedo precisar la cantidad que pagan".

Otro inmigrante interrogado, el boliviano Adolfo Gabriel, sí precisa el dinero que él mismo pagó por un presunto contrato falso de trabajo: "Antonio me cobró 330 euros, a cambio de realizarme dicho contrato y darme de alta media jornada en la Seguridad Social. El dinero se lo pagué en mano y sin recibo. Todo esto se realizó en un bar de Fuengirola donde nos citamos por teléfono. Cada uno de los meses que estaba dado de alta para Antonio Villena o Enfoque Franquicias S. L., me citaba con Antonio en ese bar, donde me daba una nómina y yo le pagaba 330 euros".

La Brigada de Extranjería ha destapado que la presunta trama incluyó matrimonios de conveniencia por vía civil, a cambio de 3.000 o 4.000 euros, para obtener en la Oficina de Extranjería de la ciudad malacitana un permiso de residencia de familiar de comunitario. También consta que la Subdelegación del Gobierno de Málaga alertó a la Comisaría de Policía de la existencia de 16 expedientes de solicitud de residencia temporal en la Unión Europea, por parte de ciudadanos de Nigeria, cuyos familiares estaban empleados por Antonio Villena.

De modo que los agentes analizaron al milímetro la labor de Tony, así como la actividad de sus empresas y de sus empleados extranjeros. La UCRIF considera que todo era una tapadera, como la asociación Anisa, ubicada en el Polígono del Viso de Málaga, dedicada a recoger ropa usada en colegios de Andalucía, para su empaquetado y posterior envío a África: "Realizadas funciones de vigilancia por parte de funcionarios de este grupo operativo, se determina que no existe dicha actividad en el local mencionado".

Una imagen del administrador del Polígono El Viso de Málaga donde la Policía Nacional investigó la existencia de una asociación que recogía ropa usada para África.

De hecho, parece que el nombre de la asociación se lo tomaron prestado a una empleada de un locutorio llamada Anisa. "Ante tales hechos, esta instrucción cree que existen indicios suficientes para creer que estamos ante una empresa fantasma, cuyo principal objetivo es la venta de contratos a ciudadanos que necesitan dicho contrato, bien sea, para regular alguna situación administrativa en la comunidad europea, o para cobrar algún tipo de ayuda por parte de las arcas públicas […]".

Todos los 'actores' de la trama, bien los cónyuges, o los empleados ficticios, le aseguran a la Policía Nacional que se saltaron la ley por necesidades económicas o para renovar su tarjeta de residencia para que no les expulsaran de España. Es el caso de José María, con antecedentes por robo con fuerza, una discapacidad y que admite que se casó con Mercy, una nigeriana, por 3.000 euros: "Estaba en la calle y necesitaba el dinero".

Una vez que se producía la boda por lo civil, llegaba la firma de un contrato de trabajo para que la persona sin papeles pudiese regularizar su situación en el país. Así lo cuenta José María: "Fui a un bar del Polígono del Viso. Mercy quedó con Antonio Villena en el bar del polígono donde firmé el contrato en presencia de Antonio y de mi esposa, Mercy. Ella y Antonio se pusieron en un lugar del bar apartados de mí, donde Mercy le pagó la cantidad pactada […]. Mercy me dijo que era normal que todos los nigerianos que conoce acuden a Antonio Villena para que les haga un contrato de trabajo, a cambio dinero, pero no sé a cuánto asciende esa cantidad".

Tales testimonios llevan a la Brigada de Extranjería a realizar una afirmación lapidaria en la página 89 del sumario que entregan en sede judicial: "Este grupo operativo comunicaba que se encontraba ante una posible red de empresas, gestionadas por Antonio Sebastián Villena, que se podrían estar usando con el fin de regularizar la situación administrativa de extranjeros en nuestro país de forma irregular".

