Casi la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados -sólo un diputado menos para lograr esa barrera- ha dicho “no” a la Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y “no” a las reválidas de ESO y Bachillerato. El pleno de la Cámara baja ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy a paralizar la ley y retirar las polémicas reválidas. Un gesto de total rechazo por la mayoría de representantes de la sociedad española, que sólo es simbólico ya que poco -o nada- suelen ser tomadas en consideración por el Ejecutivo estas iniciativas.
La propuesta fue impulsada por la antigua Convergència y consensuada con PSOE, Unidos Podemos, PNV y parte del Grupo Mixto. Así fue aprobada este martes en el Congreso gracias a 175 votos a favor, 133 en contra (PP) y 34 abstenciones (Ciudadanos).
Así, es la segunda vez que el Congreso -ya no controlado por el rodillo del PP que permitió sacar la séptima ley educativa de la democracia sin ningún tipo de consenso- dice “no” a la Lomce. En abril, salió adelante una propuesta de ley similar presentada por los socialistas gracias a 185 votos a favor pero quedó en agua de borrajas ya el Parlamento se disolvió sólo unas semanas después y no pudo seguir el transcurso legal necesario para paralizar la Lomce.
Quedó entonces en un puro espejismo de la oposición al PP poder paralizar o derogar la ley antes de que finalizara este curso su implantación tal y como recoge la propia norma. El Ministerio de Educación se vió obligado por ley a aprobar a finales de julio el real decreto que regula las reválidas de ESO y Bachillerato, contempladas en la Lomce para los chavales de 15 y 16 años en el primer caso y 17 y 18 en el segundo.
PUEDE VOLVER A QUEDAR EN NADA
Ahora, con un todavía Gobierno en funciones y el curso escolar empezado hace un mes en colegios e institutos, esta proposición no de ley puede volver a quedar en papel mojado. En absolutamente nada. Es decir, la Lomce seguirá su desarrollo y el único aspecto que todavía no ha tenido lugar -las reválidas- se deberían celebrar a finales de curso, pese a que estas no tendrán carácter académico, es decir, no será necesario aprobarlas para titular. En el curso próximo, el 2017-2018, sí. Todo ello, claro, si el Consejo Escolar es desbloqueado antes de finales de noviembre, que es el plazo máximo que tiene Méndez de Vigo para emitir la orden ministerial en la que se detallen los pormenores de las pruebas.
En resumen, la iniciativa que cuenta con un enorme respaldo sólo es simbólica ya que al tratarse de una proposición no de ley sólo es un instrumento con el que instar al Gobierno a tomar medidas, pero en última instancia siempre será el Ejecutivo el que decida si hace caso o no.
¿Y cuál es la voluntad del ministro de Educación? Si bien es cierto que hace dos semanas Méndez de Vigo inició una ronda de contactos para recoger opiniones y acercar posturas para poder comenzar a trabajar por un pacto de Estado por la Educación, el titular de esta cartera no se dignó a estar presente durante el debate de la proposición para derogar la ley aprobada por su antecesor, José Ignacio Wert.
MÉNDEZ DE VIGO NO ESCUCHÓ EL DEBATE
Méndez de Vigo sólo entré en el hemiciclo minutos antes de proceder a la votación que su grupo perdió por una holgada mayoría. Por tanto, no escuchó como la independentista Miriam Nigueras, propulsora de la iniciativa, defendió su postura de paralizar la norma y buscar una ley que se base en el “consenso y la perdurabilidad”.
Tampoco al portavoz socialista en materia de Educación en el Congreso, Manuel Cruz, que dijo que apoyaba la paralización de la norma “por razones de coherencia” e instó al ausente Ejecutivo en funciones a crear esa mesa por el pacto !que la sociedad está reclamando”.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Martín defendió desde la tribuna de oradores la postura del partido de Albert Rivera con respecto a la Lomce: paralización de la norma y del decreto de las reválidas. ¿Por qué? Porque, en su opinión, es una ley aprobada de “tapadillo” que cuenta con el rechaza del 80% de los docentes y tiene en “vilo a 400.000 familias de alumnos que se tienen que examinar y no saben cómo, cuándo y dónde”.