Aquí nadie devuelve el dinero robado (más de 15.000 millones), ¿salvo Correa?

La decisión del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa (61 años), de devolver los alrededor de 22 millones de euros que tiene depositados en la banca suiza tras la reciente condena de 13 años de cárcel por las adjudicaciones de Fitur, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y ante lo que se le avecina penalmente, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de quién devuelve o no el dinero robado al erario público. Una medida que ahora quiere potenciar el Gobierno del PP para atenuar las penas.

Esta pretensión de Correa -si se cumple- sería una excepción a la regla general. Son muy pocos los condenados por casos de corrupción que devuelven el dinero que se han apropiado ilícitamente del Estado. Ni siquiera muchos de ellos pagan las indemnizaciones fijadas por la Justicia. Y en la mayoría de los casos de delincuencia de guante blanco la pista del dinero se pierde en significados paraísos fiscales o simplemente desaparece. Con ello, son pocos los que realmente pagan. Y si alguno lo hace, lo suele hacer poco a poco y mediante embargos judiciales.

Por el momento, Correa sólo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita que se reclame a las autoridades suizas 2,6 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles en las cuatro piezas en las que está imputado. Con ello se eleva ya hasta 5 millones de euros las cantidades abonadas por el principal imputado de la trama Gürtel, ya que en su día abonó otros 2,2 millones referidos a la pieza principal y 272.000 euros en el caso Fitur-Valencia. Pero el anuncio de Paco Correa no ha sorprendido, ya que avisó en sede judicial de su intención de reintegrar el dinero que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción. A Correa le quedan, al menos, otros seis juicios y su intención es autorizar la extracción del resto de millones que ahora tiene bloqueados en el Credit Suisse de Suiza.

La pretensión del jefe de la Gürtel es obtener una rebaja de las condenas en función de su colaboración con los diferentes  fiscales y de la devolución de cantidades. Sin embargo, estos 22 millones de euros pueden no alcanzar el total de lo que se solicite en los diferentes procesos que aún le esperan. El pretende conseguir que le sean acumuladas todas las penas derivadas de los diferentes juicios y que se le apliquen atenuantes, ya que se enfrenta a peticiones de cárcel que superan los 200 años. Su abogado, Juan Carlos Navarro, tampoco cree que el dinero de Suiza alcance todo el montante de la responsabilidad civil que finalmente se le demande, “pero eso sí, devuelve todo lo que tiene”.

Algo que no han hecho sus predecesores en casos similares. Este el hit parade de los principales casos de corrupción en España en los últimos 25 años, con sus protagonistas principales y quién ha devuelto y quién no el dinero. El caso de los fondos reservados con la reaparición hace algunos días en escena de Bárbara Rey, así como su utilización fraudulenta por parte del ex secretario de Estado del Ministerio del Interior Rafael Vera, o la fugaz reaparición cinematográfica del muy buscado Francisco Paesa, del que se sospecha que se quedó parte de lo robado por el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, han hecho emerger de nuevo en el recuerdo los grandes casos judiciales de los años 80 y 90.

Algunas de las responsabilidades penales de aquellos escándalos se han depurado, pero casi ninguno de los condenados ha repuesto un solo euro de las millonarias cantidades que en su día sustrajeron de las arcas públicas…. Tampoco se ha devuelto la totalidad de lo robado o estafado en bancos y empresas privadas, y ni casi ningún terrorista ha hecho frente a las multas o indemnizaciones fijadas en numerosas sentencias por terrorismo, que el Estado se ha visto obligado a asumir como responsable civil subsidiario.

Son más de quince mil millones de euros los que se sustrajeron de los escándalos analizados en este reportaje, sin contar los escándalos  financieros en los casos KIO y Banesto. En estos dos casos –sin sumar los agujeros producidos en el banco y en Torras- se calcula que no se han pagado aún un total de 764,46 millones de euros en indemnizaciones, multas o reposiciones. En el asunto Gescartera, el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, y el resto de inculpados apenas devolvieron nada de los 108 millones esfumados. La Justicia sólo ha conseguido recuperar lo que cada uno de ellos abonó en concepto de fianza.

En la mayoría de los casos, que a continuación se citan, los condenados van pagando poco a poco, pero obligados, a base de embargos, sacando a subasta pública las pocas propiedades que la Justicia logra apropiarse. Así ha ido ocurriendo precisamente con Mario Conde y Arturo Romaní, ex presidente y ex vicepresidente de Banesto.

