El triángulo del cáncer: por qué en Huelva, Cádiz y Sevilla se muere más que en el resto de España

Al principio, me cuenta Carmen Rivas, la boca se te vuelve pastosa, el olor a gas se mete entre tus cejas, justo encima del tabique nasal, y luego te duele la cabeza.

Comienzo a sufrir esa sensación cuando apenas llevo cinco minutos aquí. Y pienso que esto, de sano, tiene poco.

Carmen vive en San Roque, una localidad gaditana de la comarca del Campo de Gibraltar, pero esta tarde ha venido a visitar a su hermana y a su sobrina, que está enferma. Ellas viven en Puente Mayorga, una pedanía de su pueblo a sólo cuatro kilómetros de distancia y situada junto a un macro polígono industrial.

“Estoy segura de que eso que tienen ahí al lado -dice la mujer- influye a la hora de que se te desarrolle un tumor. Aquí no se respira oxígeno, se respira veneno. Y eso se extiende por toda la provincia en función de los vientos”.

Carmen se refiere al recinto de empresas químicas que su hermana, María Jesús, tiene a 25 metros de la ventana en la que tiende la ropa. Sólo una valla separa el edificio del perímetro de la instalación, donde los residuos se expulsan a la atmósfera a través de enormes tubos de cemento espigados y altísimos. A lo lejos parecen cerillas humeantes. “Mi sobrina no tendría nada en la cabeza si no oliera eso cada día”.

La sobrina de Carmen, de 5 años, tiene un tumor cerebral. Se lo diagnosticaron hace un año. Tras dos operaciones en sólo un mes, ahora la niña recibe tratamiento de quimioterapia y de corticoides en el hospital sevillano Virgen del Rocío, donde acude cada 21 días.

La chiquilla no es el único miembro de su familia que ha padecido cáncer por vivir en este mismo bloque de pisos. Los padres de María Jesús y de Carmen fallecieron por sendos tumores. También un tío. Entre los vecinos hay familias con varios fallecidos por la misma causa. Todos vivían en este edificio antiguo o en los colindantes, cuyas fachadas están pintadas de un blanco que ya tiende a gris. Todos eran gaditanos, residentes en la provincia española donde los cánceres que se diagnostican provocan más mortalidad. Le siguen otras dos: Huelva y Sevilla.

EL ESPAÑOL recorre el triángulo de la muerte según el número de tumores malignos registrados en toda España. Se trata de la parte más occidental de la comunidad andaluza. Comprende Cádiz, Huelva y Sevilla, las tres provincias con mayor promedio anual de fallecidos a causa de un tumor maligno si se contabilizan los primeros 15 años de este siglo.

Según datos del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad y radicado en Madrid, durante el período 2000-2014 en Cádiz murieron anualmente, por cada 100.000 habitantes, 182,24 personas a las que se le había detectado algún tipo de tumor; en Huelva, 179,83; y en Sevilla, 177,92. Por detrás se sitúan Vizcaya (176,46) y Pontevedra (170,13).

La calidad asistencial, el mayor envejecimiento de la población y los hábitos de vida son cuestiones claves para dar respuesta a por qué se trata de la zona del país con mayor mortalidad a causa de cáncer. Sin embargo, la incidencia de la contaminación que sufre este territorio, de 31.000 km. cuadrados, es otra causa de ello. 

Así lo denuncian movimientos vecinales, organizaciones conservacionistas y algunos partidos políticos, quienes aseguran que las administraciones –desde ayuntamientos hasta Estado- hacen la vista gorda con las emisiones de contaminantes por el mero hecho de que las empresas instaladas en estas provincias, castigadas por el paro, generan riqueza y puestos de trabajo.

“LA CONTAMINACIÓN ESTÁ CLARO QUE INFLUYE”

“Es un tema reconocido que llevamos años arrastrando”, explica Reyes Bernabé, oncóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Para la experta, está claro que la contaminación industrial es un factor que contribuye a la elevada incidencia de tumores en la zona, pero no es el único.

“Sabemos también que los hábitos de vida no han sido tradicionalmente los mejores, y que en estos lugares hay más tabaquismo, consumo de alcohol y sedentarismo, así como envejecimiento de la población, aunque esto último es común a todo el país”, relata.

“No hay una causa única, yo no me atrevería a echarle la culpa sólo a la contaminación, aunque está claro que influye; hay que tener en cuenta, además, que hay factores de toxicidad ambiental que conocemos ahora y antes no”.

