'Infanta Cristina', el nombre maldito que urge borrar en toda España

Este pasado jueves, la Asamblea de Madrid aprobó con los votos a favor de PSOE y de Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, una Proposición No de Ley que insta a que el Hospital Infanta Cristina pase a denominarse desde ahora Hospital de Parla. El diputado de Podemos Pablo Padilla fue el encargado de defender esta medida apoyada en 1.700 firmas de la plataforma Parla en Movimiento que así lo piden y porque, a juicio de Padilla, hay una "contradicción" entre la “tolerancia cero con la corrupción” y tener un hospital "con el nombre de una persona que se ha aprovechado de todos los españoles". 

El Ayuntamiento de Parla, con Izquierda Unida a la cabeza, ya intentó en su día que el hospital inaugurado en 2008, y que desde el año 2011 es Universitario, se denominara Hospital 9 de Junio, como así se llama la Avenida donde está enclavado, ya que fue ese día el que comenzó la movilización en demanda de un centro hospitalario en la localidad populosa del sur de Madrid.

La reivindicación no es del todo nueva. El nombre de Cristina de Borbón cayó en picado a raíz del escándalo del caso Nóos, con su imputación y la de su marido, el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Un título noble que les fue retirado por el propio Felipe VI el 11 de junio de 2015, ante la negativa de ésta a renunciar a sus derechos de sucesión al trono de España, como le venían reclamando primero su padre, don Juan Carlos, y después su hermano, don Felipe. La infanta ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono y no parece, por el momento, que quiera renunciar a ello. 

Hoy, la mecha sigue ardiendo. De poco ha servido la absolución penal de la infanta Cristina en el caso Nóos, donde sólo ha sido condenada en calidad de “responsable civil a título lucrativo" por lo que "responderá, conjunta y solidariamente con su marido Iñaki Urdangarin hasta la cuantía de 265.088,42 euros”. Una caída al infierno que nadie preveía hace una década, cuando corporaciones locales o comunidades autónomas bautizaban calles, centros deportivos o sociales con su nombre. Algunos de ellos ya han desaparecido, otros se resisten o disimulan un nombre que ahora es “maldito” en unas decisiones en la mayoría de las ocasiones con clara intencionalidad política.

La infanta en el banquillo, pistoletazo de salida

Sentar en el banquillo a toda una infanta de España marcó un antes y un después. Sin esperar al resultado final del juicio, para determinados partidos políticos y organizaciones sociales era un hecho suficiente su simple vinculación con los negocios irregulares de su marido. Había que borrar toda huella que relacionara a la segunda hija del rey emérito Juan Carlos I con la vida pública española. Así lo entendió, en primer lugar la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palma, quien acordó en enero de 2013 retirar el nombre de los duques de Palma a una conocida Rambla del centro de la ciudad mallorquina, que llevaba este nombre desde el año 1998.

Este hecho se produjo tras hacerse público unos correos electrónicos de Iñaki Urdangarin en el que éste se mofaba de su tratamiento como duque de Palma. Pero fue la retirada de la medalla de honor de la ciudad de Barcelona a la infanta Cristina, tres años después, lo que sí desató una especie de “furia iconoclasta” que llevó a que ayuntamientos y grupos políticos instaran en retirar todo honor que tuviera la infanta. Todo ello con resultados muy dispares.   

En enero de 2016 el consistorio barcelonés regido por Ada Colau aprobó la retirada de la máxima distinción que otorga la ciudad, la Medalla de Oro, a la infanta Cristina con 12 votos a favor (Barcelona en Comú, ERC, CiU, PSC y la CUP) y tan sólo 3 abstenciones (Ciudadanos y PP). Pero es cierto que no fue la primera retirada de un 'honor' a la infanta. Así, ese mismo mes de enero de 2016, el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) también eliminó de la fachada del pabellón deportivo denominado hasta entonces infanta Cristina las letras alusivas a su nombre. Unos operarios descolgaban y tiraban las letras al suelo, mientras que los fotógrafos convocados tomaban las instantáneas del momento. Lo primero fue la fachada, el escarnio público, mientras que las alusiones en el interior del pabellón referidas a la infanta tardaron más días en ser retiradas.  