Caso Mario Conde

A pagar: 22,4 millones. Pagado: 4,9 millones

El arrepentimiento dinerario del ex banquero Mario Conde deja mucho que desear. Condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2002 por el saqueo de Banco Español de Crédito y a pagar 22,4 millones de euros, solo apenas el 22% del total, unos 4,9 millones, se ha pagado de forma voluntaria. De hecho, su postura ha estado siempre muy lejos de la de colaborar. Por eso, tras su última detención en el pasado mes de abril quedó claro cómo ha puesto todo tipo de trabas, incluso rozando la ilegalidad, para impedirlo.

De los ya citados 22,4 millones de euros de responsabilidad civil, 1,8 le correspondía abonarlos personalmente a Conde, mientras que, de los 20,6 restantes, respondía conjunta y solidariamente con el ex consejero delegado del banco durante su presidencia, Arturo Romaní. La sentencia también condenaba a pagar indemnizaciones a las sociedades Gay Gordon SA, de Conde, y Data Transmision System, propiedad de Romaní.

En todo el proceso de ejecución de la condena, solo constan dos pagos voluntarios: el 23 de marzo de 2004, cuando una de sus sociedades, Las Salcedas SA, hizo una transferencia por un millón de euros a la Audiencia Nacional; y, un segundo, dos años después, cuando fue el propio Conde quien personalmente ingresó en la cuenta bancaria del tribunal la cantidad de 3,9 millones de euros. Según las investigaciones judiciales, Mario Conde ha blanqueado dinero en Suiza, Holanda y Luxemburgo mientras aún debe 15 millones del caso Banesto y delegó su emporio en su hija Alejandra y vendió su finca Las Salcedas al constructor Villar Mir para evitar que le siguieran el rastro.

Ha tenido que ser la Audiencia Nacional, con el juez Santiago Pedraz a la cabeza, con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la que después de muchos años de investigaciones, ponga de nuevo en su sitio al ex banquero y ex presidente de Banesto, Mario Conde, de 69 años de edad.

El ex banquero ideó una red societaria mediante ampliaciones de capital simuladas, a través de sociedades instrumentales con sede en territorio nacional, préstamos ficticios entre mercantiles de la red e ingresos en efectivo en cuentas bancarias a nombre de terceros, según fuentes de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción era consciente desde hace ya más de dos años que periódicamente llegaban remesas de dinero desde países extranjeros a las cuentas de Conde en España, pero le faltaba el empujón final de un chivatazo definitivo. El 21 de septiembre de 2013, la Justicia y la policía judicial rastrearon el nuevo emporio financiero creado por Mario Antonio Conde Conde. Además, Hacienda también le buscaba, ya que el empresario figuraba en la famosa lista de morosos del Fisco, al que debe 9,9 millones de euros.

El saqueo de Marbella

Juan Antonio Roca tiene que pagar 12,3 millones, de los que ya ha pagado 9,6. Julián Muñoz debe 4 millones. Sólo ha pagado 75.000 euros. Isabel Pantoja ha resarcido por completo sus 1,1 millones.

Son muchas las personas que fueron declarados culpables por los casos Malaya, Saqueo I y Saqueo II de Marbella y también muy variado su comportamiento en cuanto a resarcir su responsabilidad civil. El cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, es uno de los que han ido pagando de forma periódica y discontinua buena parte de su responsabilidad civil de 12,3 millones de euros. Con un último pago de un millón de euros realizado este pasado mes de febrero, ya lleva abonados 9,1 millones al Ayuntamiento de Marbella además de 500.000 euros de responsabilidad civil por el caso Minutas, con lo que le quedaría pendiente el desembolso de otros 2,7 millones de euros. Para pagar el resto de su la deuda sigue activa la página web, ventadebienesmalaya-roca.com, en la que se ponen a la venta inmuebles, trofeos de caza y todo tipo de bienes como armas, caballos, carruajes, obras de arte, vehículos, relojes, material de clínica veterinaria, etc.

Al ex alcalde Julián Muñoz, apenas se le conocen pagos por todo lo que se apropió, incluido el dinero B que circulaba en bolsas de basura. Solo se le embargo por el juzgado, como parte de la indemnización decretada, una cantidad de 75.000 euros por una serie de entrevistas que había realizado a la productora Cuarzo. Aunque su abogado insiste en que paga según sus posibilidades, los pagos que ha hecho para satisfacer los más de 4 millones en responsabilidad decretados son más que mínimos, por no decir inexistentes.

