Quedó tetrapléjico al atropellar a una mula y ha muerto antes de cobrar la indemnización

La justicia llegó tarde para Juan. Su sueño de comprar una casita baja con jardín y una enorme pajarera se esfumó este domingo, cuando la muerte se interpuso en su camino. Llevaba doce años y medio litigando. Primero con los propietarios de la mula contra la que colisionó el coche que conducía, accidente que lo dejó postrado en una sillita de ruedas de por vida; después con el atasco judicial de Utrera, que le impide cobrar la indemnización que dicta una sentencia. El millón de euros que nunca disfrutará.

Se llamaba Juan Carretero Gil y era jornalero. Nacido en una familia modesta de Algodonales, un pueblecito de Cádiz situado al norte de la Sierra de Grazalema. Su vida se truncó un 29 de febrero de hace doce años en mitad de una carretera. La fatalidad hizo que una mula se atravesara justo después de un cambio de rasante que dificultaba la visión. Se dirigía a Rociana del Condado a trabajar en la fresa. Caía la tarde. De poco sirvieron las señales que el único testigo de los hechos hizo desde su coche para alertarle. El SEAT Ibiza, de segunda mano y sin ni tan siquiera airbags, embistió al animal con tal violencia que la bestia acabó empotrándose en el interior del automóvil.

Juan no corría con el coche. No le apasionaba conducir. Su familia todavía recuerda lo mucho que le costó hacerse con el carné. También que le tenía mucho respeto al puente del Centenario, el más grande de Sevilla, que salva el Guadalquivir con cinco estrechos carriles, dos para cada sentido y uno reversible. Esa desconfianza le hizo optar por un camino alternativo, transitado por muchos vecinos de Algodonales. No era la primera vez que tomaba el atajo, pero sí la última.

El timbre sonó a medianoche en la casa de Josefa Escalona, su esposa y madre de sus tres hijos. Dos agentes de la Guardia Civil fueron los portadores de la nefasta noticia. Juan estaba vivo pero ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Rápidamente, Josefa y su hijo mayor corrieron para reunirse con él. Pero Juan estaba apenas irreconocible. Una maraña de cables entraban y salían de su cuerpo, repleto de hematomas y con la mandíbula rota. Estaba consciente pero no recordaba nada. Ni la mula ni el accidente.

A la izquierda la grúa con la intentó, sin éxito, suicidarse Fernando Ruso

"No noto las piernas”, repetía. Josefa lo achacó a los calmantes. Erró. Las pruebas indicaban una lesión medular. Juan nunca más volvería a andar.

“Yo me preguntaba una y otra vez que cómo mi marido iba a aceptar esta situación. Él, siempre tan activo. Ese fue mi primer pensamiento. Y lo aceptó, pero mal”, cuenta Josefa. Juan era un hombre fuerte, acostumbrado a los largos jornales en el campo. De joven fue paracaidista en el servicio militar. Una vitalidad incompatible con la tetraplejia que le fue diagnosticada. Y Juan sucumbió a la depresión. Hasta tal punto de que uno de los psiquiatras que lo trataron en el hospital fue tajante. “¿Sabe qué es una lesión medular? Usted se ha partido la columna y no volverá a andar. Pero de usted depende reaccionar y vivir bien a pesar de sus limitaciones o dejarse morir”, le explicó el galeno. Y su ánimo cambió.

La demora en la Justicia

Había vencido su primer batalla, la de su vida. Sin solución de continuidad se iniciaba la segunda, la de reclamar justicia. Juan llevó su accidente a los tribunales, primero por la vía penal, demanda que fue desestimada al entender el juez que su caso debía correr por la vía civil. Entre una y otra ya mediaban cuatro años. “Solo el hecho de mover el expediente de una habitación a otra ya fueron dos años. De uno a otro despacho que estaban en el mismo pasillo”, detalla Ana María Carretero, la hija de Juan. “Ese colapso es escandaloso”, subraya.

La sentencia condenatoria a los propietarios de la mula que causó el accidente de Juan y al propietario de la finca que la guardaba llegó cuatro años después. Más de ocho desde el inicio de los trámites. En ella, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Utrera instaba a los demandados a satisfacer una indemnización de 620.567,44 euros por los daños y perjuicios causados a Juan. Cifra a la que hay que añadir los correspondientes intereses de demora. En total, la suma se eleva a más de un millón de euros. Sin que el bufete que lleva la causa del tetrapléjico sepa valorar con exactitud la cifra, que sigue engordando día a día desde hace años.

En la actualidad, los demandados mantienen recurrida la sentencia “muy buena, buenísima”, según valora Fernando Osuna, el letrado de la familia Carretero. El bufete encargado de defender los intereses de los ya herederos del tetrapléjico asegura que aunque haya un recurso interpuesto se debe exigir la ejecución provisional del fallo judicial. Los acercamientos con los condenados han sido infructuosos y solo cabe que el juzgado de Utrera que lleva el caso ejecute el embargo de los bienes a favor de los Carretero.

Juan Carretero durante su época de paracaidista en el ejército, antes de ser jornalero. Cedida

Pero esta vía se encuentra en punto muerto. Tanto que el expediente acumula polvo en los juzgados de Utrera. Nadie mueve un papel. “Lo que debería ser algo que se resuelve en dos o tres meses ya va para dos años y medio”, detalla el letrado. “Y no espero que se solucione antes de otros dos años”, añade. “Es tremendo”, valora.

La familia del fallecido recuerda las muchas veces que llamaba el letrado a Juan. Otras veces se pasaba para verlo y explicarle las acciones que estaban en curso. Desde contactos con los principales partidos políticos del país, a recabar el apoyo del Defensor del Pueblo o conseguir armar revuelo en los medios de comunicación.

