Imagen del interior del Centro Penitenciario de Ponent.
Un preso reincidente agrede sexualmente a una funcionaria de la cárcel de Lérida durante un traslado hacia el módulo
El interno, con un historial de más de 50 faltas graves, tuvo que ser reducido y aislado mientras los trabajadores denuncian inseguridad creciente.
El lunes por la noche, un interno del Centro Penitenciario de Ponent, en Lérida, agredió sexualmente a una funcionaria durante el recuento nocturno en el módulo 5. Los hechos ocurrieron después de la cena, cuando los trabajadores penitenciarios acompañaban a los internos a sus celdas. Según fuentes del centro, el recluso aprovechó un momento de distracción para atacar a la funcionaria por la espalda, sujetándola con fuerza, realizándole tocamientos y restregando sus genitales contra ella.
La víctima, que logró zafarse tras un forcejeo, tuvo que enfrentarse al agresor directamente al no hacer este caso de las órdenes de los funcionarios. Finalmente, el interno fue reducido por el personal de seguridad y trasladado al Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), donde permanecerá aislado mientras se instruyen las diligencias. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los reclusos presentes en el momento del incidente mostraron su rechazo al agresor, gritando e insultándolo en apoyo a la funcionaria.
Peligroso y reincidente
Este no es el primer incidente protagonizado por el agresor, quien acumula un largo historial de conductas violentas y desobediencias en prisión. En 2014, protagonizó un caso similar en el que encerró a otra funcionaria en un despacho mientras se masturbaba. Fuentes penitenciarias lo describen como "un interno completamente inadaptado al régimen disciplinario y un auténtico peligro público de cara a su libertad definitiva". Con nueve ingresos en prisión desde 1996, el recluso cumple actualmente una condena de más de seis años por robo, con su libertad programada para 2028.
El expediente disciplinario del interno incluye más de 50 faltas graves y muy graves, además de innumerables actos de desobediencia. Los indicadores de evaluación penitenciaria muestran un alto riesgo de reincidencia violenta y quebrantamiento de condena en caso de permisos o salidas programadas. A pesar de su historial, el recluso percibe una pensión no contributiva de unos 500 euros mensuales, lo que ha generado críticas entre los trabajadores penitenciarios.
Un sistema en crisis
El caso ha vuelto a poner de manifiesto los problemas de seguridad en el sistema penitenciario catalán, que enfrenta una sobrecarga crónica y un aumento de la violencia. En los últimos meses, los sindicatos han denunciado un incremento de agresiones, especialmente contra funcionarias, en un entorno que describen como "cada vez más hostil". Según los trabajadores, la falta de personal, la saturación de los centros y la presencia de internos con perfiles muy violentos han creado un clima de inseguridad creciente.
Este incidente no es un hecho aislado. A finales de mayo, en el centro de justicia juvenil El Segre, también en Lérida, una educadora sufrió tocamientos por parte de un joven interno que cumplía condena por un delito sexual. En ese caso, la intervención de un vigilante evitó que el ataque fuera a mayores. Sin embargo, los trabajadores penitenciarios advierten que estos casos son cada vez más frecuentes y reclaman medidas urgentes por parte de las autoridades.
El caso de la agresión del lunes será trasladado al juzgado de guardia de Lleida, donde se evaluará la posible apertura de diligencias judiciales por agresión sexual. Mientras tanto, la funcionaria, que se encuentra físicamente ilesa, ha recibido apoyo de sus compañeros y se espera que pueda reincorporarse a su puesto en los próximos días.
