El Ayuntamiento de Sevilla pidió este lunes a la Junta de Andalucía que diera de baja la licencia de 715 pisos turísticos. Se saltan la ley, según argumentan desde el Consistorio. Pero no quieren que la retirada de licencia los transforme en apartamentos ilegales. Quieren cerrarlos. 

Para asegurarse de que ocurre así el equipo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mandará inspecciones de la Policía Local y de la Policía Nacional Adscrita a la comunidad. Es parte del Plan de Inspección que, además, "será específico", señalan fuentes municipales. 

¿Qué quiere decir esto? Que el Ayuntamiento mandará a direcciones concretas a los agentes para que inspeccionen. En primer lugar, a los pisos que ahora pierden su licencia por incumplir la normativa de la Junta. 

Además de este medida, el Consistorio va a crear un "canal de denuncias" con la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. A eso se suma el cruce de datos con la Consejería de Turismo, algo que se ha hecho por primera vez y que ha arrojado esas 715 viviendas turísticas ilegales. 

Esos pisos pierden su licencia porque la recibieron después de abril de 2022. Entonces cambió el Plan de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), por el que se establecía que este tipo de alojamientos sol podían estar en el bajo o primer piso. 

Sin vuelta atrás

Así, señalan fuentes municipales, el grueso de los pisos turísticos que se van a cerrar es porque estaban en un segundo o pisos superiores. No podrán recuperar la licencia porque es una cuestión sin subsanación. De esos 715, dos tercios están en el Centro de la ciudad. 

Si Sevilla tiene en torno a 9.000 pisos turísticos, esta regulación del sector supone eliminar, de una sola vez, casi un 10 por ciento de los apartamentos que están provocando manifestaciones como las que se produjeron la semana pasada contra la turistificación de la ciudad. En el Centro la proporción es mayor. 

Mientras el Ayuntamiento de Sevilla plantea esta reducción, reclaman a la oposición una actitud "responsable" y una propuesta "realista" para poder gestionar esta cuestión que tensiona el mercado del alquiler en la ciudad hasta niveles nunca vistos. 

Porque, se quejan desde el equipo de Sanz, PSOE, Vox y Podemos-IU solo han puesto sobre la mesa una moratoria que sería, en virtud de un informe presentado este lunes, ilegal. 

Ada Colau

En el Ayuntamiento de Sevilla recuerdan en público y privado que la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intentó esa moratoria de licencias y acabó imputada. Sanz no se la juega. Parar los pisos, sí; prevaricación, jamás, asegura. 

Explican fuentes del Consistorio que la aprobación de la norma que llevaron a Pleno suponía una moratoria de facto puesto que paraba las licencias en las zonas saturadas. Pero la oposición, recuerdan, votó en contra y se aprobó. 

No lo ven igual los demás partidos. Todos coincidieron en pedir menos pisos y un informe que justificase el 'no' a la moratoria del alcalde. Lo primero no lo tendrán porque el equipo municipal se mantiene en el tope del 10 por ciento de pisos turísticos por barrio. Lo segundo lo tuvieron ayer en la reunión de todos los grupos para abordar la situación. 

El encuentro acabó sin conclusiones. Los grupos se han vuelto a citar el próximo lunes. Porque, mientras el alcalde propone el 10 por ciento de pisos turísticos por barrio, IU-Podemos lo quiere rebajar al 1 por ciento. El PSOE habla del 2 por ciento. 

Seguridad jurídica

Para el Ayuntamiento esas cifras salen de la seguridad jurídica, aseguran, que persiguen con la norma para regular los pisos. Aseguran que quieren eliminar todos los que sean ilegales, pero que necesitan seguir la ley. 

Desde la oposición tampoco están de acuerdo. Aseguran que el informe legal que esgrime el equipo de Sanz es de una consultora. Y que puede ser igual de válido que otro que rebaje los pisos a un 1 o a un 2 por ciento del total. 

Sea como fuere, hasta el próximo lunes no se esperan novedades. Una semana más tarde será el Pleno de julio, el último antes del parón político de agosto. Y una nueva oportunidad del equipo municipal para recabar apoyos y aprobar la norma antes de finalizar el curso.