Juan incluso se planteó la posibilidad de iniciar una huelga de hambre que le hubiese agravado su delicado de salud. Y su abogado avisaba a las instituciones civiles y judiciales que la dilación injustificada de la ejecución de la sentencia estaba mermando la salud del tetrapléjico. Su cuerpo lleno de llagas, el esófago deteriorado y una larga lista de secuelas derivadas del accidente.

Penurias económicas

Mientras, la familia optimizaba la pensión por invalidez que fue reconocida a Juan por su tetraplejia. Facturas de la luz de más de 300 euros por el uso del respirador y otros 200 más cada vez que visitaban la farmacia. Un calvario que sobrellevaban con la esperanza puesta en el millón de euros que los sacase de esa penuria económica.

Juan fantaseaba con comprar una casa baja, con cuatro habitaciones, algo modesto pero con jardín y patio interior en la que instalar una gran pajarera, como la que él tenía antes de sufrir el accidente y que la familia tuvo que derribar para convertir una de las estancias en un dormitorio en la planta baja.

Josefa dejó de trabajar en una residencia de Algodonales para dedicarse a día completo a Juan. Y los ingresos fueron mermando a medida que los gastos se elevaban. Más de 20.000 euros para la adaptación de la casa, situada en una barriada humilde de Algodonales, a la nueva realidad y la compra de un coche para personas con minusvalía para poder hacer pequeñas escapadas con las que romper la rutina. A Chipiona, a Ronda… o para llevarlo al hospital. “Porque una ambulancia costaba 300 euros por viaje”, detalla Ana María.

La familia se vio obligada a pedir un préstamo con la que remontar la inesperada situación. Al menos hasta recibir los 70.000 euros con los que el seguro les indemnizó. Lo único que han percibido hasta la fecha además de 180 euros al mes por la Ley de Dependencia. Insuficiente para que Josefa pudiera contratar a alguien que ayudase con los cuidados de Juan.

Los años seguían pasando y la salud, de ambos, se deterioraba. “Yo ya no podía manejarme con él”, concreta Josefa, que esperaba varias operaciones en las piernas y en las manos. “¿Qué hubiese sido de mi marido si yo no hubiese podido atenderlo?”, se pregunta la esposa, que ahora solo recibe una pensión de viudedad.

La situación irrita a la familia días después de haber dado sepultura a los restos de su padre. “El dueño de la mula no tiene vergüenza ninguna. Nunca se molestó en llamarnos. Tampoco ha puesto facilidades. Todo lo contrario, nos han mirado siempre por encima del hombro”, relata Ana María.

“El dinero me da igual, mis hermanos y yo somos jóvenes, tenemos salud y podemos valernos por nosotros mismos”, explica. “Me hubiese dado tener menos, ¿300.000 euros? Y que mi madre se hubiese permitido contratar a alguien que la ayudase en los cuidados de mi padre”, afirma. “A través de nuestro abogado le hemos intentado dar facilidades a la familia para que pague, o mediante el traspaso de tierras o a plazos, pero ellos siempre lo han rechazado”, concreta. “Ahora solo quiero que se haga justicia y pienso hacer lo que sea necesario para conseguirlo”, anuncia.

Trató de suicidarse

El caso de Juan Carretero es, como define el abogado Fernando Osuna, “el máximo exponente, el emblema, de que el poder judicial no funciona en España”. Tal es su convencimiento que el pasado mes de junio interpuso una petición de auxilio judicial ante el Consejo General del Poder Judicial para que se ejecute la sentencia de su defendido así como se adopten medidas disciplinarias contra el Juzgado de Utrera y las responsabilidades administrativas correspondientes por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Aunque, por mucho que ya corra, la Justicia llegará tarde para Juan. El pasado domingo se apagó poco a poco después de un par de años de complicaciones e ingresos hospitalarios. Su ánimo se fue quebrando. Tanto que incluso en dos ocasiones trató de quitarse la vida. Primero haciéndose varios cortes profundos en la pierna; después intentando ahorcarse con la grúa con la que la familia se ayudaba para moverlo.

Aprovechó dos descuidos. “Aunque yo lo entiendo. Yo en su situación lo habría hecho”, confiesa su esposa. “Ahora sentimos alivio por él, pero nosotros queríamos seguir teniéndolo con nosotros”, añade. “Ha dejado de sufrir”, repetía delante del ataúd. “Parecía que estaba durmiendo”, recuerda.

La madrugada del sábado al domingo, una de tantas que pasó ingresado en el hospital concertado de Villamartín, un pueblo vecino a Algodonales, Juan bromeaba con un celador con el que había entablado amistad. Hablaba de afeitarse. Y así sin más empezó a respirar con esfuerzo. Rápido, Josefa llamó a los sanitarios. “Su marido ha entrado en coma y está agonizando”, le dijeron. Una parada cardiorrespiratoria se le juntó con una tromboembolia pulmonar. Y se fue.

Disfrutaba yendo al campo, tomando vinos con sus amigos o viendo las películas de Cantinflas con su familia. Era presumido. Acicalaba su bigote, blanqueado por las canas. Amaba a Pepita y Vicky, sus dos perritas de la raza yorkshire. Y soñaba con una gran pajarera en la que ver volar a Juanillo, su último canario.

Han pasado más de doce años desde el fatídico accidente. “Él ya no está, pero nosotros seguiremos reclamando justicia”, insiste la familia. Esperan el millón de euros, ese que ojalá nunca hubiese llegado a sus vidas por un accidente que ojalá nunca hubiese ocurrido.

Cementerio de Algodonales. Fernando Ruso