También su ex mujer, Maite Zaldívar, con una multa de 1,7 millones por la pieza separada del caso blanqueo, ha salido, por ejemplo, de prisión si haber abonado dicha cantidad. Isabel Pantoja sí ha sido la única que ha resarcido totalmente a la Justicia la multa impuesta. A la tonadillera se le impuso una condena por parte de la Sección 2ª de la Audiencia de Málaga de dos años de cárcel y una multa de 1.147.000 euros por un delito de blanqueo de capitales. Esta deuda la fue pagando en diferentes plazos de acuerdo a un calendario establecido, de hecho en diciembre de 2015 cuando se le decretó el tercer grado pagó los últimos 400.000 euros de multa. Cosa muy distinta son sus deudas con la Agencia Tributaria, que suman cerca de dos millones de euros con intereses incluidos.

José María del Nido

A pagar: 2,7 millones. Pagado: 1 millón

El ex presidente del equipo de fútbol del Sevilla fue condenado por el caso Minutas, otro más de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella durante el gilismo, a siete años de prisión por la Audiencia Provincial de Málaga por prevaricación, malversación y fraude. El Tribunal Supremo confirmó el fallo en lo esencial, aunque anuló su condena por fraude. Su responsabilidad al Ayuntamiento de Marbella asciende desde entonces a 2.786.607,34 euros. El 17 de febrero de 2014, Del Nido efectuó un primer pago de 350.000 euros con la intención de salir de la cárcel, al no lograr su objetivo fue realizando pagos en los siguientes meses con demoras considerables.

El último auto de la Audiencia Provincial de Málaga, que respondía a los recursos del Ayuntamiento de Marbella y del propio Del Nido en cuanto a la manera de efectuar los pagos de la citada responsabilidad civil, estableció que tendría que hacer pagos semestrales de 133.800 euros hasta abonar los 1.266.607,34 euros que aún le quedaban pendientes a finales de 2015. De cumplir con los mismos, cosa que todavía no ha realizado en su totalidad, aún le restaría casi 1 millón de euros pendiente.

Nueva Rumasa

A pagar: 385 millones. Pagado: 96,2 millones.

Mucho más reciente es la solicitud de 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos varones del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, fallecido en septiembre de 2015, acusados por la supuesta estafa piramidal de Nueva Rumasa. Las 13 emisiones sucesivas de participaciones del grupo empresarial captaron más de 337 millones de euros a un total de 4.100 inversores, de los cuales 289 millones quedaron sin devolver tras declararse en concurso de acreedores.

Los 337,3 millones captados, y que Nueva Rumasa se había comprometido a devolver, suponían la entrega de unos intereses de 47,9 millones. De ese total de 385 millones, solo llegaron a abonarse 96,2. De las 13 sociedades que emitieron los pagarés, ocho no llegaron a abonar jamás cantidad alguna a los inversores. Según la fiscalía, los Ruiz-Mateos “eran sabedores de que sería de todo punto imposible su abono”. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.

No se ha devuelto más dinero y la responsabilidad civil de la operación puede superar con creces los 350 millones de euros sin que se haya depositado cantidad de forma adelantada.

Caso Nóos

La Justicia deberá devolver a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y Jaume Matas parte de lo que aportaron.

El superconocido caso Nóos ha sido sentenciado con sólo dos multas económicas. Una para el cuñado del Rey de España, Iñaki Urdangarin, por un montante de 512.553 euros por un delito contra la Hacienda Pública; y otra para su ex socio Diego Torres, dividida en dos partes: 1.034.305 euros por un delito también contra la Hacienda Pública y otra de 689.537 euros por blanqueo de capitales, lo que suman en total 1.723.843,10 euros. Además de todo ello, Urdangarin, Torres y Jaume Matas deberán devolver solidariamente 620.000 euros, impuestos incluidos, que facturaron irregularmente al Gobierno Balear.

