La lucha para resolver en Argentina el asesinato de un antifranquista en Reus

Antonio Martos todavía recuerda como si fuera hoy el día en que recibió una llamada anónima. “Ha pasado algo malo con tu hermano Cipriano. Está en el hospital”, le explicó por teléfono una voz sin identificar. Su madre se desplazó desde el pueblo granadino en el que residía para intentar ver a su hijo, que estaba ingresado en el hospital Sant Joan de Reus. Pero dos guardias civiles apostados en la entrada impidieron a la madre acceder al hospital sin ninguna justificación. La madre rompió a llorar exigiendo una explicación que tardó mucho tiempo en llegar: varios años después, Antonio recibió una carta en la que se le decía que su hermano estaba muerto y enterrado en una fosa común en Reus.

Este martes Antonio Martos ha acudido a declarar ante el juez en Sabadell, requerido por la justicia argentina, para intentar encontrar a los culpables de la muerte de su hermano. Cipriano Martos falleció el 17 de septiembre de 1973 al ingerir ácido sulfúrico. Se encontraba detenido por la Guardia Civil desde el 25 de agosto de ese año por haber repartido propaganda antifranquista en Igualada. No existe ningún atestado policial sobre su muerte. Sólo un certificado médico que decretó el fallecimiento por “hemorragia interna”.

Un activista conocido

Emigrado a Cataluña desde Loja, un pequeño pueblo de Granada, Cipriano militó en diferentes movimientos antifranquistas desde su juventud y era muy conocido en la zona de Sabadell. “Era un chico muy activo y extrovertido”, recordaba Luciano Carmona, uno de sus compañeros de activismo. “Era como una hormiguilla que iba reclutando a nueva gente cada semana”. Otro compañero, Tomás Martínez, rememoraba este martes cómo las torturas eran el pan de cada detención. “Con Cipriano se les fue de las manos”, se lamentaba.

En el momento de su detención, Cipriano Martos, militaba en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y se encontraba en Reus porque una operación policial había desmantelado unos años antes buena parte de los grupos activistas de Sabadell. Los agentes lo capturaron en la puerta de la empresa donde trabajaba junto a otros compañeros y se lo llevaron a la caserna de la Guardia Civil, donde fue interrogado y presuntamente torturado.

Sus familiares afirman que la Guardia Civil le obligó a ingerir un cóctel molotov que tenía preparado en su casa. Dos días después de su detención fue trasladado al Hospital San Joan de Reus debido a las graves quemaduras internas que le provocó esa ingesta. Allí un juez le tomó declaración, a pesar de que Cipriano no podía ni hablar debido a las fuertes quemaduras que le abrasaron el cuello. Después de permanecer en coma varios días, falleció cuando llevaba 20 días en el hospital.

La batalla judicial

“Me siento liberado”, ha afirmado Martos con los ojos llorosos al salir de su declaración. “Es una vergüenza que haya tenido que ser la justicia argentina quien investigue esto”. Martos se refiere al arduo camino burocrático que ha tenido que pasar para conseguir declarar en Sabadell sin desplazarse hasta Argentina.

Esta investigación y tantas otras de crímenes franquistas que se están llevando a cabo son consecuencia de la llamada Querella Argentina. Esa querella por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad la presentaron en abril de 2010 un grupo de familiares de represaliados en un juzgado argentino, amparándose en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal. Durante los años posteriores, numerosos familiares de asesinados o desaparecidos durante la dictadura se han añadido a la querella. La iniciativa cuenta ya con cerca de 500 denunciantes.

Después de que el Ministerio de Exteriores prohibiera que las declaraciones se hicieran por videoconferencia en el consulado argentino -llegó a amenazar con romper las relaciones diplomáticas con el país sudamericano- los abogados encontraron una grieta en el sistema: un acuerdo bilateral de cooperación y ayuda judicial que existe entre España y Argentina. La jueza María Servini mandó entonces un exhorto para que se tomase declaración a Martos y otros familiares de las víctimas del franquismo.

Hasta ese momento, los intentos de la familia Martos para resolver el asesinato de Cipriano habían sido en balde. Escudados en la ley de Amnistía de 1977, el Gobierno y la Justicia se han negado en repetidas ocasiones a colaborar para resolver el crimen. Las autoridades españolas ni siquiera quisieron revelar la identidad de los mandos y agentes que trabajaban en la zona en ese momento, ni el de los 7 guardias civiles que participaron en la detención de Cipriano Martos. Tras la solicitud de la jueza argentina a la justicia española, ahora se sabe que sólo el comandante ha fallecido y los otros 6 agentes todavía viven.