La decisión fue fácil. Tras 27 años de gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento de Torrevieja pasó a manos de un pentapartito formado por el PSPV-PSOE, Los Verdes, 'Sueña', los independientes de APTe e Izquierda Unida, que contó para la investidura con el apoyo puntual de Ciudadanos. El alcalde de Los Verdes, José Manuel Dolón, consiguió la mayoría de votos del plenario para retirar el nombre de un pabellón que costó 9 millones de euros y llevaba el nombre de la infanta desde el 1 de septiembre de 2000. 

Sólo un mes después, en febrero de 2016, se tomó una decisión similar en otra localidad mediterránea, Roquetas de Mar (Almería). Pero esta vez fue de forma muy distinta. Se tomó la decisión de no llamar infanta Cristina al Pabellón Deportivo de la localidad almeriense de forma unánime, tras una moción presentada por IU, con el apoyo incluso del Partido Popular, que dirige el hoy alcalde y presidente de la Diputación y del PP provincial, Gabriel Amat Aillón, que fue el que en 1998 le dio el nombre a esta instalación deportiva a lo que se sumó el apoyo de los ediles del PSOE, Ciudadanos y Tú Decides. Pero la realidad es que más de un año después de esta decisión municipal, el Ayuntamiento de Roquetas sigue denominando, incluso en su página web, a esta instalación deportiva como Pabellón Infanta Cristina. Mucho votar, pero cambio real ninguno. 

Algo parecido ocurre en Murcia. Allí, en Los Alcázares, está el Centro de Tecnificación Deportiva infanta Cristina, tal y como sigue denominándolo el Consejo Superior de Deportes. La instalación depende de la empresa con capital público Región de Murcia de Deportes SA, que preside Luis Martínez de Salas Garrigues, ex consejero de Hacienda del PP en la Región de Murcia. En este furor de arranque del 2016, el PSOE murciano, de la mano del diputado regional Alfonso Martínez Baños, solicitó el cambio del nombre por "estar involucrada en un procedimiento judicial que la ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados, al ser imputada en el caso Nóos". El nombre no ha sido oficialmente retirado, pero el Gobierno de Murcia sí parece “avergonzarse” del mismo y en casi todos sus documentos, convocatorias o actos lo denomina como Centro de Tecnificación de Los Alcázares, mientras que el Consejo Superior de Deportes no oculta su histórico nombre de infanta Cristina.

La doble moral del partido de Rivera

Mientras que el partido de Albert Rivera ha apoyado y ha posibilitado la retirada del nombre de la infanta Cristina en varios ayuntamientos, como Roquetas de Mar, o se ha abstenido en otros organismos, como en la Asamblea de Madrid con el Hospital de Parla, hay otros ayuntamientos donde el Ciudadanos ha optado por el silencio y dejar el nombre como está. Ese es el caso de la localidad residencial madrileña de Villanueva del Pardillo (Madrid), donde gobierna Ciudadanos de la mano de su alcalde Luis Sosa. Este ha decidido que no haya cambios en la instalación deportiva municipal que lleva todavía el nombre de la infanta Cristina.

Parla no es el único hospital con el nombre de la hermana pequeña del rey Felipe VI. El de Badajoz lleva 28 años con esta denominación y con dos intentos ya de cambiar su nombre. Los dos por parte de Izquierda Unida. El último fue hace escasos días, cuando solicitó, amparándose en la condena como responsable civil a título lucrativo de la hija del rey Juan Carlos, la retirada de dicho nombre. Fuentes políticas consultadas en la capital pacense por EL ESPAÑOL “no ven mucho futuro de nuevo en esta iniciativa, que fue ya tumbada  en 2014. Un hospital muy conocido en toda la región para cambiar el nombre”.

Sin embargo, para el coordinador local de IU Badajoz, Adrián Rodríguez, hay “muchísimos nombres” de personas de Badajoz “íntegras, éticas”, que representan mejor al pueblo extremeño para dar nombre al hospital de referencia de la región, inaugurado en 1989 ocho años antes de la boda de la infanta con Iñaki Urdangarin. En 2014 se rechazó porque aún no había sentencia, pero en 2017 una responsabilidad civil a título lucrativo no parece que lleve al cambio por parte de los ediles del Partido Popular, que gobierna la capital pacense con el apoyo puntual de Ciudadanos.

