Cassandra Vera, la joven murciana para la que el Fiscal pide dos años y medio de cárcel por hacer unos chistes sobre Carrero Blanco, ha renunciado al abogado de oficio que le habían asignado. Esta semana, la Audiencia Nacional celebra seis juicios por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Entre ellos debería estar el de Cassandra. Sin embargo, la vista no tendrá lugar esta semana tras haberle sido concedido un aplazamiento. 

El asunto tiene miga. Según un escrito que remitió la joven a la Audiencia el pasado 17 de febrero, el letrado que le fue concedido era admirador de Carrero Blanco. "Procedió a prestarme asistencia en mi declaración y, al terminar la misma, me manifestó de forma expresa su admiración por el Sr. Carrero Blanco. Todo ello junto a otros extremos que pusieron de manifiesto una ideología de corte ultraconservador, que pasaba por mostrar cierto desprecio por personas que, como yo, han optado por adaptar su cuerpo a su verdadera mentalidad, a una mentalidad femenina que realmente siente", reza la carta en la que solicita el aplazamiento.

Pero la cosa no acaba aquí. Según la joven, el letrado se negó "de forma sistemática" a atender las llamadas que le hacía semanalmente para obtener información sobre cómo iba el proceso, siendo otros abogados, que se han prestado a defenderla de forma gratuita, los que la iban informando de las actuaciones que estaba llevando a cabo.

La puntilla llegó con la elaboración y presentación del escrito de defensa. "A raíz de mi condición, y de su ideología, procedería sin consultarme en momento alguno, a la elaboración y presentación de un escrito cuyo único objeto era probar mi inocencia a partir de una pericial psiquiátrica, con la intención de demostrar que no estaba en plenas facultades mentales cuando publiqué los tuits que me han llevado ante esta Audiencia", relata esta estudiante de Historia de la Universidad de Murcia.

"Todo ello se sostiene en la mentalidad del letrado de oficio ya dicho, ya que éste entendía y entiende mi actitud ante la vida, como una desviación de lo que podríamos denominar como 'buenas costumbres'. Por ello, es absolutamente imposible que me sienta defendida por dicho letrado".

Así, la motivación de Cassandra para solicitar el aplazamiento tiene que ver con "la necesidad de conceder el tiempo preciso para adaptar la defensa de forma suficiente"

Dos años y seis meses de cárcel

"ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial"; "Película: 'A tres metros sobre el cielo'. Producción: ETA Films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial"; "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella"; o la imagen de un astronauta con la cara de Carrero Blanco. Estos son algunos de los mensajes que Cassandra publicó en Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2016 sobre el que fuera presidente del Gobierno durante la dictadura franquista, asesinado el 20 de diciembre de 1973 por la banda terrorista.

El pasado 4 de enero, la joven recibió un telegrama para que acudiese al juzgado a recoger el auto de apertura del juicio oral. En septiembre, la estudiante ya había sido llamada para acudir a la Audiencia Nacional. Sin embargo, tal y como relató a este periódico, pensó que archivarían el caso. No fue así. Unos meses después vería cómo el Fiscal pedía para ella dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada, la retirada de los tuits y la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional por "humillación a las víctimas del terrorismo".

"No tenía intención de humillar a nadie. No sé por qué tienen que acusarme de humillación a las víctimas del terrorismo... si ellas lo sienten así, que me denuncien ellas, ¿no?", aseguró Cassandra por entonces.

La noticia causó un gran revuelo mediático y llegó a ser 'trending topic' en Twitter, provocando la reacción de un buen número de usuarios y de algunos políticos.

Así, la nieta del propio Carrero Blanco, salió en defensa de la joven y aseguró en un artículo publicado en el diario El País que la petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional era "desproporcionada y un auténtico disparate". "Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel", escribió Lucía Carrero-Blanco.

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