“Tienes que follar más, que estás muy flaca”. Esta era la contundencia con la que Santiago Romero Granados, el catedrático y exdecano de la Universidad de Sevilla, trataba a las compañeras que acosaba. Esta semana ha sido condenado a siete años de cárcel y a una indemnización de 110.000 euros por abusar sexualmente de dos profesoras y una becaria del departamento que dirigía. Así lo indica la sentencia que lo va a encarcelar y que le impide dar más clases por su “ostentación de poder” y por “tocamientos inconsentidos”, todo con "con ánimo libidinoso".
Durante cuatro años las tres mujeres se vieron sometidas a la presión de su superior, pero a finales de 2010 denunciaron el comportamiento de Romero ante el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, éste hizo caso omiso a la acusación de las mujeres. Hasta que los sindicatos de la Universidad y la comunidad educativa de la hispalense no comenzaron a manifestarse no tomaron medidas. Aún así Romero seguía teniendo carga docente en la Universidad Hispalense hasta el mismo día en que se conoció la sentencia. Ésta, además, señala que “contaba con la cooperación” de compañeros, la connivencia del equipo de gobierno de la institución ha sido palpable durante el proceso, de hecho, ahora el catedrático continuará cobrando el 75% de su sueldo sin trabajar.
Un lametón en mitad del pasillo
Santiago Romero ha estado siempre ligado al mundo del voleibol. En ocasiones como esta acudió a homenajes con algunos de los jugadores a los que entrenó.
Según relata la sentencia una de las víctimas se reincorporó a su trabajo en la Universidad tras un alta médica. Fue al despacho del director del departamento para que le comentase cómo había ido la asignatura y para que le diese las indicaciones oportunas para su reincorporación. Éste le dijo que era “aconsejable” que fuera a saludar al decano de la Facultad de Educación, Santiago Romero Granados, para “no tener más problemas con él”. Ella aceptó y fue a visitarle, aunque esta vez tomó precauciones. Se puso un abrigo grande, un pantalón de chándal y una carpeta que la sostuvo cubriéndole el pecho para impedir sucesos similares a los que ya había vivido con su superior.
A pesar de ello al llegar al despacho Romero la cogió por la cintura, la puso contra la mesa e intentó darle dos besos en la boca. No consiguió apartarle la cara. Él continuaba. Comenzó a frotarle el abdomen hasta llegar a tocarle el pecho. Ella lo apartó con la carpeta y se marchó. Un par de meses después se le volvió a acercar. Iba acompañado de otra persona. La saludó y le dijo que estaba “buena”. El otro individuo se apartó. En ese momento, Romero la cogió por la cintura, le dio un beso en el cuello y le propinó un lametón.
Por escenas como ésta el exdecano ha sido condenado a tres delitos continuados de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas. Las consecuencias para el exdecano han llegado diez años tarde, pero para sus víctimas fueron inmediatas.
Un catedrático ‘cum laude’ en abusos sexuales
Cuando comenzaron los abusos, Romero ya era un reputado catedrático, el primero de España en Educación Física. Su nombre aparece en múltiples publicaciones académicas y en los tribunales de tesis doctorales. Su fama había empezado treinta años, pero en el mundo del deporte. Nació en Archidona (Málaga) el 25 de julio de 1949. Llegó en 1970, a los 21 años, a la ciudad andaluza después de estudiar en Madrid. Leyó su tesis en a finales de octubre del año 1991 y obtuvo la calificación de cum laude. Seis años después, se convirtió en decano de su facultad. Tenía 48 años.
En diciembre de 2010 el exitoso rector tenía 62 años y ya había cometido los abusos. Fue entonces cuando tres compañeras del departamento de Educación Física y Deporte comprendieron que además de su vocación académica tenían otra cosa en común: era el mismo profesor, Romero Granados, el que abusaba de las tres. Denunciaron lo sucedido ante la entonces vicerrectora de Profesorado, Elena Cano. Sin embargo, ésta hizo caso omiso a su acusación y les recomendó que guardasen silencio. No fue la única. Ante el silencio impuesto a las víctimas y la connivencia de los altos mandos de la Universidad éstas acudieron a parte de la comunidad educativa y al Sindicato Andaluz de Trabajadores. En la primavera de 2011 una de ellas contaba así su testimonio:
Soy otra víctima más. Desde los primeros meses en que me incorporé como profesora fui víctima de acoso sexual por parte del catedrático y actual director del departamento. Desde mi llegada al centro como profesora abusó de su supuesto poder y posición, jugando con mi inestabilidad laboral y mi ilusión profesional y vocacional; la de ser educadora.