Donde sí se va a debatir otro cambio de nombre es una localidad cercana a Madrid, en Pinto. Este consistorio, presidido por Ganemos Pinto con apoyo del PSOE, ha planteado un formulario a todos los vecinos en el que les pregunta si les parece oportuno que el Centro Cultural Infanta Cristina cambie su denominación actual. Según Ángel Suazo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pinto, el motivo de esta consulta es “evidente". A partir del 11 de abril "serán los vecinos los que decidan democráticamente si se produce o no el cambio”.

El centro cultural actualmente denominado Infanta Cristina se emplaza en uno de los edificios históricos más antiguos de este municipio madrileño, conocido tradicionalmente como Casa de la Cadena. En 1996 el Ayuntamiento compró el edificio y decidió conservar tal nombre. Sin embargo, unos años más tarde se realizaron reformas en las instalaciones e, incluso, la infanta Cristina acudió en abril de 2004 a inaugurar el nuevo edificio, momento en el que se decidió cambiar el nombre en su honor. Si finalmente se cambia el nombre seguirá el paso de otros centros culturales ubicados en la geografía española que ya lo han hecho.

Así, el año pasado la corporación municipal de La Bañeza (León) acordó por unanimidad retirar a la infanta Cristina el título de Hija Adoptiva que le otorgó en 1995 con motivo de la celebración del centenario de la ciudad. Además, decidió también suprimir su nombre del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, distinción que se concedió en la misma fecha. Una decisión que contrasta con lo ocurrido en una localidad murciana como Beniel, donde sigue resistiendo el nombre de la infanta Cristina en su Centro Cultural. Inaugurado en 1992, las autoridades municipales del PSOE no se avergüenzan de su denominación en un lugar de referencia en la comarca para exposiciones y todo tipo de certámenes.

Calles que sí y calles que no

La sentencia absolutoria para la infanta, desde el punto de vista penal en el caso Nóos, no ha sido suficiente para la formación Sí-Podem del ayuntamiento de Petrer (Alicante), que ha decidido solicitar al Consejo Municipal de Cultura de esta localidad alicantina, conocida por sus zapatos, la eliminación de la avenida Infanta Cristina del callejero "por el procesamiento judicial que ha vivido la Infanta y del que, a pesar de haber sido absuelta de delitos penales, ha sido condenada a pagar una sanción por responsabilidad civil a título lucrativo". Según el portavoz del grupo, Sergi Cremades, "no se puede consentir que calles de Petrer lleven el nombre de personas que han sido procesadas, imputadas y condenadas, y menos representantes de una institución como es la monarquía".

Lo contrario ha ocurrido en la localidad de Moraleja del Vino (Zamora), donde el grupo de Izquierda Unida ha propuesto al Ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa Eva Calvo del Partido Independiente Adeiza, el cambio de nombre de una pequeña vía que hoy lleva el nombre de la infanta. Hace meses se inició un proceso institucional para acometer el cambio plagado de vicisitudes, ya que hubo un acuerdo plenario en este sentido, pero nunca se cumplió. Tras la sentencia los propios vecinos de la calle han decidido que siga manteniendo su nombre.

En otras localidades cuyas calles también llevan el nombre de la infanta Cristina (Valdemorillo, El Álamo, Campo Real, Nambroca, San Martín de la Vega), de momento no hay debate para sustituir el nombre de sus vías.

Patrullero de la Armada hasta que se retire

Tampoco hay discusión en la Armada española para cambiar el nombre del Patrullero de Altura P-77 infanta Cristina. Construido por la Empresa Nacional Bazán, en Cartagena, como la cuarta corbeta de la clase 'Descubierta', fue entregado a la Armada el 24 de noviembre de 1980, siendo izada a bordo la Bandera Nacional por primera vez por la entonces alteza real Cristina de Borbón, un honor que ya tampoco tiene. También se bautizó otra corbeta con el nombre de su hermana Elena. 