La sentencia de la Audiencia establece cantidades económicas muy lejanas a las que solicitaba la fiscalía. Y ello se debe, por una parte, a que no se debe devolver ni un solo euro de los casi cuatro millones que Nóos recibió de la comunidad valenciana, pues la sentencia considera legítimo el proceso de contratación. En cambio, la situación del dinero entregado por el Govern de Balears es distinta. De los 2,3 millones de euros que se pagaron por orden del ex presidente Matas, el tribunal establece que la malversación solo se cometió cuando se pagó la última factura del segundo foro y ello debido a que el medallista olímpico Pepote Ballester, por entonces director general, había congelado el pago a Urdangarín al darse cuenta que Nóos no había cumplido con sus compromisos. Finalmente, la factura se pagó porque así lo ordenó Matas, tras las insistentes llamadas telefónicas del propio cuñado de Felipe VI.

Sin embargo, sí entienden las magistradas del caso que hubo malversación en el pago de 150.000 euros por el coste de la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Balears. En total, la sentencia establece, con impuestos incluidos, que se debe devolver al Govern balear casi 620.000 euros. El dinero debe devolverse solidariamente entre Matas, Urdangarin y Torres. Y saldría a algo más de 200.000 euros por persona.

La cantidad resultante a pagar por Iñaki Urdangarin por todos estos conceptos mencionados no alcanza, ni de lejos, el dinero que se estimaba al principio de la instrucción que se había apropiado ilícitamente. Urdangarin depositó en el juzgado alrededor de 1,2 millones de euros, tras concretarse la venta de su vivienda palacete de Pedralbes, por lo que le será devuelta una importante parte de lo que abonó en su día como fianza de responsabilidad civil.

En el lado contrario, el ex presidente balear Jaume Matas, tras vender su célebre palacete en el centro de Palma, entregó a la justicia 850.000 euros. Por ello, ahora, sumando lo que debe devolver al Govern, más la multa, la cantidad a pagar se sitúa en alrededor de 210.000 euros. También Matas tiene derecho a que le devuelvan alrededor de 650.000 euros.

Y, por último, a la infanta Cristina de Borbón, responsable al 50% de la sociedad patrimonial Aizoon junto a su marido Iñaki Urdangarin, se le impuso por el Tribunal del caso Nóos una sanción económica de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo de los negocios matrimoniales. Pero cómo la hija del Rey Juan Carlos había adelantado en diciembre de 2014 la cantidad de 587.000 euros, que le reclamaba el fiscal Horrach, la Justicia tendrá ahora que devolverle la cantidad de 330.723 euros. Es decir, todos salen ganando.

Forum y Afinsa

De los 4.833 millones a devolver, no se ha resarcido más del 20%.

Hace más de año y medio, en septiembre de 2015, el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró culpable del concurso de Fórum Filatélico y responsables del mismo al ex presidente de la sociedad, Francisco Briones, y a otros cinco consejeros y altos cargos, a los que condenó a pagar mancomunadamente 2.259 millones de euros. A día de hoy, apenas nada de ese dinero se ha rescatado. El fallo constata que los condenados urdieron una estafa piramidal bajo la tapadera del negocio de venta de sellos que afectó a 260.000 inversores.

El concurso de acreedores de Fórum Filatélico por insolvencia ha sido uno de los mayores fraudes económicos en la historia de España, que dio lugar a un largo proceso judicial desde que la sociedad fuese intervenida en mayo de 2006 junto a Afinsa por orden de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.

La sentencia condenó al ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones; los consejeros Miguel Ángel Hijón, Francisco López, Agustín Fernández Rodríguez, Juan Macía y al administrador José Manuel Carlos Llorca, a pagar cada uno de ellos mancomunadamente a los acreedores concursales el 16,6% de la totalidad de los créditos que no se pudieron obtener de la liquidación de los activos de la sociedad, una cantidad que ascendió a 2.259 millones de euros. Fórum llegó a valorar su patrimonio filatélico en 1.380 millones de euros, muy por encima del valor real de los sellos con el fin “de simular una situación patrimonial ficticia de la que obtenía una ventaja en su negocio y que ha resultado gravemente perjudicial para sus acreedores”

En total, entre Forum y Afinsa, los directivos de estas empresas tienen que devolver la friolera de 4.833 millones de euros a 480.000 inversores, prácticamente el 1% de toda España. Los clientes que compraron los sellos de Fórum han recuperado sólo un 20,5% de su dinero y los de Afinsa un 10% como resultado de los procesos concursales que acabaron con la liquidación de las dos compañías. El resto se esfumó en paraísos fiscales como Suiza, su primer destino. Las más de 50 comisiones rogatorias enviadas al extranjero solo han conseguido aflorar 7,5 millones de euros depositados en el país helvético. Otros 12,8 millones de euros se escaparon en dinero 'B' de la caja fuerte de la empresa, según el escrito de conclusiones del fiscal.

