El pícaro camionero que cobró la pensión de su abuela muerta durante casi 20 años

María Garrido, una mujer menuda y parlanchina, murió a las 19.50 horas del 20 de octubre de 1998. Tenía 85 años. Entre sollozos y lamentos, a la anciana la enterraron un día después en el camposanto de Parcemasa, en Málaga capital. Pero entre los afligidos dolientes, la mayoría de atuendo negro, había uno que lloraba lágrimas de cocodrilo.

Tras el óbito de la señora, durante los siguientes 17 años y un mes -hasta el 28 de noviembre de 2015- un miembro de su familia cobró las dos pensiones que la Seguridad Social siguió ingresando a la anciana después de fallecer.

Sin que de las arcas del Estado dejasen de salir mensualmente unos 840 euros que iban a parar a su cuenta corriente en Unicaja, alguien cercano a la fallecida cogía su cartilla del banco, acudía a cualquier cajero, introducía el código pin y realizaba extractos de dinero sin rubor alguno.

María Garrido nació el 16 de junio de 1913. A los 85 años, murió en Málaga y se le enterró en el cementerio de Parcemasa. EL ESPAÑOL

Pero casi dos décadas después se está cerca de resolver el misterio del codicioso familiar. La Policía Nacional piensa que uno de sus nietos, el transportista José Luis Díez Martín, de 47 años, es quien habría amasado una fortuna que ronda los 200.000 euros. Bendita herencia.

Los investigadores sostienen que José Luis, con quien la anciana María convivió bajo el mismo techo durante los últimos tres años de su vida, es la persona que durante todo ese tiempo encontró en la cuenta corriente de su yaya la paga extra que todo currante desearía cada mes. Pero ahora, después de ser detenido a principios de año y pasar a disposición judicial, se le imputa un fraude a la Seguridad Social.

En España no se recuerda nada parecido. Aunque el Tribunal de Cuentas señaló el año pasado que entre 2012 y 2014 había detectado que 30.000 fallecidos cobraban pensión, nunca antes se había dado un caso tan alargado en el tiempo como el de María Garrido y su nieto.

LA INTERVENTORA DEL BANCO DESTAPA EL FRAUDE

El 22 de junio de 2016, Beatriz Durán, interventora de la sucursal de Unicaja en la que María Garrido tenía una cuenta corriente, se presenta en la comisaría del distrito norte de la Policía Nacional en Málaga.

Allí, la mujer explica que durante 17 años la Tesorería General de la Seguridad Social ha seguido ingresando dos pensiones a la fallecida María Garrido, y denuncia que alguien desconocido ha estado retirando cada mes el dinero que el Estado le abonaba. Además, presenta un informe con todos los movimientos de la cuenta y añade: “[Los extractos] siempre fueron mediante cajeros, nunca en ventanilla”.

La interventora les cuenta a los policías que lo ha conocido porque dos meses antes la Seguridad Social le ha remitido una carta pidiendo a Unicaja la devolución del importe ingresado a la anciana muerta durante los últimos 4 años, período máximo sobre el que puede reclamar. Exactamente, exige 40.298,53 euros, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El Estado sabía que debía olvidarse del montante acumulado durante los 13 años anteriores, tiempo que María también llevaba enterrada en el cementerio malagueño.

José Luis tiene 47 años. Cuando su abuela falleció, él vivía con ella bajo el mismo techo. EL ESPAÑOL

La empleada de Unicaja explica también en sede policial que, tras la notificación de la Seguridad Social, llamó a Concepción Martín, una de las hijas de la anciana fallecida. Quería saber qué estaba ocurriendo. Pocos días más tarde, Concepción se presentó en el banco junto a sus tres hermanas, María, Carmen y Eloisa (la madre del único acusado). Allí, las cuatro dijeron que desconocían quién estaba retirando el dinero de la cuenta de su madre y que ninguna de ellas sabía el número pin de la libreta de ahorros.

LA POLICÍA LLAMA A DECLARAR A LAS CUATRO HIJAS

Después de que la interventora de Unicaja presentase la denuncia, agentes de la Policía Nacional de Málaga abrieron diligencias y llamaron a declarar a las cuatro hijas de la anciana muerta en 1998.

La primera que declaró en sede policial fue Concepción. Fue a las 13 horas del 27 de mayo de 2016. Su testimonio resultaría clave para la investigación. La mujer, que tiene 66 años, dijo que cuando su madre aún vivía sus cuatro hijas se rotaban cada mes para llevársela a sus respectivas casas y así cuidar de ella, que era viuda y tenía un estado de salud delicado.

Concepción también dijo que desconocía el pin de la libreta de ahorros y que, cuando su madre vivía en la casa de alguna de ellas, la encargada de sus cuidados era quien la acompañaba a la entidad bancaria para retirar el dinero que la anciana estimaba.

Sin embargo, esta hija de María Garrido aportó un dato que levantó las sospechas de los investigadores policiales. Dijo que en 1995 a su madre le concedieron una vivienda de protección oficial en la calle Los Postigos de Málaga. Desde entonces, su sobrino José Luis -nieto de la fallecida- y su mujer, Mariví, empezaron a convivir con la anciana.