Ambas corbetas fueron famosas entre los militares por su participación en el bloqueo naval de la primera guerra del Golfo, entre septiembre de 2004 y junio de 2005. Luego se transformaron a Patrullero de Altura (P-77), participando en muchas operaciones internacionales como la conocida Atalanta contra la piratería en Somalia. 

Hoy, al borde de su vida útil, la Armada no tiene pensado cambiar su nombre hasta que la embarcación se retire del servicio. Lo que sí parece seguro es que no habrá otro buque militar con el nombre de infanta Cristina dentro del ejército. “Hay muchos nombres históricos para bautizar barcos que no sea el de esta infanta”, nos indica un alto miembro de la Armada. 

Adaptados completamente a su nuevo estatus en Suiza

Mientras que el debate sobre la utilización o no del nombre de la infanta Cristina en centros culturales, calles, parques, etc, está en la calle. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin están más que satisfechos con la decisión judicial en el caso Nóos, donde ella no ha sido condenada y él no ha ingresado aún en la cárcel. “Saben que menos era imposible. Una satisfacción que no van a mostrar públicamente, pero son conscientes de que la Justicia ha sido bastante benévola con ellos”, afirman fuentes próximas a la pareja. 

Hoy, la pareja, todavía real –ella no piensa renunciar a sus derechos al trono-, está adaptada completamente a una vida tranquila y sin sobresaltos en Suiza, un país donde priva el régimen de protección a la intimidad. Tanto ellos como sus cuatro hijos viven bajo el paraguas del multimillonario empresario Agha Khan, amigo íntimo de su padre.

La infanta Cristina ha encontrado en Suiza el lugar ideal donde realizar su actividad profesional y parece que será su destino durante muchos años. Su madre la visita asiduamente. Ya lo hacía desde el primer momento, pero la publicación de los escándalos del rey Juan Carlos anima aún más las escapadas de doña Sofía a Ginebra. Desde allí seguirán esperando el desenlace final del caso Nóos. De hecho, desde sus círculos más íntimos aseguran que lo que se especuló sobre un posible traslado a Lisboa si finalmente Iñaki Urdangarin ingresaba en prisión y que elegiría la de Badajoz para estar cerca de su familia es completamente falso. Lo más probable, si finalmente Urdangarin ingresa en prisión es que la infanta y sus hijos sigan viviendo en Suiza y se trasladen discretamente a España cuando sea necesario.

La infanta tiene más que asumido su papel apartado de la agenda de la Familia Real en todos los actos oficiales, pero no en los encuentros privados. Así lo demostró cuando acudió al funeral por Kardam de Bulgaria o a la comunión de su sobrina Leonor, princesa de Asturias e hija de su hermano el rey Felipe VI.

“La infanta no se aparta de sus vínculos familiares ni de amistad”, indican fuentes próximas. “El hecho de que haya comentado que no asistirá al 50 cumpleaños de su amigo el rey Guillermo de Holanda no se debe considerado como un 'feo' para evitar coincidir con su hermano Felipe, tal y como se ha especulado en varios medios. El rey Guillermo está obligado a invitar, es una norma de protocolo, a sabiendas que la situación de la infanta obligará a declinar la invitación. La infanta Cristina tiene claro que no quiere empeorar más su relación con su hermano Felipe VI, ni dañar más su imagen. Esto se repetirá casi siempre con otras invitaciones que provengan de casas reales. Intenta evitar cualquier encuentro en el que haya cámaras”, afirman estas mismas fuentes.

Pero la materialización de estos encuentros, reales o no, no es óbice para que hoy en España el nombre de la infanta Cristina de Borbón sea un apelativo maldito para muchos. El debate se ha abierto aún más, sobre si es conveniente o no la necesidad de poner nombres reales o de personas aún vivas a lugares públicos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, en época de Alberto Ruiz Gallardón, decidió que los nombres de las calles, parques y centros culturales sólo las pudieran llevar personas ya fallecidas. “Nadie puede escribir la biografía final de una persona en vida, solo hay que mirar al rey emérito Juan Carlos I”, señalan fuentes políticas. Normas que la monarquía se ha saltado hasta la fecha, con denominaciones municipales y autonómicas para todo tipo de lugares sin valoración previa alguna de sus méritos y logros.