Para Bernabé, el hecho de que la incidencia vaya acompañada también de una elevada mortalidad no se debe achacar a una mala asistencia sanitaria en estas provincias. “En Cádiz, por ejemplo, hay cinco hospitales que ofrecen cuidados oncológicos, más que en provincias donde la mortalidad es menor”, subraya.

Más bien esto podría deberse a que los cánceres que se producen –asociados a los factores de riesgo ambientales- son más letales. “No es lo mismo un cáncer de pulmón que uno de próstata”, relata.

La oncóloga, que preside también la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, reconoce que para esta entidad se trata de un problema importante, en el que se está trabajando, aunque es “complicado”.

“Nuestra estrategia consiste sobre todo en tener los datos lo más actualizados posible y en enfocarnos a la prevención, para reducir tanto los tumores asociados a estilos de vida tóxicos como para mejorar la detección precoz de los que se producen. Para ello, es clave trabajar con la población y con los médicos de atención primaria de la zona, y es lo que estamos haciendo”, concluye.

José Cantó, doctor en Geología y ex técnico de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, asegura que el gobierno andaluz ha hecho la vista gorda con algunas empresas instaladas en la zona. Incluso, afirma que existen compañías "intocables".

CÁDIZ / “Cuando a uno le duele algo, piensa que es cáncer”

“Es verdad lo que dice mi hermana –afirma ahora María Jesús, la madre de la niña con cáncer en el cerebro-. Yo estoy acostumbrada a respirar esto porque vivo aquí. Pero es cierto que la gente de fuera se sorprende por lo mal que huele. A mí, con viento de poniente me dan dolores de cabeza”, reconoce la madre de la chiquilla enferma.

Es mitad de tarde y María Jesús juguetea con su hija, que es dulce y cariñosa. Le hace cosquillas, le pregunta si ya tiene novio en el colegio o si le apetece merendar algo. La niña tiene el rostro hinchado por la medicación. Lo único que la pequeña no admite es que le rocen el hemisferio izquierdo de su cabeza. No le pueden lavar el pelo ni peinarla. Ha de hacerlo ella misma para evitar dolores.

La madre de la niña se sienta en un sofá del comedor junto a su hermana. Cuenta que su familia ha visto crecer el complejo industrial que tienen en la puerta de este edificio, donde se instalaron sus padres a principios de los años 80. Él murió de un cáncer de piel con metástasis en el pulmón. Ella, de un tumor en el útero.

“Hace años, más de una década, las chimeneas echaban ácido sulfúrico -dice María Jesús-. Ese veneno se comía la pintura de los coches, oxidaba la ropa que vestíamos… Si eso es bueno, que venga Dios y lo vea”.

Su hermana, Carmen, dice que ella, pese a que vive a sólo cuatro kilómetros de aquí y que respira un aire tan contaminado como María Jesús, cada vez que viene a visitar a su sobrina nota que la toxicidad en Puente Mayorga es mayor. “A mí me dan náuseas cuando vengo a verlas. No se puede negar que los que vivimos en el Campo de Gibraltar estamos más expuestos que otra gente a padecer un tumor. Me da igual que las empresas cumplan con las exigencias medioambientales”.

A 5 kilómetros de Puente Mayorga se sitúa La Línea de la Concepción, la población colindante con Gibraltar, la colonia británica. En una cafetería del centro de la localidad me encuentro con Francisca Ruiz, Nani, una mujer de 67 años nacida en Tánger pero que reside aquí desde los 12 años.

Durante su vida, Nani ha perdido a causa de un tumor maligno a dos hermanas, su madre y su marido. La madre de esta mujer falleció por un cáncer de páncreas. Una de las hermanas, por un tumor de hígado. La otra, por leucemia. “Todas esas muertes pudieron deberse a que les tocó la mala suerte, vale, lo acepto”, dice la señora. “Pero la de mi marido… La de mi marido tuvo otra causa”.

Nani cuenta que su esposo, Gregorio, murió en 1994, a los 50 años. Los últimos 25 trabajó como jefe de almacén de montaje en la refinería que Cepsa tiene en el polígono industrial de la vecina San Roque. Una mañana comenzó a sangrar mientras orinaba y le practicaron unas pruebas. Le detectaron un cáncer de vejiga. Duró con vida siete meses. Su mujer se quedó sola a cargo de cuatro hijas. “Su trabajo le aceleró su muerte. No fumaba ni bebía nunca. Jamás enfermó. Como la empresa no lo consideró una enfermedad laboral, no me indemnizaron”.

