Las prisas de Felipe V por consumar su matrimonio provocaron el naufragio del tesoro

Las templadas y cristalinas aguas que bañan la península de la Florida llevan siglos engañando a los marineros que las surcan. Aunque apacibles en apariencia, su imprevisible bravura ha costado la vida a miles de españoles desde que fueran avistadas por primera vez. Una de las mayores demostraciones de su peligrosidad se produjo la mañana del 31 de julio de 1715, en una de las grandes tragedias navales de nuestra historia.

Aquel día un huracán sorprendió a la primera flota que Felipe V, recién proclamado rey tras la Guerra de Sucesión, mandaba volver desde las Américas cargada de oro y plata para aliviar la penosa situación de la hacienda real tras los años de disputa europea por el trono. Pero aquella expedición no sólo transportaba caudales. En sus bodegas viajaban baúles rebosantes de perlas, piedras preciosas y otras joyas dirigidas a la reina consorte Isabel de Farnesio, segunda esposa del soberano, que no admitía consumar el matrimonio con el Borbón hasta recibir una dote que nunca llegó. Once de las 12 naves de aquella escuadra, así como la fortuna que transportaban, se fueron a pique sembrando el lecho marino con los cuerpos de cerca de mil hombres.

La escuadra de 1715 estaba formada por dos flotas, la de Tierra Firme y la de Nueva España. La primera arribaba a Cartagena y Porto Bello (Panamá) lleno de mercancías de la metrópoli que se vendían en las colonias. Una vez descargados los galeones, se recogían los tesoros procedentes del Virreinato de Perú (Perú y Chile) y de Nueva Granada (Colombia), incluidas las perlas de Isla Margarita. La otra atracaba en Veracruz (México) y llevaba de las riquezas de Nueva España. Luego se reunían en La Habana, donde solían sumar al cargamento tabaco cubano.

Tres siglos después, varias empresas de cazadores de tesoros estadounidenses están removiendo sin contemplaciones aquella fosa común para saquear los restos de aquel fatídico episodio, valorados en más de 400 millones de dólares. El Gobierno español, a diferencia de lo que hizo con el caso Odyssey, ha renunciado a plantar batalla en los tribunales. Y no es la primera vez que ocurre. El régimen de Franco ya rehusó a reclamar este mismo botín en los años 60.

En este tipo de combates legales, la institución encargada de velar por la conservación de nuestro patrimonio subacuático, ya sea en mares propios o ajenos, es el Ministerio de Cultura en colaboración con las embajadas. En el caso norteamericano se cuenta además con la ventaja de que tanto la Corte Suprema como la Casa Blanca reconocieron hace 15 años que los pecios españoles siguen siendo propiedad de nuestro país, algo que no ha frenado el continuo expolio.

Pero antes de profundizar en las amenazas que acechan a lo que queda de aquellas estas embarcaciones, repasemos su triste historia. Este relato arranca el 24 de julio de 1715. Los balcones de La Habana se habían engalanado para despedir a una de las mayores flotas que habían pasado por aquel puerto colonial desde hacía años, y la primera que navegaba bajo el nuevo escudo real. De acuerdo con los registros históricos se izaron banderas, una multitud de ciudadanos se congregó en los muelles y hasta se dispararon salvas para desear suerte a los dos mil marineros de aquellas 12 naves que acunaban en su interior inmensas riquezas.

Pese a aquellos fastos, el general al mando, Juan Esteban de Ubilla y Echeverría, y el gobernador de la isla sabían que aquel viaje no era una buena idea. Ese tipo de travesías desde las Antillas hasta la Península debía realizarse de mayo a junio, antes de la temporada de huracanes del estrecho de la Florida. Pero la orden venía directamente de la corte. Mandato regio. La situación del erario real era crítica, casi de quiebra tras las últimas revueltas en Cataluña, y los capitales de las Indias llevaban años almacenándose en las colonias, puesto que con media Europa peleando por la corona española, se habían paralizado estas rutas por miedo a los asaltos en alta mar.

Además, estaban las necesidades maritales de su majestad, apodado El Animoso, que no podía compartir cama con su esposa hasta entregarle los regalos prometidos, según concluyen varias investigaciones realizadas por las empresas que trabajan en la recuperación de la flota en el Archivo de Indias, y que apuntan a la existencia, entre otros objetos, de un corazón manufacturado con 130 perlas, un anillo de esmeraldas de 74 quilates o un rosario de coral puro.

