El Ayuntamiento de Sevilla retoma este jueves el diálogo con la oposición para poner coto a las viviendas turísticas en la ciudad. Así, el equipo de Gobierno municipal se reúne con los demás grupos -PSOE, Vox y Podemos-IU- para avanzar en un marco que permita limitar estos alojamientos para visitantes en viviendas.
El equipo del alcalde, José Luis Sanz, mantiene una mano tendida a la oposición desde primeros de verano, cuando empezaron las reuniones semanales que buscan alcanzar un acuerdo para limitar los pisos turísticos. Sin embargo, hasta ahora no se ha llegado a un entendimiento debido a las reticencias de la oposición a las propuestas que va presentando el Ayuntamiento.
Además de estos encuentros, que se espera que den lugar a algún acuerdo para que la norma pueda ir a Pleno este mismo mes, el equipo de Gobierno de Sanz ha ido presentando a lo largo de este verano una batería de medidas que atacan el problema desde tres focos distintos.
En primer lugar, se han planteado desde el equipo de Sanz planes para mejorar la convivencia de los pisos turísticos y los vecinos que conviven con estos alojamientos. En segundo lugar, se quiere limitar estos alojamientos, sobre todo en zonas saturadas como son Triana o el Casco Histórico; y, en tercer lugar, el alcalde plantea mano dura contra los apartamentos ilegales, es decir, los que están en el mercado pese a no tener licencia.
En esta última cuestión es donde el alcalde ha presentado las mayores novedades. Porque el compromiso con la legalidad, señaló tras su reunión con la patronal de los pisos turísticos, es inquebrantable. Y eso implica atajar el problema de los apartamentos que operan sin licencia.
Para ello el Ayuntamiento de Sevilla ha planteado la creación de una rama de la Policía Local que se dedique a este asunto. Una 'Policía turística' que se ocupe de controlar que los pisos turísticos que están en funcionamiento operan con todos los permisos.
A esos agentes se le suma una norma por la que el Ayuntamiento, a través de la empresa pública de agua, Emasesa, podría cortar el agua a los pisos que se detecte que trabajan como turísticos sin contar con licencia.
Con esto se ataca a la línea de flotación de este tipo de pisos porque sin agua es imposible que haya inquilinos. O, al menos, muy muy complicado, lo que podría poner orden en el asunto.
Según explicó el alcalde en su momento, está decidido a actuar "con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos que marca la normativa y estén operando de forma irregular".
"Mirar para otro lado"
"Más control, más firmeza en las sanciones para poner fin a los pisos turísticos ilegales en Sevilla después de años de mirar para otro lado", añadió el primer edil, quien desgranó los pasos sobre cómo se va a cortar el agua en los pisos turísticos ilegales.
En colaboración con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento se plantea, en primer lugar, la revisión de 715 declaraciones responsables de pisos que ya operan en la ciudad. Son las que incumplen el punto 44 de la norma que los regula y pueden ser cancelados.
Además, "se van a revisar todas las declaraciones responsables del Registro de Turismo a partir de la entrada en vigor" de la modificación de la normativa. Se pretende así 'cazar' a más pisos ilegales.
En tercer lugar "se va a hacer un barrido de todas las inscritas que carezcan de ocupación" y, "semanalmente se va a dar traslado a la Junta de las declaraciones responsables de cambio de uso a piso turístico, que se dejen sin efecto".
Problemas con los vecinos
Además, se incorpora a la Junta a las reuniones con la 'Policía turística', de modo que haya una mejor coordinación de la acción contra los pisos turísticos ilegales y se va a poner especial énfasis en la vigilancia de los apartamentos que provocan problemas con los vecinos.
Con todas estas medidas sobre la mesa, el Gobierno municipal vuelve a la negociación con la oposición para intentar poner coto a los pisos turísticos. Cuestión que podía estar ya solventada, señalan en público y en privado los ediles del PP si los demás grupos hubieran aprobado el marco normativo que, de hecho, suponía una moratoria en las zonas saturadas de estos alojamientos.
Desde la oposición, sin embargo, ya plantearon en su momento que querían una bajada de las ratios de pisos turísticos por zonas. Eso provocó que la norma no se aprobase antes de la llegada del verano.