Francisca cuenta que en Cádiz, “sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar”, cuando alguien “siente un dolor en alguna zona de su cuerpo no piensa en que pueda ser una contractura” o cualquier otra dolencia corriente. “Aquí nos ponemos en lo peor inmediatamente. El cáncer está en todo el mundo, es cierto, pero aquí es el pan de cada día. Se habla de ello en los bares, en el trabajo, en las reuniones de amigos… ‘¿Sabes que menganito tiene un tumor? ¿Sabes que zutanito también?’ Aquí da miedo la palabra cáncer porque pensamos que vamos a morir”.

Rakel Ñeco, portavoz de la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción, asegura que la quincena de empresas que trabajan en el polígono industrial de San Roque (Gas Natural, Central Térmica de Carbón, Unión Fenosa,..) disfrutan de la “connivencia” con la administración andaluza.

Ñeco, aunque admite que las compañías se mantienen por debajo de los parámetros máximos de contaminación, denuncia que éstos deberían ser más estrictos ya que, a su juicio, “es evidente que tienen una incidencia notable en la mortalidad que viven los ciudadanos de la provincia”.

La dirigente de esta ONG critica los planes del ayuntamiento de San Roque, que ha aprobado la ampliación del complejo industrial en 120.000 metros cuadrados. Aunque desde el gabinete de prensa del consistorio de esta localidad aseguran que el proyecto cuenta con todos los avales, ningún dirigente político del gobierno municipal ha respondido a las preguntas de EL ESPAÑOL.

“Aquí las empresas hacen lo que quieren. Financian asociaciones de pacientes enfermos de cáncer, costean carreras populares contra la enfermedad… Y los políticos, por el mero hecho de que crean riqueza, dejan que nos muramos”, denuncia Ñeco.

“Es necesario un estudio epidemiológico solvente e imparcial para saber qué sucede no sólo en Cádiz, sino también en las otras dos provincias con esa altísima incidencia mortal de tumores malignos”.

Desde la Consejería de Salud de la Junta sostienen que "la mayor mortalidad histórica del Campo de Gibraltar es anterior a la implantación del polo industrial", y que ésta "ha descendido progresivamente desde mediados de la década de los noventa, hasta aproximarse a la del resto de España".

El gobierno regional asegura que las cifras "se deben a patologías asociadas a  condiciones de vida, como el tabaquismo, que ha presentado una alta prevalencia en la comarca debido a las industrias tabacaleras presentes en Gibraltar y al mercado negro existente en la comarca".

HUELVA / El Polo Químico: una relación de amor-odio

Huelva es la segunda provincia española con el mayor promedio de cánceres mortales en los últimos 15 años (179,83 fallecidos por cada 100.000 habitantes). Ya en 2007 el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España situaba la probabilidad de padecer un tumor de pulmón, laringe o tejido conjuntivo en cifras hasta tres veces mayores que en otras zonas de la Península.

Desde 1967 alberga un complejo industrial en pleno caso urbano, aunque la ampliación se ha ido dirigiendo hacia Palos de la Frontera, población fronteriza. Se trata de su famoso Polo Químico, donde trabajan Campsa, Tioxide o Ercros.

El polígono se extiende hacia la Punta del Sebo, donde se abrazan los ríos Tinto y Odiel. La ría onubense sufrió en los primeros años de su funcionamiento la acción indiscriminada de la actividad de las fábricas, carente entonces de normativa ambiental. Como la ría tenía salida al mar, los deshechos iban a parar a ella. Los vecinos, mientras, se bañaban en sus aguas sin el menor atisbo de miedo.

El Polo Químico de Huelva supuso una revolución laboral y urbanística a mediados de los años 80, durante su fase de mayor crecimiento. Por aquel entonces la provincia se dedicaba, principalmente, a la minería y la agricultura, y el complejo industrial supuso una alternativa para aprovechar los recursos mineros.

Pero la ciudad, la provincia entera, quedó dividida en dos posiciones que parecen irreconciliables. Todos los onubenses reconocen que genera riqueza y puestos de trabajo, pero a costa de la salud. Unos asumen que ha de seguir allí. Otros preferirían no verlo nunca más. 

Y de aquel pasado, este presente. Bruselas ha reconocido en más de una ocasión que Huelva es la zona de mayor contaminación industrial de Europa. Los fosfoyesos son de los residuos más controvertidos que se han generado aquí. La empresa Fertiberia es la principal causante. Se trata de una sustancia radiactiva de vida media muy larga y toxicidad muy fuerte que fue vertida indiscriminadamente durante años.