Esta suma de circunstancias llevó a Felipe V a presionar para que las embarcaciones zarparan lo antes posible. Desde Cuba, los galeones se dirigieron hacia el norte, a través del estrecho de la Florida, surcando la costa este de la península hasta aproximarse a Cabo Cañaveral para aprovechar las corrientes del golfo y virar hacia las Bermudas. Allí esperaban impulsarse con los vientos dominantes que les llevarían hasta España. Pero el plan no se cumplió. La aventura acabó con cerca de un millar de españoles pereciendo bajo la tormenta y siete millones de monedas esparcidas a la altura del actual Fort Pierce.

Tras aquel desastre, las plazas españolas de La Habana y San Agustín articularon una operación de rescate del cargamento, que sólo permitió recobrar una parte de lo perdido. Con el tiempo, la zona del naufragio quedó convertida en una suerte de camposanto subacuático hasta que 250 años después llegaron los cazadores de oro.

SITUACIÓN ACTUAL

Desde el año 2010, es la empresa '1715 Fleet - Queens Jewels, LLC' la que explota este yacimiento, batiendo la arena con maquinaria pesada en busca de monedas y otros vestigios de valor. Esta compañía, dirigida por Brent Brisben, desenterró en verano de 2015 más de 400 monedas de oro valoradas en 5,5 millones de dólares. Tras aquel hallazgo, la Embajada de España en Washington anunció que estudiaría qué pasos dar en caso de que fuera posible reclamar aquel descubrimiento. Finalmente no se hará nada. Aquellos restos no volverán a España.

El Ministerio de Cultura, consultado por EL ESPAÑOL, considera que no tiene derecho sobre ese yacimiento arqueológico, que fue descubierto en los años 60 y que se explota con una licencia “legal” del Estado de Florida de aquella época. La sociedad '1715 Fleet - Queens Jewels, LLC' compró dicho permiso en 2010 a otra empresa, que había recuperado objetos valorados en 175 millones previamente en la zona. Se trataba de 'Mel Fisher’s Treasure', fundada por el popular cazador de tesoros Mel Fisher, que alcanzó la fama en los años 80 cuando localizó el galeón español Nuestra Señora de Atocha, hundido en Florida en 1622.

Fisher ha levantado un imperio alrededor de estos naufragios olvidados, extendiendo sus búsquedas a otros buques, e incluso creando un pequeño museo de naval. Pero no se deje engañar. No son motivos arqueológicos los que mueven a esta compañía, sino el oro que extrae de estos pecios, aunque para ello tenga que destrozar el contexto histórico que lo rodea.

Desde la sede de esta empresa, situada en la localidad de Sebastian (Florida), Taffi Fisher Abt, hija de su fundador, explica a este periódico que siguen actuando sobre barcos españoles, “explorando la excavación del Atocha y del Santa Margarita -otro galeón-". Los objetos recuperados, según reconoce abiertamente, se pondrán a la venta en la tienda que regentan en Key West y en la web www.MelFisher.com, donde distribuyen “monedas y otros tesoros auténticos de aquellas naves”.

Efectivamente, si uno accede podrá comprobar que por 5.000, 6.000 o 10.000 dólares puede adquirir un auténtico doblón español o alguno de los artilugios que viajaban en aquella desdichada nave.

Aquí cabría preguntarse si una empresa privada puede recolectar y comerciar con un cargamento que fue propiedad del Reino de España. Este debate se abrió en la década de 1950, cuando en EEUU se desató la fiebre del tesoro tras varios descubrimientos similares al del Atocha. Numerosos aventureros se lanzaron a desenterrar mapas y a examinar ese reguero de más de 250 buques españoles sepultados a lo largo de las rutas comerciales de la Carrera de Indias, desde Luisiana a las Bahamas, desde Keywest a Nueva Jersey, y de California a Oregón. Un saqueo en toda regla.

LA SENTENCIA DE 2001

No fue hasta el año 2001 cuando tanto la Casa Blanca como el Tribunal Supremo reconocieron que esos barcos y su carga seguían siendo propiedad de España. En concreto, el Alto Tribunal dictaminó que los buques naufragados El Juno y La Galga, hundidos en 1802 y 1750, respectivamente, en aguas de Virginia y Maryland, con más de 400 soldados y un supuesto porte valorado en 500 millones de dólares, pertenecían a nuestro país y que ningún cazador podía perturbar el descanso de los soldados y marinos ahogados. El Gobierno ganaba el caso contra el Estado de Virginia y una empresa privada y sentaba un importante precedente.

