Cortar el agua a los pisos turísticos ilegales es una de las medidas anunciadas por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para reducir la presión, cada vez mayor, del turismo en la ciudad y que cada vez genera más problemas de convivencia.

El primer edil ya anticipó que dicha propuesta entraba dentro de la legalidad, ya que el Ayuntamiento contaba con informes técnicos que así lo acreditaban, a pesar de que varios juristas han cuestionado el plan municipal, que incluso ha sido objeto de debate a nivel nacional.

En cualquier caso, desde el Consistorio insisten en que cuentan con todas las "garantías jurídicas y técnicas" para hacerlo. Así, lo ha defendido el responsable del Área de Urbanismo, Juan de la Rosa.

El edil popular ha hecho alusión al informe del servicio de Licencias e Inspección municipal, que enmarca esta medida dentro de la conocida como Ley del Suelo Andaluza, que entró en vigor en 2021.

Dicho documento, avanzado por ABC, daría potestad a la Administración para "restablecer la legalidad urbanística cuando una vivienda está fuera de la norma". Entre las actuaciones posibles se encuentra el corte de suministro de agua por parte de la empresa suministradora en un plazo máximo de cinco días.

Sería una "medida cautelar disciplinaria" que se aplicaría tras la "detección de presuntas infracciones urbanísticas por el uso de viviendas con fines turísticos".

Asimismo, dicho informe argumenta que se trata de "una medida de carácter real y no personal, que se adopta sobre la finca expedientada, no en un procedimiento sancionador, que es donde se adoptan las medidas sancionadoras personales. No podría incurrirse, por tanto, en el "delito de coacción".

Para Juan de la Rosa, el documento "avala" por completo la medida. Asimismo, ha añadido que el Gobierno local tendrá "tolerancia cero" ante las viviendas turísticas irregulares y está dispuesto a dar "pasos firmes" por la convivencia entre vecinos y turista.

El Ayuntamiento estima que hay 5.000 pisos turísticos ilegales. Antes de dar el paso de cortarles el agua, avalado por la ley, según defiende, abordará el refuerzo de la policía turística.

Es la unidad de la Policía Local que se encargará de incrementar las inspecciones en viviendas a partir de septiembre. En el caso de acreditar que la vivienda está fuera de la ley y que no hay nadie domicilado, se iniciará el proceso para interrumpir el suministro.

Ya utilizó esta ley para los colegios

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla se acoge a la Ley del Suelo Andaluza para poner en marcha alguno de sus proyectos. El pasado mes de abril anunció que aprovecharía esta norma para invertir 10 millones de euros en el arreglo de 40 colegios.

Dicha norma le permitió reprogramar el plan de enajenaciones e inversiones y trasladar los recursos del patrimonio municipal de suelo a "zonas de la ciudad con déficits o carencias justificadas".

Ahora, según el informe del servicio de Licencias e Inspección municipal, podrá iniciar el procedimiento para cortar el agua a los 5.000 pisos turísticos ilegales de la ciudad y poner en marcha una de sus medidas principales para aliviar la presión del sector turístico sobre los vecinos.