La profesora Elisa Pérez porta una bandera del sindicato de funcionarios en la manifestación del pasado sábado en la que miles de trabajadores públicos pidieron la supervivencia de Muface.
Isabel y Luis luchan por la supervivencia de Muface y de sus tratamientos de cáncer: "Nos va la vida en ello"
- Los funcionarios con enfermedades crónicas temen un desacuerdo entre las aseguradoras y el Gobierno que podría afectar a 1,5 millones de personas.
- Más información: Miles de funcionarios claman en Madrid por la supervivencia de Muface y amenazan con una huelga
El profesor Luis Muñoz teme que el tratamiento para el cáncer que le detectaron hace tres años tenga que ser revisado de nuevo por la sanidad pública. La funcionaria de prisiones Isabel Delgado espera que no verse obligada a pagar 500 euros al mes a una aseguradora privada para seguir su combate contra un tumor en el pecho. Y el administrativo Jesús González presiente que la sanidad pública colapsará si 1,5 millones de funcionarios dejan la mutualidad Muface.
El cese de los servicios de las aseguradoras privadas para Muface genera dudas entre los trabajadores públicos. Las empresas de salud piden al Gobierno un aumento de la prima para cubrir los gastos sanitarios a los funcionarios adscritos a la mutualidad para llegar a un acuerdo antes del 31 de enero, cuando extingue el convenio.
Luis Muñoz lleva tres años de combate contra el cáncer con la aseguradora Adeslas. “Tengo una revisión en primavera y, si no tengo Muface, pues debo solucionar de qué forma voy a seguir el tratamiento”, explica el hombre de 58 años.
DKV, Adeslas y ASISA, las tres aseguradoras que dan servicio a los funcionarios a través de Muface, enviaron en noviembre un mensaje a los trabajadores públicos para avisar del fin de sus servicios a partir del 31 de enero.
Una medida de presión para el Gobierno, que antes de esa fecha tiene que resolver las primas que dará a las empresas sanitarias para poder renovar el convenio con la mutualidad.
Esa fecha límite supone un punto de inflexión para Muñoz. “Tienen mi historial clínico [los médicos de Adeslas]. El tema es que lo han cogido a tiempo. El tratamiento ha funcionado. Y no sé si en la Seguridad Social voy a tener ese tratamiento en el tiempo y en la forma”, asegura el profesor en un instituto de Burgos.
Él se manifestó este sábado frente a la sede de MUFACE en Madrid junto a otras 35.000 personas, según el sindicato mayoritario de los funcionarios. Una cifra que la delegación del Gobierno en Madrid rebajó hasta los 6.500 asistentes. "No descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las Administraciones públicas", amenazó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.
La avanzadilla en la manifestación del pasado sábado sostiene un cartel en el que pide que Muface no desaparezca.
Entre esa marabunta estaban también Isabel Delgado y su marido, ambos funcionarios de prisiones en la cárcel de Topas, Salamanca. “Estoy a mediados de un tratamiento de cáncer de mama. Si me quitan el seguro privado tendría que pasar a la Seguridad Social. Con lo cual tendría que cambiar a todos los médicos que me llevan ahora en Muface”, explica la mujer de 61 años.
Ya ha barajado diferentes escenarios para seguir con su tratamiento. Uno de ellos es pagar de su bolsillo a la aseguradora ASISA. “Si eres oncológica con tratamiento, evidentemente las compañías dicen que le somos costosos y no les interesa asegurarnos, a no ser que paguemos entre 400 y 520 euros al mes. De ahí no hay nada que bajar”, explica Delgado.
El que pagan la mayoría de funcionarios es de 487 euros al año para recibir asistencia médica a través de Muface. Uno de los puntos más controvertidos, ya que las aseguradoras estiman insuficiente esta cifra para cubrir gastos y por eso piden primas más altas al Estado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido el modelo de Muface como “insostenible” y quiere desmantelarlo. Propone enviar el sobrecosto que se da a las aseguradoras privadas a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas en noviembre, extinguir Muface y que en nueve meses los funcionarios sean absorbidos paulatinamente por la sanidad pública.
Esta absorción provoca pánico a Jesús González, administrativo de la Junta de Castilla y León. Él no tiene ninguna enfermedad. Pertenece al 28% de los funcionarios que se han acogido a la seguridad social, la otra opción que Muface propone cada año a los trabajadores públicos, que deben entonces rechazar a las aseguradoras privadas.
Aunque el cambio no le afectaría personalmente, teme un colapso.“La seguridad social de las comunidades autónomas no va a tener gente suficiente para atender a los funcionarios. Aunque el dinero con el que se dota a Muface se repartiera bien, nos vamos a quedar con más listas de espera”, explica el hombre de 46 años.
Jesús González portaba un banderín del sindicato mayoritario de funcionarios en la manifestación del pasado sábado en Madrid.
La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha puesto número al miedo de González. Si los 1,5 millones de funcionarios fueran absorbidos por la sanidad pública, las listas de espera para consultas pasarían de una media de 121 días a más de 227.
Los números, además, podrían quedarse cortos. A los 1,5 millones de funcionarios que dependen de Muface habría que sumarle a sus familiares. Como es el caso de Elisa Pérez, profesora gaditana de 47 años.
“Tengo un hijo con TDH [Trastorno por déficit de atención] que tiene una medicación desde los 7 años y yo ahora, si nos vamos a la Seguridad Social, no sé qué va a pasar con todos sus informes”, explica Pérez.
Uno de los argumentos con los que se ha atacado a los funcionarios en redes sociales es el de que puedan optar a la salud pública y privada y lo hagan con las aseguradoras. “Cuando dicen que nosotros tenemos un privilegio es mentira. Nosotros también tenemos listas de espera tremendas. Llevo 5 meses esperando la cita con el neurólogo en ASISA”, explica la profesora.
Profesores, administrativos públicos, policías y muchos más funcionarios siguen esperando una oferta del Gobierno que convenza a las aseguradoras privadas, que piden primas de hasta el 40%. Muface ha respondido que las tres empresas que les aportan el servicio no han entregado "evidencias" de la subida de costes con la que pretenden una mayor financiación.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha garantizado que habrá un acuerdo para Muface, a pesar de que en su última oferta proponía unos incentivos del 17% a las empresas sanitarias, que quieren más.
Luis Muñoz define el acuerdo como vital: “Ojalá hubiera regalo de reyes y el próximo mes tengamos algo. Si no, a la huelga. Nos va la salud y la vida en ello”.
