Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso; Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid; Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid; Jesús Tomillero, primer árbitro en salir del armario. Los cuatro tienen en común, expresarse con libertad en las redes sociales sobre Diversidad, Igualdad y Género. Y los cuatro han pasado por el mismo deplorable trance de recibir amenazas de muerte en Twitter. Con similar modus operandi.
Algunos mensajes buscan una intimidación ominosa: un desconocido empuña armas de fuego mientras el texto advierte: "Vamos a por usted, lo ordena el patrón". Otros son más repulsivos y viscerales, adjuntan fotografías de cadáveres torturados, cuerpos mutilados, heridas tumefactas. "Puto, negro, vamos a violarte, violaremos a tu hija" vomitan los tuits. Pese al carácter seriado de las amenazas, los anónimos agresores dedican un gesto personalizado: fotografían balas junto al nombre de cuenta de su víctima escrito a lápiz en un papel.
La concatenación de casos denunciados en los últimos meses en la prensa revelan sin embargo que no sólo se repiten las mismas frases, las mismas fotos, los mismos insultos. Una vez Twitter tiene constancia de los abusos, las cuentas son canceladas rápidamente. Pero siempre reaparecen, manteniendo distintas variaciones de los nombres de usuario akisukinho/machitroll, novy/little, koji ... Son la firma y al mismo tiempo la jactancia de impunidad del puñado de usuarios que repetidamente aparece tras estos mensajes amenazantes.
No son desconocidos para la Red. Tras la publicación de las amenazas racistas a Gerehou, el hastiado usuario @08181, administrador de numeritos.net, lo sacaba a colación.
Mofarse de los 'gachupines'
El rastro conduce a México. Operan por saturación. Tienen decenas de feuds - discusiones en la jerga de la Red - abiertas con otros usuarios de su país, pero constantemente rastrean las conversaciones en España para encontrar sus objetivos, especialmente si son figuras de interés en temas de Igualdad y si sus amenazas pueden levantar revuelo mediático. Vuelcan entonces toda su bilis en propósitos machistas, racistas y homófobos de una agresividad brutal.
Su juego es el de interpretar el papel de sicarios de narcos a las órdenes de un "patrón", una referencia cómplice entre ellos. Su recompensa es el amedrentamiento de la víctima, y el premio gordo figurar en los medios españoles. Por eso conservan nombres de usuarios reconocibles pese a que les cierren las cuentas: es la forma de exhibir su trofeo.
Lo que ganan en virulencia lo sacrifican en originalidad. Para atacar a multitud de objetivos simultáneos y asegurarse al menos una buena polémica, copian y pegan los mismos mensajes. Un sencilla búsqueda por los nombres de los sospechosos habituales revela que ya tienen cuentas de reserva en blanco preparadas para cuando Twitter cierre la que están usando.
El ejemplo que ilustra este artículo es del usuario novy usando amenazas similares desde dos cuentas distintas, una dirigida a una usuaria mexicana y otra al árbitro Tomillero. La parafernalia narco asoma en todas las cuentas, pero una elemental búsqueda inversa revela que la "cara" que sus víctimas deben "mirar" es en realidad la imagen de perfil de un tuitero más interesado en fotografiar el cielo sobre Ciudad de México que acabar con la vida de nadie.
Impunidad en las redes sociales
El pasado julio salía a la luz la historia de Alfonso, el "hombre que muere en todos los atentados". El desafortunado lance de este tuitero mexicano comenzó hace años: en represalia por unas ofensas que ya nadie recuerda, los trolls empezaron a mandar su imagen a todos los medios internacionales cada vez que ocurría una catástrofe para 'colarla'. Se convirtió en un macabro meme. Localizado por medios, afirmaba que no denunciaba porque la Policía de su país "no hacía nada".
Fuentes policiales en España confirman a EL ESPAÑOL que los usuarios latinoamericanos son especialmente activos en los casos de amenazas a tuiteros españoles. Confluye el idioma común y la sensación de impunidad que otorga poner un océano de por medio. La Policía, sin embargo, es tajante: todas las amenazas deben ser denunciadas, en juzgado, comisaría o por vía telemática. "Es la forma que tenemos de conocer el delito", afirman. Y el proceso siempre se cursa, con la red social y con las autoridades del país de residencia del tuitero. "Aunque pueda parecer que no se hace nada", indican.
Pero el problema está ahí: en la legislación del país de origen, y concretamente del vacío legal que opera en México y que lamentaba Alfonso. "Si el delito no está tipificado de la misma manera que en España, los trámites son complicados y lentos" - explican fuentes legales a este periódico. El tribunal que quisiera procesar a uno de estos trolls debería solicitar el auxilio judicial internacional a México, un trámite en el que interviene Exteriorescomo en cualquier otra petición de extradición. Pero que esto suceda por un delito de amenazas en las redes sociales es todavía "raro", coinciden ambas fuentes.
La persecución de las amenazas online en España se ha desarrollado rápidamente en los últimos años a golpe de casos como las denuncias de apología del terrorismo o de injurias como en el caso del torero fallecido Víctor Barrio. "Entran en la misma tipología de delitos de coacción a la libertad de expresión y de información", explican. Pero la legislación internacional se mueve más lentamente, especialmente en el caso de delitos relacionados con las tecnologías de la información de cuño reciente. "Nos falta una Interpol de los jueces", lamenta una de estas fuentes: un juez puede ordenar el cierre de una cuenta de Twitter, pero nada impide que la persona detrás vuelva a la carga con una nueva.
"Las amenazas que me preocupan tienen nombre y apellidos"
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