Santiago Romero Granados fue decano de Educación desde el año 1997 hasta el 2009. En Abc Sevilla se hacían eco de su renovación.
Aunque recurrí y comuniqué lo que me estaba pasando a alguna persona de peso dentro del departamento obtuve respuestas como: “Que estuviera tranquila, que no era la única persona a la que le había pasado aquello, que no lo fuera contando por ahí, que podía acompañarme cada vez que necesitara acudir a su despacho y que no todo el mundo era así en el departamento, que yo era inteligente y podría darme cuenta de en quién podía confiar”.
Esta respuesta, el miedo, la vergüenza, el ser nueva dentro del sistema universitario como profesora, mi inestabilidad laboral y el shock de acoso a la edad de 26 años me hicieron adoptar entonces una postura que considero débil, frágil y cobarde, que iba en contra de mis principios como persona y que independientemente del daño que me causaba hacía un flaco favor no sólo a las personas que como yo eran víctimas de este tipo de abuso en el departamento, sino que todo ello repercutía también en la calidad y la docencia de una Universidad en la que confiaba. Esa postura a la que aludo es el silencio.
La primera persona a la que acudieron en busca de ayuda, Elena Cano, fue vicerrectora de Profesorado hasta 2015, cuando el entonces rector de la Hispalense y hoy Consejero de Economía y Consumo de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, la ascendió a vicerrectora de Relaciones Institucionales. Un cargo mejor visto dentro del conglomerado universitario. Cargo que ocupa en la actualidad.
Pensamientos suicidas
La sentencia afirma que a causa de los abusos continuados las víctimas han tenido consecuencias físicas - “pesadillas”, “pérdida de peso”, “vómitos” o un “trastorno adaptativo ansioso depresivo”- e incluso una de ellas “en la actualidad manifiesta seguir en tratamiento psicológico y que incluso ha llegado a tener pensamientos suicidas”. Una de ellas comenzó a sentir no sólo miedo, sino “pánico” al catedrático. Miedo a la ostentación que hacía de su poder. Miedo a perder su puesto de trabajo, miedo a que nadie creyese lo que decía.
Una vez que las tres profesionales denunciaron, su situación no cambió. Siguieron trabajando con su acosador. La delegación sindical de la Universidad y diferentes profesores dieron un golpe en la mesa y con las herramientas que tenían a su alcance comenzaron a movilizarse. Se pedía la “suspensión cautelar de Santiago Romero Granados mientras se desarrolla el proceso judicial”. Además, se exigía que el expediente disciplinario que el Rectorado había abierto por la denuncia ante el Juzgado de Sevilla de las tres profesionales, no se desviase a los tribunales y se tomasen medidas cautelares, ya que además esto suponía incumplir las leyes para la promoción de la Igualdad de Género y de Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía. Texto al que se refirió la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, en una carta al rector en marzo de 2011, con el objetivo de reconducir la situación pero que no tuvo ningún efecto.
El decano fue entrenador de equipos femeninos de voleybol
A causa de la inoperancia de la Universidad el dictamen del juez señala que para una de las víctimas “es un sufrimiento el encontrarse con el acusado o con personas de su entorno lo cual puede producirse ya que el Sr. Romero Granados acude a muchos congresos como miembro del comité organizador o científico así como en otras ocasiones como ponente. Manifiesta encontrarse de baja durante dos años y tener un expediente de invalidez”.
“Precisamente porque sabemos que los procesos jurídicos tardan tanto la Universidad tendría que haber suspendido al acosador”, concluye el Sindicato Andaluz de Trabajadores. “Para evitar que sufriesen durante diez años”.