Hoy, casi ninguno de los condenados ha aportado su indemnización millonaria. Los miles de afectados buscan que el Estado sea responsable para poder recuperar su dinero pero ya hace siete años la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechazó esta responsabilidad que sólo recae en unos gestores que no pagan ni piensan pagar nada.

Los condenados por las tarjetas black

Blesa y Rato sólo han devuelto los gastos de sus tarjetas: 436.682 y 98.837 euros, respectivamente. Hay una larga lista de condenados que ni siquiera eso.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid (Bankia) diferencia muy bien el papel jugado por los 65 condenados. Queda claro, por un lado, el papel desempeñado por los ex presidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato (condenados como autores de un delito continuado de apropiación indebida a 6 y 4 años de prisión respectivamente), así como el del director general Ildefonso Sánchez Barcoj también como “colaborador y cómplice de la operativa”; y, por otro, están los ex consejeros de la entidad y los ex directivos que cobraron un dinero millonario en pluses.

Pero lo importante del caso es que la Audiencia Nacional a la hora de determinar las penas, además de la cuantía del dinero utilizado, ha considerado determinante si los condenados devolvieron o no lo gastado. El Tribunal ha decidido aplicar “un atenuante muy cualificado” para aquellos consejeros y directivos que ingresaron  de nuevo el dinero apropiado ilícitamente en las cuentas de Bankia o en el FROB y un “atenuante simple” para los que solo consignaron las cantidades judicialmente. Se supone que los que enviaron el dinero al FROB ya lo daban por perdido, mientras que quienes los depositaron en el juzgado tenían la esperanza de recuperarlo.

La Audiencia obliga a los 65 condenados a devolver el dinero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y una pequeña parte a Bankia, hasta juntar los 12,5 millones utilizados indebidamente más los intereses legales. A Miguel Blesa de la Parra le hace responsable de 9,34 millones, de los cuales Blesa ya ha reintegrado 436.682,42 euros de los gastos de su tarjeta. A Rodrigo Rato se le responsabiliza de 2,69 millones, de ellos se deben descontar 98.837,12 euros gastados con su tarjeta de plástico y que ya devuelto.

Hay un grupo muy elevado de condenados beneficiados con las tarjetas black que todavía no han devuelto el dinero apropiado. Entre ellos, Antonio Morán Santín, consejero por Izquierda Unida, que gastó 456.522 euros, Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (255.372 euros), Ricardo Morado (450.800 euros), Enrique de la Torre (320.000 euros), Mariano Pérez Claver (379.000 euros), Ramón Ferraz (396.000 euros), el antiguo jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno (235.000 euros), los sindicalistas Rodolfo Benito de CC.OO (140.521 euros), Gonzalo Martín de UGT (129.750 euros), los políticos del Partido Popular Antonio Cámara (119.992 euros) y Ángel Eugenio Gómez del Pulgar del PSOE (149.490 euros), entre otros. Así, un largo etcétera.

Escandalos de Andalucía

El escándalo podría suponer 4.300 millones perdidos y lo recaudado supone una cifra mínima.

Se calcula que en torno a 4.300 millones de euros están todavía perdidos en Andalucía y bajo sospecha judicial. Una cantidad que se estima que se ha defraudado en los ocho escándalos más importantes relacionados con el manejo indebido de fondos públicos en esta comunidad autónoma y que ha dado pie a 30 procedimientos judiciales simultáneos, con cerca de 600 imputados.

El principal de todos es el caso de los ERE que suma entre la pieza principal (740 millones) y otras separadas (Acico, Surcolor, Surcolor óptica, Cenforpre, así como ayudas a los empresarios de la sierra norte de Sevilla José Enrique Rosendo –editor de medios de comunicación fallecido recientemente- y José María Sayago) una cifra cercana a los 1.200 millones defraudados. Un caso que fue destapado en abril de 2009 cuando el PP de Sevilla denunció el presunto cobro de comisiones ilegales a unos empresarios por parte de ex directivos de Mercasevilla, el mercado central hispalense. La investigación de esta causa sacó a la luz la inclusión de prejubilados falsos en EREs aprobados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. Desde entonces los investigados se han extendido hasta casi 300.