Concepción añadió que José Luis, quien por aquel tiempo tenía 25 años, comenzó a encargarse de retirar el dinero cada mes porque la salud de su abuela había empeorado y apenas salía a la calle. También explicó que, después de la muerte de su madre, su sobrino siguió viviendo en la casa de su abuela durante “un tiempo”. Y contó que, “años después” de enterrar a la anciana, su hermana Eloísa -madre de José Luis-  le comentó a las hermanas que a su hijo le había salido un trabajo “muy bueno”, y que gracias a ello se había comprado un camión y un chalet de dos plantas en Cártama, una localidad a 10 kilómetros de Málaga.

Concepción quiso dejar constancia en su declaración que desde finales de 2015, coincidiendo con las fechas en que las entidades bancarias solicitaban el escaneo de los documentos de identidad de los titulares de las cuentas para evitar su bloqueo, su hermana Eloísa le comentaba que su hijo estaba pasando por una situación de “dificultad económica”. Se da la circunstancia de que el último extracto de dinero a través de un cajero fue en noviembre de 2015, cuando supuestamente a José Luis se le habría acabado su particular chollo.

La siguiente en declarar fue María Martín, de 80 años, la mayor de las cuatro hermanas. Lo hizo el mismo día que Concepción, pero unas horas más tarde. La mujer, preguntada por la mejora económica de su sobrino, respondió que su hermana Eloísa le comentó que su marido le había ayudado en la compra del camión y que “le iba muy bien” trabajando en una empresa de transportes.

Pero en lo que parece ser un intento de encubrir a su hijo, María recordó ante los investigadores que Eloísa, en una ocasión, les dijo a sus tres hermanas que ella sospechaba de los padres de su nuera. “¿Y si han sido ellos [los que han sacado el dinero durante estos años]?”, les dijo. Sin embargo, aquello era imposible porque los reintegros de dinero continuaron tras la muerte de los suegros de José Luis.

María también explicó que ella creía que era su sobrino el que se habría hecho con aquel dinero. “Y más cuando mi madre le daba unas 40.000 pesetas mensuales [cuando su nieto y su mujer vivían con ella]”.

Las otras dos hermanas, Eloísa y Carmen, comparecieron poco después. La madre de José Luis dijo que el camión de su hijo lo había adquirido su marido y que la casa que se compró en 1999 tenía hipoteca. Sin embargo, esto no desmiente que José Luis pudo haber pagado ambos bienes con el dinero que sacaba mes tras mes de la cuenta corriente de su abuela.

Tras la comparecencia de las cuatro hermanas, los policías comenzaron a investigar el tren de vida del principal y único sospechoso.

La Policía sospecha que José Luis sacaba cada mes de distintos cajeros la pensión que siguieron ingresándole a su abuela.

JOSÉ LUIS: “ESTOY MUY TRANQUILO”

A José Luis Díez Martín lo detuvieron el 16 de enero de 2016. Tras estar una noche en el calabozo, al día siguiente pasó a disposición judicial y quedó libre. Su mujer, María Victoria, también fue detenida, aunque a las pocas horas quedó en libertad sin cargo alguno.

A José Luis Díez se le investiga por un delito continuado de defraudación a la Seguridad Social, entidad pública que en la actualidad paga religiosamente la pensión de 9,4 millones de españoles. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga.

El único investigado tiene dos hijos y ya es abuelo de un nieto. Vive a las afueras de Cártama, en un chalet adosado de dos plantas y con patio trasero. La casa la compró después de vender por 180.000 euros aquella otra que habría adquirido en septiembre de 1999 con la ayuda del dinero extraído de la cuenta de su abuela muerta, como piensa la Policía.

Cuando EL ESPAÑOL se pone en contacto con él, el acusado rehúsa hacer cualquier tipo de declaración. “Estoy muy tranquilo, todo esto lo he dejado en manos de mi abogada”, responde un par de segundos antes de colgar el teléfono.

La abogada de José Luis es Estefanía Carretero, directora general del bufete malagueño Century Abogados. La letrada explica que en su declaración ante la Policía José Luis negó haber sido él quien extrajera unos 200.000 euros de la cuenta de su abuela durante 17 años y un mes.

Carretero cuenta que los agentes que llevan la investigación han solicitado el contenido de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos de dos entidades bancarias distintas, donde José Luis podría haber realizado extractos de dinero. Sin embargo, la abogada asegura que “no van a servir de nada” ya que las grabaciones se solapan cada 15 días y la última vez que “alguien” sacó dinero de la libreta de la anciana fallecida fue en noviembre de 2015.

La letrada de José Luis Díaz Martín explica que van a pedir que se archive el caso y que, en caso de juzgar a su cliente, sólo se le podría condenar por el fraude cometido durante los últimos cuatro años de su presunto delito, ya que de los 13 anteriores ya ha pasado el plazo para su reclamación.

Mientras, él acusa a sus tías de haberse quedado el dinero. Ellas, en cambio, señalan a su sobrino camionero. “Me asegura -dice la abogada- que no tuvo nada que ver en toda esta historia. Según declaró ante la Policía, piensa que el dinero se lo ha quedado alguna de sus tres tías”.

Pero un descendiente de María Garrido, la anciana a la que tras su muerte siguieron ingresándole la pensión, dicen que si la malagueña levantara la cabeza le daría un buen tirón de orejas y algún que otro pescozón a José Luis, el nieto que la cuidó durante sus últimos días y que, al parecer, vivió de ella aún estando muerta.