Tanto las víctimas como el sindicato pidieron reuniones con el entonces rector Joaquín Luque Rodríguez, reuniones que nunca llegaron. Hicieron manifestaciones y concentraciones para que se les escuchara, pero el rector sólo las escuchó en junio de 2011 cuando le facilitó una licencia de estudio a dos de las víctimas para que se pudieran trasladar a continuar su carrera profesional. Unas medidas que según fuentes sindicales “iban contra ellas” porque “les perjudicaba cambiar de centro”. “Se castigaba a las víctimas en lugar de al verdugo”. La tercera de las denunciantes, entonces becaria de investigación, estuvo más de ocho meses esperando una solución después de presentar la denuncia.
“Las profesoras que vengan no tienen que sufrir esto”
El modus operandi de Romero queda fielmente reflejado en la sentencia: en noviembre del año 2006 una de las víctimas se presentó ante él como nueva profesora. Mientras conversaban, el hombre dio la vuelta a la mesa, se sentó a su lado, le puso la mano en el hombro y a continuación le tocó en un pecho. Ella se apartó.
Tiempo después, acudió de nuevo a su despacho en el Decanato. Una vez allí, el ahora condenado le pidió que se sentara en el sofá y cerró la puerta con llave. En ese momento, mientras le hablaba de las plazas docentes del departamento, le colocó los genitales muy cerca de su rostro, “a unos diez centímetros”, antes de sentarse a su lado y colocarle la mano en el muslo hasta llegar a sus genitales. Ella se levantó y se marchó de allí.
Ante tales abusos una de las víctimas contaba así por qué había denunciado a su superior:
Lo he hecho por muchos profesores y profesoras con gran valía que pasaron por el departamento de EF y decidieron marcharse de nuestra Universidad o ya no están, aunque les hubiera gustado, porque no quisieron seguir sometidos a los abusos de este señor. Se lo di a conocer a nuestro rector porque vendrán nuevas profesoras al departamento que no tienen por qué sufrir lo que mis dos compañeras yo estamos padeciendo, algo que no sólo ha afectado al desarrollo de nuestra profesión, sino también a nuestra salud y a nuestras vidas.
De la Universidad de Sevilla a la Junta de Andalucía
Romero Granados ha sido condenado a siete años de cárcel por abusos sexuales.
En 2012 la Universidad de Sevilla eligió un nuevo rector, Antonio Ramírez de Arellano, el cual era consciente de la situación de las profesoras, no sólo porque había sido vicerrector cuando las víctimas denunciaron al acosador, sino también por los comunicados de la comunidad educativa de la Hispalense y por las protestas que se produjeron. Por ello, decidió tomar una medida extraordinaria a finales del curso académico 2012-2013: dividir el departamento donde se produjeron los abusos. En uno de ellos estaba el acosador y en otra una de las víctimas.
Después de su paso por el rectorado Ramírez de Arellano desembarcó en el Gobierno de Andalucía de Susana Díaz como consejero de Economía y Conocimiento. Con él se fueron dos de los vicerrectores que estaban en el equipo de gobierno cuando las dos profesoras y la becaria de investigación denunciaron los hechos. Uno de ellos, Antonio Valverde Asencio, es ahora su viceconsejero, mientras que el otro, Manuel García León, es un alto cargo de la consejería.
Frafmento de la sentencia donde se muestra el comportamiento de Romero Granados.
Actualmente encabeza la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro -vicerrector de Ordenación Académica cuando se produjeron las agresiones-, quien en 2011 le concedió un año sabático con sueldo al abusador.
Ahora, diez años después de que el profesor Romero comenzase a hacer "ostentación de su poder" en el ámbito académico "dejando claro que era él quien mandaba" -según relata la sentencia-, se cierra un episodio abierto por la denuncia de tres mujeres que han demandado un comportamiento que no era nuevo ya que durante el juicio otra víctima afirmó que tuvo que dejar la Universidad por el acoso del catedrático.
Una de las demandantes explicaba en 2011 el porqué de la lucha:
Me hubiera gustado ahorrarme este sufrimiento (la depresión, la ansiedad, el tratamiento, las pesadillas, la fiebre, los interrogatorios, el agotamiento, el sufrimiento de mis familiares…), no tener que haber pasado nunca por esto, pero ahora lo que veo es que solo dando a conocer estos hechos puedo evitar ese daño a otras personas.