La Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a un año y tres meses de cárcel por la difusión de tres imágenes de pedofilia mediante Facebook. Se trata de un vecino de la localidad de Utrera (Sevilla) de 61 años de edad, quien envió las fotografías de pornografía infantil a un contacto de Perú.
Además, tras un registro en su domicilio particular en mayo de 2019, año en el que comenzaron las sospechas, se descubrió que el ahora detenido poseía 41 imágenes de carácter sexual de niños de entre cuatro y catorce años de edad. Estas últimas no fueron difundidas, sino que "las tenía para la satisfacción exclusiva de sus apetitos personales".
Según los hechos probados de la sentencia emitida el pasado 8 de julio y recogida por Europa Press, el condenado "había guardado diferentes fotos de contenido pedofilo que previamente había descargado de Internet", figurando en tales imágenes de carácter sexual "una niña de aproximadamente seis años de edad" y otra "de edad similar".
La voz de alarma
Las sospechas comenzaron a principios de 2019, cuando la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid recibió el aviso de la ONG estadounidense "NCMEC-National Center for Missing and Exploited Children", en el marco de la cooperación internacional contra la tenencia y distribución de pornografía infantil. Así, esta ONG hizo saltar las alarmas sobre unas imágenes de contenido pornográfico infantil compartidas en la red social Facebook desde España.
Tras el aviso, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla inició una investigación al respecto, constatando que desde direcciones IP ligadas a un domicilio de Utrera habían sido subidos a Facebook tres archivos de contenido pedófilo, con destino a un usuario de dicha red social con una IP localizada en Lima (Perú).
Por todo ello, la Audiencia de Sevilla ha impuesto a este hombre una pena de un año y tres meses de cárcel por un delito de corrupción de menores. Además, queda inhabilitado para cualquier profesión que implique contacto con menores por los próximos tres años y tres meses. Este mismo periodo será también el que deberá pagar de libertad vigilada postpenitenciaria.