En las neveras del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en el barrio de San Jerónimo, hay 16 cadáveres que nadie reclama. Muertos sin nadie que los entierre. Alguno está allí desde 2018, hace seis años.
Según fuentes de la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a 25 de mayo -las cifras oscilan, advierten desde dicho departamento- hay en Andalucía 112 cadáveres sin reclamar. Nadie los ha ido a buscar para darles sepultura.
En Sevilla hay 16. De esos, tres no están identificados. Los otros 13 sí y, aún así, pese a que tienen nombre y apellidos, ni familia ni amigos han ido a enterrarlos. Siguen en una nevera.
Pero Sevilla no es donde más cuerpos sin reclamar hay. El récord lo tiene Málaga, con 40 cadáveres abaldonados, 14 de ellos anónimos. Explican fuentes de la Junta de Andalucía que suelen ser inmigrantes o personas sin hogar que, al morir, no tienen quienes les reclamen.
Pero hay casos de personas con familia que nunca se persona, señalan fuentes del IML de Sevilla. En algún caso han estado sus cadáveres han estado abandonados en las cámaras del IML desde 2018, seis años.
A otra nevera
Esos cuerpos con más antigüedad, explica Miguel Millán, delegado de Justicia del sindicato CSIF, en algunos casos, se han trasladado. No a un cementerio, como sería esperable.
"Esos cuerpos de 2018 y algún otro se llevaron a una funeraria con la que se firmó un acuerdo para que no ocuparan espacio en las neveras del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Porque, indica Millán, acumular tanto cadáver abandonado tiene un peligro: "Si hay una desgracia y mueren varias personas en la ciudad puede que no haya espacio para los cuerpos en las neveras del IML", advierte.
Desde la Consejería de Justicia son conscientes de este problema. De hecho, ultiman un protocolo que acelera los trámites de inhumación. En el mismo están presentes la Junta, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, aún no está vigente. ¿Por qué? "Porque el Gobierno central aún no lo ha firmado".
De esta forma, se complica el evacuar cuerpos del IML de Sevilla. Este es un problema con el que, indican en la Junta, se encontraron al llegar al Gobierno en 2018 y al que ahora tratan de poner solución.
Gasto extra
"Cuando se produce una saturación de cuerpos hay que recurrir a neveras de las funerarias y eso es un gasto extra", explican las mismas fuentes desde la Consejería de Justicia.
Desde la Junta señalan que la culpa no es siempre de la familia de los muertos. En algunos casos, cuando no la hay, es el Ayuntamiento de la localidad donde ha aparecido el cadáver el que debería pagar el entierro. Pero no lo hacen, señalan desde el Gobierno andaluz.
En CSIF lo corroboran. "Los Ayuntamientos no quieren asumir el gasto, sea mucho o poco. No reclaman los cuerpos y eso que se ahorran", explican.
En todo caso, el protocolo que ha diseñado Justicia pretende aliviar el problema. Busca "promover e impulsar la realización de actuaciones conjuntas que contribuyan a la agilización de la inhumación de cadáveres no identificados e identificados pero que no han sido reclamados". Acelerar procesos.
Cadáveres anónimos
La nueva normativa aspira a que "por resolución judicial, deba darse a los cadáveres no identificados y de cadáveres identificados, cuyos cuerpos no sean reclamados que se hallaren en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía" salida.
Así, "los gastos de depósito, conservación y custodia son asumidos por la Consejería de Justicia, ya que de ella depende la gestión de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF)". Eso arreglaría en parte el problema.
Así, una vez "finalizada la autopsia y tomadas las muestras necesarias, tanto para análisis de interés médico-legal como para identificación, y así se haya comunicado al juzgado pertinente desde los Servicios de Patología, se proceda a la inhumación del fallecido".
Para ello, "se instará al Ayuntamiento del municipio en el que hubiera tenido lugar el fallecimiento, y en caso de ser desconocido el lugar del fallecimiento, se instará al Ayuntamiento del municipio en el que ha sido recuperado el cuerpo o los restos, para que proceda, a la mayor brevedad posible, a la inhumación con carácter de beneficencia". Es decir, que pague los gastos del entierro.