"En las diligencias policiales que fueron remitidas a este juzgado, se dejaba constancia de las declaraciones de varios de los imputados en esta investigación que declararon haber comprado literalmente el contrato de trabajo, para ser presentado en la Oficina de Extranjeros de Málaga, al objeto de poder obtener permiso de residencia en nuestro país. En todos y cada uno de los contratos que dieron lugar a esta investigación, han sido dados de alta en la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que desde ese momento, se hacen beneficiarios de los derechos sociales de quien consta de alta en la Seguridad Social, así como de prestaciones económicas [...]".

Un grupo de inmigrantes en las instalaciones de la Oficina de Extranjería en Málaga, en una imagen difundida por la Policía Nacional.

Cinco años después, la UCRIF volvió a investigar a Tony, destapando una nueva trama migratoria con el mismo protagonista: un funcionario en excedencia, que como director de permisoderesidencia.org, se jacta de haber cerrado acuerdos millonarios con el Instituto de Crédito Oficial o con varios bancos. "A través de dichos acuerdos y solo con mi consentimiento, se concedieron más de 2.500.000 euros, un total de 128 microcréditos, de 15.000 euros y 25.000 euros, a personas con problemas de inserción laboral, principalmente inmigrantes, para la puesta en marcha de actividades empresariales como autónomos".

En este segundo sumario se señala a Antonio Villena como el presunto cabecilla de una organización criminal a la que se le atribuyen delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lograr regularizar a sin papeles a través de falsas solicitudes de residencia temporal, por arraigo social o laboral.

Así arranca la investigación de la Brigada de Extranjería: "A principios de enero de 2018, se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas de nacionalidad marroquí que habrían obtenido en España, autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral o social, utilizando para ello documentación falsificada. Entre la documentación falsa utilizada para obtener las autorizaciones de residencia se encontrarían, autos judiciales, certificados del padrón municipal, recetas médicas, certificados de cuentas bancarias, etcétera".

"En la información facilitada a este Grupo Operativo de Extranjeros, indican que detrás de estas falsificaciones usadas para que los ciudadanos extranjeros puedan obtener la autorización de residencia de forma fraudulenta, se encuentra un grupo de unas diez o doce personas, dirigidas por un tal Antonio Sebastián, máximo responsable de una gestoría de Málaga".

Los investigadores tienen claro el modus operandi: "La información facilitada indica que Antonio Sebastián dirige a este grupo de personas desde la gestoría, situada en la Plaza Villa de Castelldefels de Málaga, donde tendría trabajando con él a tres o cuatro personas más que le ayudarían en su actividad ilícita, especialmente en captar clientes, y en la transmisión de las instrucciones tanto a los colaboradores, o acompañantes, como al propio 'cliente', sobre los trámites que tienen que realizar en cada momento".

"El resto de componentes de la organización, unas cinco o seis personas, trabajarían fuera de la gestoría de donde nace toda la actividad ilícita del grupo, y realizarían empadronamientos irregulares en distintos ayuntamientos de provincias andaluzas de Málaga, Granada y Almería. Además, acompañarían a los clientes a las dependencias oficiales, realizando en este caso labores de interpretación, incluso labores de vigilancia del propio cliente, por la posibilidad de que el mismo se ponga nervioso o le entren dudas a la hora de presentar documentos falsificados".

Dos de los sospechosos durante un seguimiento policial.

La Brigada de Extranjería expone que sus confidentes les hablan de pingües beneficios, por cada sin papeles regularizado: "En cuanto a la captación de clientes, indican que lo puede realizar cualquier miembro de la organización, pero fundamentalmente serían Antonio Sebastián, y los que trabajan con él en la gestoría, los que directamente realizan las gestiones oportunas para ofrecer a personas en situación irregular, la posibilidad de lograr una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, siempre previo pago de entre 7.000 euros y 7.500 euros".

"En los casos en que la captación es realizada directamente por los colaboradores o acompañantes, Antonio Sebastián les ofrecería un porcentaje de beneficios de un 20% de lo que cobra al cliente, lo que no cabe duda que es un incentivo para aumentar el número de captaciones realizadas. Según indican, esta organización criminal tiene un gran número de clientes por la facilidad con la que consigue 'regularizar' a muchos ciudadanos que se encuentran en situación irregular".