Sobre la compañía pesa una resolución del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que la obliga a presentar un aval de 65 millones de euros para eliminar las balsas de fosfoyesos que creó sobre las marismas más cercanas a la ciudad. Se trata de unos 120 millones de toneladas de residuos industriales que han contaminado las aguas y las tierras de la provincia. En sus entrañas alberga todo un abanico de vertidos: aguas ácidas, metales pesados, radón, fosfatos y fluoruros, entre otros. Los expertos hablan de 1.200 hectáreas de superficie contaminada. Desde Fertiberia no han respondido a las cuestiones planteadas por este medio.

El fosfoyeso es un residuo industrial que resulta de la producción de ácido fosfórico, necesario para la fabricación de fertilizantes. Diferentes estudios, entre ellos uno del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 2004, evidenciaron la presencia de metales pesados como el arsénico, el plomo, el mercurio o el cadmio, y de elementos radioactivos como el uranio-238, el uranio-235, el radio-226, el polonio-210, el plomo-210 y el radón-222. Todo ello en concentraciones superiores a lo permitido por la legislación vigente.

MESA DE LA RÍA: DE LA CALLE AL AYUNTAMIENTO

La Mesa de la Ría es, probablemente, la organización local que con más firmeza ha criticado la permisividad de las administraciones con el Polo Químico de Huelva. Creada en el año 2002, supuso un foro de debate que convocó a formaciones políticas, sindicatos, instituciones y organizaciones locales.

A su primera convocatoria acudieron seis colectivos: el Colegio de Arquitectos, dos partidos políticos (Izquierda Unida y Partido Andalucista), dos asociaciones vecinales y el Colectivo ciudadano por la Descontaminación de Huelva.

La Mesa de la Ría abrió en la sociedad onubense un debate que hasta la fecha había sido tabú: qué hacer con las empresas que contaminaban. Sus miembros encabezaron manifestaciones y denunciaron la mala praxis de algunas compañías instaladas en el Polo Químico.

En noviembre de 2009, la Mesa de la Ría denunció a Fertiberia por los vertidos de fosfoyesos no sólo en las balsas de Huelva, sino también en campos de cultivo de Cádiz y Sevilla. Junto a Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, denunciaron que la empresa estaba vertiendo fosfoyesos con elevados contenidos en metales tóxicos y radiactivos en terrenos de municipios de Sevilla y Cádiz. Uno de los pueblos afectados fue la localidad sevillana de Lebrija, cuyas marismas se encuentran frente a Huelva, justo en el margen contrario de la desembocadura del río Guadalquivir.  

En la actualidad, esa lucha se ha trasladado a la vida política. Desde 2001, La Mesa de la Ría es una formación con representación en el Ayuntamiento de Huelva. En las dos últimas elecciones municipales consiguió un concejal. El primero fue José Pablo Vázquez, quien fuera decano de los arquitectos onubenses y uno de los fundadores del movimiento. Falleció en agosto de 2013 por un cáncer de colon que se le extendió al hígado. Hace sólo unos meses el Consistorio puso su nombre a una de las calles de Huelva.

Juan Manuel Buendía es miembro de la Mesa de la Ría. Dice que ya nadie duda de que las altas cifras de cánceres mortales en Huelva se deben a la contaminación ambiental existente. Pero reclama, como Ecologistas en Acción de Cádiz, un estudio epidemiológico “independiente” que "obligue a actuar a las administraciones”.

En la Junta de Andalucía explican que, en relación a Huelva, la Consejería de Salud trabaja "desde hace años en diversas líneas de investigación y actuación encaminadas a determinar si los factores medioambientales influyen en los niveles de salud de la ciudadanía onubense". Se trata, sostienen, de unas investigaciones que cuentan con el aval de instituciones como la Universidad de Huelva, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros organismos.

Dichos estudios concluyen, según Salud, que el patrón de mortalidad en la capital onubense es el mismo que en el resto de España: en primer lugar, las enfermedades cardiovasculares y, en segundo lugar, los tumores. "La incidencia [de los cánceres mortales] en Huelva se encuentra en niveles similares al del resto del país, si bien es cierto que en algunos tipos de tumores la mortalidad sí es algo más elevada que a nivel nacional".