Hoy no queda ningún imputado en prisión después de que hayan ido abonando las fianzas impuestas por la magistrada Mercedes Alaya. La Junta dice haber recuperado unos 5 millones procedentes de los “intrusos” (personas que incluían en los ERE sin ser trabajadores de las empresas beneficiadas), la Guardia Civil por su parte establece que los sindicatos recibieron ilícitamente 7,6 millones de euros por mediadoras (empresas intermediarias) entre los años 2000 y 2010. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, ha solicitado "que se abra pieza separada de responsabilidad pecuniaria" a cada uno de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra los que reclama la apertura de juicio oral, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Todo ello, después haber solicitado en un fragmento anterior de su escrito, que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.

En julio de 2012, ya con el caso en los tribunales, el Gobierno Andaluz dictó una orden para reclamar la restitución de estos fondos, pero el dinero recaudado sigue suponiendo una cifra mínima. Apenas se ha recuperado un euro de cada cien defraudados, englobando no sólo los EREs, sino también los fraudes en los cursos de formación y las facturas falsas de UGT. De hecho, la Junta ha impuesto un “apagón informativo” por la escasa cantidad recuperada a cuantificar.

Gescartera

El ideólogo de la trama, Antonio Camacho, debe pagar 263.000 euros. No ha devuelto nada.

El 14 de junio de 2001 fue el día en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores y bolsa Gescartera, ya que era imposible conocer oficialmente su situación económica y patrimonial. Se confirmó que la agencia de valores tenía un agujero de 90 millones de euros. De todo este dinero apropiado ilícitamente, muy poco se ha recuperado hoy.

En el año 2012, once después de que saltara el escándalo, la Audiencia Nacional obligó a Caja Madrid (hoy Bankia), a abonar 12,22 millones de responsabilidad civil al ser la entidad depositaria y haber vulnerado la legislación vigente en materia de aperturas de cuentas. Otra sentencia del Tribunal Supremo, además de confirmar la pena de prisión de 11 años para el ideólogo de la trama Antonio Camacho, dictaminó que otra la entidad bancaria depositaria, La Caixa, no tenía ninguna responsabilidad. A su vez disminuyó sustancialmente los volúmenes que tendría que pagar Caja Madrid, ya que, en un principio, se evaluó que La Caixa y Caja Madrid tendrían que haber hecho frente a un pago de 87,99 millones.

Antonio Camacho, ya en libertad desde el año 2016, fue condenado a una multa de 263.000 euros que no hay constancia que a día de hoy haya pagado. Camacho vive ahora en un piso de protección oficial de la época franquista en el barrio madrileño de Usera, junto a su madre y sin ascensor. Todas sus propiedades, incluido su chalé de La Moraleja, fueron embargadas en su día para intentar pagar las deudas.

Los afectados de la estafa sólo han recibido 26 millones de indemnización, poco más de una cuarta parte de lo perdido de forma global. Sólo han recuperado un tope de legal de 20.000 euros por cada caso. Un dinero que fue aportado por el Estado a través del Fondo de Garantía de Inversiones (FGI), que establece este límite de indemnización por afectado tal y como marca la Ley. Esta entidad pública se creó precisamente en 1993 para proteger y salvar parcialmente a los inversores de entidades reguladas por la CNMV, como lo era Gescartera.

Luis Roldán

A pagar: 13,09 millones de euros. Pagado: 3,7 millones.

En noviembre de 1993 estalló el gran escándalo: el director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, Luis Roldán, había aprovechado su cargo para cobrar comisiones por obras, estafar a constructores y malversar fondos reservados. Roldán recibió de la Secretaría de Estado para la Seguridad, a partir de 1990 sobresueldos de hasta 10 millones de pesetas al mes (60.000 euros) provenientes de los fondos reservados.

En el juicio Roldán reconoció haberse llevado 435 millones de pesetas (2,61 millones de euros) de los fondos reservados y otros 1.800 millones de pesetas (10,81 millones de euros) en comisiones. El Tribunal Supremo le condenó en 1999 a 31 años, y le impuso además una multa de 1.600 millones y una indemnización al Estado de 578,9 millones de pesetas (en total 13,09 millones de euros). En 2000 su condena se quedó reducida al máximo de 20 años de su cumplimiento. Con Roldán fueron condenados su testaferro, Jorge Esparza -16 años y dos meses y multa e indemnización similares-, y la esposa de Roldán, Blanca Rodríguez-Porto, a cuatro años.

