Una investigación abierta por la Fiscalía de Madrid, a raíz de un informe remitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto en la picota una práctica que era vox populi en el mundo del cine, como han reconocido a EL ESPAÑOL trabajadores de la producción y la distribución cinematográfica. Se sabía desde hacía años en el sector: había productoras que hinchaban sus cifras de espectadores para tener acceso a las subvenciones del Gobierno, canalizadas a través del Fondo de Protección a la Cinematografía. “Algunos casos puntuales no deben ensombrecer la imagen de todo el sector”, matizan fuentes del propio Ministerio consultadas. Sin embargo, fue allí donde en 2012, por primera vez, alguien dio la voz de alarma sobre cifras que no cuadraban. Ocurrió a raíz de la denuncia efectuada por trabajadores de una conocida exhibidora.
1. Hinchar las salas
¿En qué consistía el fraude? Básicamente, en aumentar artificialmente el número de espectadores y la recaudación declarada. Las principales ayudas están vinculadas al resultado comercial y son entregadas a posteriori, dos años después. Se pagaba hasta el 15% de la recaudación bruta hasta 2008. Después el sistema cambió a un baremo de puntos. Se puntúa por muchos motivos, pero el más rentable es el coste de la película: 1,5 puntos -cada punto equivale a 10.000 euros de subvención- por cada 45.000 euros invertidos, con 120 puntos como máximo (800.000 euros). Pero esto exige tener al menos un presupuesto de 2 millones y lograr 60.000 espectadores en taquilla. Para determinadas películas (directores noveles, producciones en lenguas cooficiales), la cifra exigida era de 30.000 espectadores. Hay quien hincha las cifras de las sesiones. Sencillo y burdo: si una película ha sido vista por 30 personas, basta con aumentar a 70… y así. El informe habla incluso de proyecciones inexistentes.
2. Comprar entradas
Otro viejo método consiste en la compra de entradas por parte de la propia productora. Más de un conocido productor español ha sido acusado -sin que se haya podido probar hasta ahora- de llevar a cabo estas prácticas. Teóricamente, la taquilla ha cumplido el requisito de forma legal. Pero se trata igualmente de un fraude de ley.
3. Presupuestos inflados
La Ley limita las ayudas más amplias -las complementarias- a aquellas películas cuyo coste sea de al menos 2 millones de euros, y en el caso de filmes rodados en lenguas cooficiales, 1,5 millones. Este tipo de límites no afectan a las grandes producciones del cine español, que superan estas cifras ampliamente. Pero, en casos de producciones menores, hinchar el presupuesto puede ayudar a que el bocado a la subvención sea mayor.
4. Trampas en internet
Una cuarta vía, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del sector que prefieren no ser citadas, tiene que ver con el vídeo on demand: el visionado legal de pago de las películas en plataformas de internet, que con el anterior cambio legislativo, en 2007, y su desarrollo legislativo posterior en 2008 y 2009, pasó a computar en los requisitos para acceder a las ayudas. Falsear los datos de visionados es relativamente fácil -al menos los que se facilitan oficialmente-. “Llama la atención que una película que ha hecho muy poca taquilla de repente la vean 1.000 personas el mismo día”, explica la misma fuente.