La dirección del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón ha enviado a las casas de los estudiantes del centro una carta criticando duramente la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad aprobada por unanimidad en la Comunidad de Madrid el pasado verano. Una norma que lucha erradicar el repunte de agresiones homófobas en la región y obliga a los colegios a educar en la igualdad. En la misiva compara la llamada ley Cifuentes con el "fanatismo terrorista", la considera una "barbaridad" y la califica como "este nuevo mal".
Carlos Martínez, director del colegio, donde se segrega por sexo en la etapa de Primaria y Secundaria, comienza la carta haciendo alusión al ataque terrorista de Niza que acabó con la vida de 84 personas y el asesinato del sacerdote Jaques Hamel para luego continuar: "Y mientras tanto nuestros políticos más cercanos, aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados de complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente ley de ideología aprobada en la Asamblea de Madrid".
"¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de sus hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante", exclama Martínez.
Para el máximo responsable de este centro concertado católico, el islam o la ideología de género "no son más que otros programas humanos y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso". "Eso es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo".
HOMILIA ADJUNTA A LA CARTA
Junto a este escrito, las familias del colegio han recibido la homilía que dieron los Joaquín María López de Andújar (Getafe) y Juan Antonio Reig Plá (Alcalá de Henares) con la que cargaron contra la ley de protección integral del colectivo LGTBI y llamaron a la insumisión a sus feligreses a través de una carta pública.
La norma, cuya esencia es la lucha contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, contempla en sus preceptos obligar a los centros educativos -tanto públicos como concertados- a tratar de manera específica la diversidad sexual en las aulas. Los obispos consideraron así que fuerza a educar en "una antropología no adecuada" porque niega la diferencia sexual varón-mujer: "Esta ley se halla en contradicción con la moral natural, acorde con la razón y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia".
La Asociación Arcópoli ha exigido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo que tiene con el Colegio Juan Pablo II. "Creemos que la libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad", explican en una nota de prensa.
Yago Blando, coordinador de Arcópoli, exige que la Consejería de Educación se implique y exija a este colegio que desafía las leyes, la realización de acciones de respeto hacia el colectivo LGTB en el centro para salvaguardar su dignidad y la igualdad de todos los alumnos: “Es inadmisible que hoy en día se afirme que educar en igualdad y tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como “fanatismo terrorista” y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid”.