Pese a aquel logro legal, el Estado ha sido incapaz de hacer valer ese reconocimiento y frenar el pillaje submarino que sigue produciéndose hoy mismo en la Florida, a la vista de cualquiera que se asome por aquellas playas. Desde Cultura argumentan que no se plantean tomar medidas porque los hallazgos que explota Mel Fisher y las otras empresas sobre la Flota de 1715 o el Atocha se producen “al amparo de permisos antiguos expedidos por Florida, en un yacimiento descubierto hace más de cincuenta años.

España, de hecho, nunca denunció estas extracciones. “Los permisos otorgados en los 60 eran legales y plenamente en vigor. No podemos recurrir una norma de otro Estado emitida en ejercicio de su soberanía. Lamentablemente hay permisos antiguos que continúan vigentes”, agregan estas fuentes, que, no obstante, aseguran que ya no se conceden más licencias de este tipo y que las autoridades norteamericanas colaboran plenamente con el ministerio.

No obstante, surge la duda de por qué ni siquiera se intenta discutir en los tribunales este expolio. Quizá la respuesta esté en que España, durante el régimen de Franco, sí autorizó, y por escrito, esta situación.

“Nuestra familia comenzó a rescatar naufragios de la flota de 1715 en la década de 1960 en la costa este de la Florida, dentro de los límites del estado. En ese momento se estableció contacto con España y se les preguntó si tenían algún interés en los artefactos encontrados. El entonces embajador -el marqués Alfonso Merry del Val y Alzola- nos escribió una carta diciendo que no, que los barcos habían estado allí durante más de dos siglos y que no tenía interés en reclamar”, revela Taffi Fisher Abt, que confirma que nunca han sido denunciados por nuestro país.

EL PERMISO DE FRANCO

Sorprende la determinación con la que el representante de España, sin ni siquiera solicitar más información, renuncia en su misiva a cualquier posible derecho sobre el pecio y el tesoro encontrados: “No hay duda de que el Estado español no puede reclamar ningún título a dicho tesoro por las siguientes razones: si el descubrimiento es considerado ‘salvamento marítimo’, el propietario del buque y/o mercancías han perdido todos los derechos por abandonar cualquier intento de recuperación. Si el descubrimiento es en el territorio bajo la jurisdicción de un estado, en este caso Florida, las leyes de este estado determinarán la propiedad del tesoro. En el mejor de los casos la prescripción extintiva actuaría en contra de cualquier derecho que un propietario anterior pudiera hacer valer”, aseveraba el diplomático.

Resulta también curiosa la poca atención que la Embajada prestó desde los 60 hasta los 80 a esta cuestión. Si se repasan las actas de varios juicios que tuvieron lugar en Florida a lo largo de estas décadas a cuenta de la titularidad de navíos españoles, en la mayoría de los casos el juez suele anotar en sus resoluciones que España no ha mostrado interés o no se ha personado en el proceso.

En el caso del Atocha, se repite la historia de la Flota de 1715. Se encontró en los 70 en aguas internacionales. Tampoco aquí se personó España en el juicio.

A tenor de ese historial, desde esta compañía descartan que vayan a tener problemas legales con el Estado español en el futuro. De hecho, presumen de que incluso donaron a nuestro país el mejor de los nueve cañones de bronce salvados del Atocha, que fue aceptado por la reina Sofía en 1976 en la Sala de Exploradores de National Geographic en Washington DC, y que fue trasladado al Archivo de Indias de Sevilla.

LA DOTE DE LA REINA

Así las cosas, la empresa 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC tiene el camino libre para seguir extrayendo nuevas muestras del cargamento de la Flota. Los últimos hallazgos se produjeron durante el pasado septiembre, como puede comprobarse en el diario gráfico de sus actividades que ofrece en su perfil de Facebook. Sin embargo, la parte más valiosa y desconocida del cargamento de aquellas once embarcaciones aún permanece oculta entre los arrecifes del mar Caribe.