“EMPRESAS INTOCABLES”

José Cantó es doctor en Geología. Vive en un coqueto estudio en Niebla, una localidad situada a 29 kilómetros de Huelva. Aunque hace años que dejó la gestión pública, entre 1990 y 1993 fue director técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Él fue el encargado de llevar a cabo el Plan Corrector de Vertidos del Polo Químico de Huelva. O lo que es lo mismo: era quien debía meter en cintura a las empresas del polígono industrial onubense.

Cantó asegura que en materia medioambiental la Junta de Andalucía actuaba en función de sus intereses políticos y no por criterios de eficiencia. El ex empleado de la administración andaluza asegura que sus superiores, todos ellos cargos del PSOE, le obligaron a hacer la vista gorda con algunas empresas. Y cita a Atlantic Cooper, una empresa española cuyo accionista mayoritario es Freeport-McMoran, un gigante estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es el segundo productor mundial de cobre y primero de molibdeno.

“Me decían que era intocable. Políticamente no interesaba que se actuara contra ella”, dice Cantó, a quien apartaron de su cargo por llevar ante el juez al que fuera director general de Atlantic Cooper, Patricio Barrios, y al presidente de Minas de Riotinto SAL, Fernando Plá. A Barrios le condenaron en 1999 a un año de cárcel y al pago de 30.000 euros. A Plá, a seis meses de cárcel y al abono de 3.000 euros.

En ambos litigios la Justicia le dio la razón a Cantó, “aunque fueron condenas tibias para que pudieran seguir actuando”. El juez reconoció que Atlantic Cooper vertió los residuos que generaba en su fundición de cobre del Polo Químico sobre la mina de Riotinto. Se trataba de ácidos arsenicales, componentes altamente contaminantes.

Pese a la sentencia condenatoria aquella práctica de Atlantic Cooper siguió dándose hasta mediados de la década pasada. “La Consejería de Medio Ambiente no hizo nada para frenarlo”, apostilla el geólogo con pinta de Indiana Jones que viste traje de pana y gorro marrones.

SEVILLA / “ME DIERON TRES MESES DE VIDA”

Sevilla es la tercera provincia española con el mayor promedio de cánceres mortales en los últimos 15 años (177,92 fallecidos por cada 100.000 habitantes). Se encuentra enclavada justo entre Cádiz y Huelva.

En Lebrija, una localidad sevillana, vive Fernando Gómez. Es un policía local de 58 años. En la actualidad está de baja laboral por un cáncer de colon con metástasis en el pulmón. Se lo diagnosticaron en septiembre de 2014, cuando comenzó a sangrar por el ano.

Tras someterse a quimio y radioterapia, 10 meses después la médica de la sanidad pública andaluza que lo trataba en el Hospital de Valme (Sevilla) le dijo que le quedaban tres meses de vida. “En septiembre, me aseguró que a Navidades no llegaba, que me fuese haciendo a la idea”. Tan segura daban su muerte que lo mandaron a un centro hospitalario de cuidados paliativos.

Pero Francisco, dos años después, sigue vivo. Se ha gastado 60.000 euros .todos los ahorros de su madre- en tratar de curarse en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Allí, tras ver su expediente, lo operaron a la semana siguiente de ver su caso. Le extirparon el cáncer de colon pero la quimioterapia no pudo con la metástasis, por lo que el pronóstico seguía siendo muy malo.

En aquel hospital le propusieron entrar en un programa de ensayos clínicos financiado por la farmacéutica Roche. Se trata de un tipo de inmunoterapia, una familia de fármacos que reactiva las defensas del receptor con el fin de que éstas sean capaces combatir las células cancerígenas. Desde agosto del año pasado, Fernando viaja en tren cada semana desde Sevilla hasta Pamplona para medicarse y ver la evolución de su enfermedad.

“La metástasis se me ha reducido un 25% en este tiempo. Entiendo que la sanidad pública tenga sus limitaciones, pero si llego a hacerle caso a aquella médico ahora estaría muerto”, dice Fernando, quien le reprocha a la que fuera su jefa, la alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, que ni siquiera se haya preocupado ni una sola vez por él desde que está de baja. “El PSOE siempre sostiene la pancarta de la sanidad pública, pero luego no se acuerda de los que sufrimos enfermedades y tratamos de curarnos en los hospitales andaluces”.

Fernando cierra el viaje al triángulo andaluz del cáncer. Cádiz, Huelva y Sevilla, tres provincias. Una extensión de 31.000 kilómetros cuadrados en una región donde los tumores malignos matan más que en el resto de España.