Cuando en diciembre de 2011 el entonces recién presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nombró al exministro de Educación, José Ignacio Wert, le encargó llevar a cabo una reforma “profunda” del sistema educativo español. Esta pasaba, principalmente, por una nueva ley que modificase a la LOE socialista y por una reestructuración del sistema universitario. Con el poder que le otorgaba su mayoría absoluta en el Congreso, Wert -ahora en París como embajador español de la OCDE- comenzó a engranar su particular mecanismo de espaldas a los demás grupos políticos y la comunidad educativa.

Una maraña que, con un Congreso fragmentado, un Gobierno en funciones y un mapa autonómico teñido de distintos colores políticos, está siendo desenredada por el propio Partido Popular, que se está esforzando en remendar sus propios errores. Ya hasta el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no oculta que la ley orgánica para la mejora de la educativa (Lomce) es “negociable”.

Una ley que pretendía restar fuerza a las comunidades autónomas en el control de los contenidos, establecer evaluaciones a final de las etapas educativas para detectar deficiencias, crear una nueva Selectividad, poner en marcha un plan para escolarizar en castellano en Cataluña o reducir las carreras universitarias de cuatro a tres años. Poco queda de ello. Estos son los parches populares a su propia política educativa.

1. Los “17 sistemas educativos distintos” vuelven a ganar poder

“No es de recibo que el sistema acabe derivando en 17 sistemas educativos distintos”. Quien verbalizó esta frase fue el exministro Wert cuando se presentó el borrador de anteproyecto de su ley. Comenzaba a justificar una antigua reclama del PP, que se incluía en el programa electoral: aumentar los contenidos mínimos que fija el Estado en los currículos escolares en detrimento de las comunidades autónomas.

Estableció que “los contenidos comunes” requerían el 65% de los horarios en las regiones con lengua cooficial y en el 75% para aquellas que no, un 10% más en cada caso que lo que fijaba la LOE, y afectaría a todas las asignaturas de los estudiantes. Si bien esos porcentajes no se han modificado, aquello que pretendía Wert de exámenes comunes por asignaturas en todo el territorio se ha diluido. O lo ha rectificado el actual titular de la cartera de Educación.

En concreto, las pruebas finales de ESO y Bachillerato, que con carácter de reválida pondrían a prueba los conocimientos de los estudiantes con un único examen el mismo día y a la misma hora “para asegurar la igualdad y unidad entre todas las regiones con un marco homogéneo”.  Ya no serán así, las CCAA tendrán libertad, como hasta ahora, para fijar sus días de exámenes que, por supuesto, no tendrán que coincidir. 

2. El plan para escolarizar en castellano en Cataluña ya no interesa

Una de las medidas estrella de la ley Wert era equiparar en Cataluña el castellano y el catalán en las aulas, estableciendo que la Generalitat pague una plaza en un centro privado si no proporciona educación en castellano en escuelas públicas y concertadas a aquellos padres de alumnos que lo solicitasen.

Tras guerras de cifras entre el Govern y el Ejecutivo central sobre cuántos son los alumnos que solicitaron esta posibilidad, Rajoy pasó de dotar la bolsa de ayudas de seis millones de euros (6.000 euros por familia) a destinar tan sólo un millón en el año siguiente; es decir, un 80% menos en un curso escolar. Desmantelado el plan. 

3. Los ránking para “facilitar la libertad”, vetados

La Lomce establece evaluaciones a nivel estatal a final de Primaria, ESO y Bachillerato. De momento, la única que se ha celebrado (aunque no en los términos en los que debería) es la que atañe a los chavales de 12 años debido a la progresiva implantación de la ley. Antes de que finalizase el curso, los alumnos españoles de 6º de Primaria debían hacer exámenes de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencia y Tecnología e Inglés, pero la oposición de 12 Comunidades Autónomas diluyó el planteamiento inicial, ya que fue sustituido por un informe fruto de la evaluación continua.

Ya antes, el propio Ministerio dio marcha atrás -cediendo a las exigencias de la oposición- en su plan de hacer públicos los resultados de estas pruebas con los que se podrían establecer ránkings entre centros. Los detractores alegaban que esto sólo serviría para marcar más las diferencia entre centros ya que en las pruebas no se valoraba los factores sociales, económicos y culturales de los colegios.

Mientras que Wert defendía que en aras de fomentar la “transparencia y la competencia” y para facilitar “el ejercicio de la libertad de elección a las familias” estos listados eran necesarios, su sucesor en el cargo se comprometió a que no se hicieran públicas las evaluaciones si ese era "el problema”. “De lo que se trata es de evaluar y de saber si los chicos han aprendido y ver que las cosas están bien”, contradecía Méndez de Vigo.

4. Nueva ‘Selectividad’: ni tipo test ni exámenes itinerantes

El Gobierno de Mariano Rajoy diseñó las características generales de las nueva prueba final de Bachillerato que sustituirá, si la Lomce no se paraliza antes, a la Selectividad desde el próximo curso. En la ley Wert se incluyen dos peculiaridades distintas a la anteriores leyes educativas. La primera, el carácter de reválida de la prueba; es decir, el alumno, una vez aprobados los dos cursos de Bachillerato, debe realizar además unos exámenes que deberá aprobar si quiere conseguir el título, revalidar sus conocimientos.

Se ha modificado la prueba en sí. Si bien la intención de Educación en principio era un tipo test con 350 preguntas con cuatro respuestas a elegir (divididas en tres bloques; el primero con 200 sobre las troncales, el siguiente de 100 con las optativas y las últimas 50 sobre materias específicas), Méndez de Vigo ha vuelto a rectificar y en los exámenes habrá problemas y comentarios de texto acompañados de ejercicios.

La Lomce también recoge que las universidades pueden establecer sus propias pruebas de acceso de manera adicional a la reválida de Bachillerato. Esto, en la práctica, supondría que los alumnos vayan de un campus a otro durante el tiempo que duran las inscripciones para intentar acceder a su carrera. Algo que no gusta nada a los rectores, que pretenden no realizar estos exámenes. "Probablemente las universidades no tengan que hacer otras pruebas de acceso", ha llegado a corregir Méndez de Vigo.

5. Las carreras de tres años pueden seguir esperando

Cuando el plan Bolonia, que recogía unificar licenciaturas (cinco años) y diplomaturas (tres años) en grados universitarios de cuatro años y posgrados de uno, apenas se había asentado en el sistema universitario español, Wert quiso removerlo. Hasta tal punto que el Real Decreto que regula estas enseñanzas superiores establece grados de tres años y posgrados de dos.

Algo a lo que se opusieron estudiantes, docentes e incluso rectores. Con este bloque en contra, la Conferencia de rectores (CRUE) logró una moratoria para que el próximo curso 2016-2017, en el que se debería implantar los nuevos programas, no se ofertasen grados de tres años similares a los que ya existen. Y es que no conciben que, por ejemplo, “en una misma ciudad se imparta un grado de Administración y dirección de empresas de cuatro años y otro de tres”.

Por ello, el pasado jueves se estableció una comisión mixta entre la CRUE y el Ministerio de Educación “para poner orden” de cara a la aplicación del decreto. Desde la agrupación de rectores se informa a este diario de “la buena sintonía” entre su máximo representante, Segundo Píriz, y el ministro de Educación. Este último advierte: “O se cambian las cosas, o para el curso 2017-18 CRUE no podrá organizar este tema”.

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