Nos referimos a la dote de la reina, de la que poco se sabe. Tras la muerte por tuberculosis de la primera esposa de Felipe V, María Luisa de Saboya, el rey se casa con la duquesa de Parma Isabel de Farnesio por poderes el 24 de diciembre 1714. Para agasajarla, el monarca ordenó fabricar varias series de joyas poco comunes en el Nuevo Mundo y traerlas a la corte. La orfebrería era un sector libre de carga impositiva, por lo que no se detallaron esos lotes en los manifiestos oficiales, donde sólo se mencionaban 62 cajas de regalos. Todo se guardó en la cabina personal del capitán y jamás se recuperó, pese a lo que el matrimonio fue finalmente consumado y la descendencia borbónica garantizada. El pasado mes, por cierto, han empezado a aparecer algunos elementos que podrían formar parte de aquel presente, como anillos y brazaletes.

Pero estas operaciones de ‘rescate’ no sólo dejan al descubierto sortijas, gemas y otras maravillas extraídas de las minas coloniales españolas. La maquinaria utilizada por estas compañías emplean el denominado "sistema de buzón de correo", que consiste en unos enormes tubos de metal, doblados en forma de un codo, que generan potentes remolinos para levantar las arenas y excavar hasta la roca madre, arrollando y fracturando cualquier vestigio depositado allí durante la tormenta de 1715, incluidos los huesos de cerca de mil marineros españoles.

Entre esas osamentas esparcidas en la arena se encuentran los restos del general de la flota, Juan Esteban de Ubilla y Echeverría, que no sólo se llevó a la tumba las alhajas de la reina. Con él se hundió un oscuro secreto, la historia de una conspiración contra el recién proclamado Felipe V en la que este veterano navegante se vio envuelto.

COMPLOT CONTRA LOS BORBONES

El historiador estadounidense Bernard Keiser descubrió a partir de varias escrituras y legajos del siglo XVIII del Archivo de Indias de Sevilla y de la Biblioteca Militar Británica, que el general, perteneciente a la nobleza española, se vio involucrado en la causa contra el advenimiento de los Borbones. Parte de la nobleza y del almirantazgo nacional apoyó a la dinastía de los Habsburgo, sustrayendo las riquezas americanas en beneficio de la Casa de Austria.

Según este investigador, en 1714 Ubilla y Echeverría zarpó del puerto de Veracruz cargado con el conocido como tesoro azteca, que era parte del tributo que aquel virreinato rendía a la corona. Según los citados documentos, el general habría navegado hacia los mares del Sur y cruzado el estrecho de Magallanes para arribar a la isla de Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández, hoy perteneciente a Chile. Allí habría enterrado parte de aquel oro en varios toneles.

El marinero estuvo desaparecido más de un año. En 1715 regresó a España para seguir a las órdenes de la corona, aunque su servicio, como ya contamos, fue breve. El huracán de la Florida lo arrastró hasta el fondo del mar con su secreto, aunque antes escribió cartas a los ingleses, contrarios a los Borbones, desvelando dónde se encontraban exactamente los barriles repletos de riquezas.

Por cierto que en Chile llevan años también buscando aquel tesoro en la isla que hiciera famosa el escritor Daniel Defoe. Y es que la Flota de 1715 o el Atocha son sólo alguno de los casos más conocidos de tesoros perdidos, pero desde luego no son los únicos. Hace pocas semanas, el 12 de septiembre, la empresa Maritime Research and Recovery anunciaba en su web que ha firmado un contrato para explorar el yacimiento donde se cree reposa el famoso naufragio de Santa Margarita, al oeste de Key West, que portaba 155 barras de plata y 80.000 monedas del mismo metal. Fisher también comparte esta licencia. El botín asciende a 200 millones de dólares. Y una vez más, la web de esta empresa es también un diario fotográfico del expolio al patrimonio español.

Las historias son infinitas. Hay tantas como vidas de españoles perecidos en la mar. No en vano, a principios del siglo XVIII los dominios de España ocupaban más de una tercera parte del mundo conocido, controlando además el comercio marítimo. Actos de piratería instigados por otras naciones europeas, pero sobre todo las tempestades acabaron llevando a pique más de 1.500 naves que hoy reposan en el fondo de las rutas de la Carrera de Indias. Ajustándonos a las fronteras actuales, buena parte reposan en aguas territoriales de EEUU, principalmente en el Estrecho de Florida. La Justicia reconoce que son patrimonio español. Reclamarlo ya es otra historia.