Las propiedades, cuentas y acciones embargadas a Roldán y Esparza sólo ascendieron hasta los 3,7 millones de euros. Una mínima parte. El constructor Jorge Esparza, ex director comercial de la empresa Huarte, abono 2,5 millones de euros para responder a los 3,4 millones que tenía que pagar de forma solidaria con Roldán.

Hoy transcurridos más de 23 años de la fuga de Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil sigue afirmando que el agente secreto Francisco Paesa se quedó con todo el botín sin que el entonces ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, hiciera nada para impedirlo y recuperarlo. “No hay ninguna posibilidad legal, ninguna, de que puedan reabrirse las investigaciones está todo prescrito y perdido”. Roldán vive hoy en Zaragoza con una pensión de 600 euros en un piso de protección oficial que era de su madre. Y sin haber pagado nada, ni el Estado haber recuperado el célebre botín.

KIO

Fue una de las suspensiones de pagos más espectaculares de España con la llegada de la crisis financiera de los noventa  y el hundimiento de bancos y cajas, con un agujero global de 1.803 millones de euros. La sociedad kuwaití cifró las pérdidas provocadas por sus gestores en España en 600 millones de euros. La corte comercial de Londres condenó a Javier de la Rosa el 22 de junio de 1999 al pago de 575 millones de euros a KIO. Pero De la Rosa dijo que no podría pagar por tener sus bienes embargados por la Audiencia Nacional, que instruía el desfalco cometido en cuatro procesos o piezas judiciales diferentes: WardBase, Icsa-Impacsa, Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE.

La primera de las piezas en la que se desgajó el caso fue la de Wardbase, el pago de 1.900 millones de pesetas (11 millones de euros), en 1992, mediante factura falsa, al financiero ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fuera asesor del Rey Juan Carlos de Borbón, a través de una sociedad pantalla. Javier de la Rosa fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de prisión por apropiación indebida y falsedad documental, aunque el tribunal accedió a que se le tuviera en cuenta los periodos de prisión preventiva por otros asuntos.

La segunda pieza Icsa-Impacsa es relativa a las ventas sucesivas de las papeleras Icsa e Impacsa, en 1988, que provocaron pérdidas de entre 7.000 y 15.000 millones de pesetas (entre 42 y 150 millones de euros). Las operaciones no fueron declaradas en España y en consecuencia, los beneficios no retornaron al Grupo Torras. Las papeleras, cuyo valor se triplicó en meses de 4.000 a 12.000 millones de pesetas, fueron adquiridas finalmente por la sociedad irlandesa Jefferson Smurfit. La operación se llevó a cabo supuestamente a través de sociedades instrumentales en Holanda y Gibraltar, y los 8.000 millones de plusvalías podrían haber ido a cuentas suizas abiertas por De la Rosa. El 15 de marzo de 2004 la Audiencia Nacional condenó a De la Rosa a tres años de prisión por esta pieza.

La pieza Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria se refiere: en primer lugar a la operación Pincinco, por presunta apropiación indebida de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo: en segundo lugar a la operación Oakthorn, en relación con el préstamo de 105 millones de dólares a esta sociedad; y, en tercer lugar, la posible manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de la década de los años 90. De la Rosa fue condenado por la Audiencia Nacional a cinco años y dos meses de prisión acusado de apropiación indebida y de falsedad documental, pero la sala no encontró delito en las actuaciones de Prima Inmobiliaria.

Por último, en la pieza Quail-ACIE se investigó el desvío de unos 65,447 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de la entidad Quail, propiedad de Javier de la Rosa. Y la segunda operación se refiere el desvío de 6,3 millones de euros propiedad de la misma entidad, sustraídos a través de la filial ACIE. Sin embargo, la Audiencia Nacional no condenó a De la Rosa por esta pieza, ya que considera que no se ha acreditado suficientemente "la convicción de que conoció y aprobó las gestiones de Acie facturando servicios inexistentes".

De todas estas cifras millonarias lo único que se ha conseguido detraer de las cuentas de Javier de la Rosa es el resultante de embargar sus bienes. Pecata minuta. Del resto del dinero, no se se hizo frente.