Todo ello, debido a que los tentáculos del entramado supuestamente llegaban a las instituciones: "Si los clientes aceptan las condiciones de la organización, previo pago de 7.000 o 7.500 euros, desde la gestoría les indican la Delegación o Subdelegación del Gobierno donde deben presentar la solicitud de autorización de residencia, y les facilitan los documentos que tienen que presentar, falsificando aquellos que sean necesarios para que el cliente cumpla con los requisitos exigidos [...]".

Una vez que es abonaba esa suma de dinero, al inmigrante se le proveía de todo tipo de documentación falsa para demostrar su arraigo en suelo español: diplomas de cursos formativos, informes médicos de alta de urgencias, certificados de entidades financieras, justificantes de envíos de dinero, certificados del Centro de Salud La Mojonera, autos de juzgados de lo Social de Málaga sobre procedimientos de despido...

Viajes a Marruecos y Qatar

La UCRIF pinchó teléfonos y escudriñó al detalle la rutina de cada uno de los sospechosos, poniendo especial interés en el responsable de la gestoría. "Para lograr el mayor número posible de personas en situación irregular a las que captar, Antonio Sebastián y demás personal de la gestoría, se desplazarían por todo el territorio nacional, inclusive por países de la Unión Europea como Bélgica". De hecho, a Tony le contabilizan diez viajes a Marruecos entre 2017 y 2018, así como dos incursiones en Qatar y otras dos en Argelia durante 2016. También llama la atención de los investigadores las veces que hace la maleta Samir: uno de los empleados de la gestoría.

"De Samir, se pudo comprobar que viaja a Marruecos incluso con más frecuencia que Antonio Sebastián. Sólo en lo que va de 2018 ha cruzado la frontera con el reino alauí en siete ocasiones. Sin embargo, Samir suele entrar en España por las fronteras terrestres de Melilla y Ceuta, y desde las ciudades autónomas se traslada en ferri a Málaga. Resulta relevante que retorne a territorio español en casi todas las ocasiones, por las fronteras de Ceuta y Melilla, pese a que esos pasos fronterizos suelen estar más colapsados y ser más dificultosos, sin embargo, el control documental también es más laxo", tal y como analiza la Policía Nacional.

Varios ferrys que enlazan Málaga con la ciudad autónoma de Melilla, en el puerto de la ciudad malacitana.

Del análisis de toda la documentación, la Brigada de Extranjería concluye que existe "un reparto de tareas" y "la asunción de roles" dentro de la -supuesta- organización criminal que "tendría como centro de operaciones una gestoría ubicada en la Plaza Villa de Castelldefels" de Málaga. También resaltan los investigadores que "todos los expedientes responden a un mismo patrón": la autorización que se pide para el inmigrante en situación irregular, siempre es por arraigo laboral o social.

"La mayoría de estos documentos son falsificados sobre la base de un documento auténtico, al que el falsario manipula los datos que le interesan. De ahí que los documentos sean considerados auténticos si no se consulta sobre su autenticidad a quien los expide, lo que en el ámbito de las solicitudes de autorización de residencia en materia de extranjería sería materialmente inviable", según alerta la propia Policía.

"Queda claro, que el único objetivo de esta organización criminal es el ánimo de lucro, enriquecerse ilícitamente, aun cuando para ello tenga que cometer varios delitos, aprovechándose de la situación de irregularidad en la que se encuentran determinadas personas, a las que por un motivo u otro les interesa conseguir una autorización de residencia, aún a costa de usar documentos falsos". 

Los investigadores sitúan a la cabeza de la trama a Antonio Villena: "El gestor y responsable de la gestoría, sería el líder de la organización criminal [...]. Esta persona actúa con sumo cuidado al objeto de que no se le pueda relacionar con los expedientes en los que figuran documentos falsos". Este funcionario en excedencia se enfrenta a dos causas judiciales distintas y ha contratado los servicios de uno de los mejores penalistas del país: el abogado murciano Raúl Pardo-Geijo. "Una vez estudiado en profundidad el tema, se irán desmontando los indicios incriminatorios, pero todo en el momento procesal oportuno", tal y como advierte el letrado.