Las 17 comunidades autónomas, incluidas aquellas que están gobernadas por el Partido Popular, van a pedir al Ministerio de Educación que dé marcha atrás -al menos este curso ya empezado- y que suspenda la reválida de 2º de Bachillerato que se debería celebrar tal y como exige la LOMCE. Un mensaje de socorro in extremis con el que ruegan que vuelva en junio la ya enterrada Selectividad y que se me mantenga el distrito único para acceder a cualquier campus universitario español.
Tal y como confirmó el pasado martes el director general de Universidades, Jorge Sáinz, los directores generales universitarios de cada región autonómica se dieron cita en Valladolid el lunes para abordar la incertidumbre presente en los institutos españoles sobre qué pasará con la reválida de Bachillerato -que sustituye desde este año a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)-. Y es que, pese a que el curso lleva un mes empezado, todavía no se conocen los detalles concretos de la prueba porque el ministro de Educación aún no ha aprobado la orden ministerial que regula estos parámetros.
En este contexto, las 17 comunidades autónomas -incluso las gobernadas por el mismo partido que el que sostiene al gobierno central en funciones: Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Galicia- pedirán a través de una carta una prórroga para este año. En el borrador de la misiva, adelantado por el diario El País, se alude a que este curso la reválida no tiene efectos académicos, es decir, no es necesaria aprobarla para conseguir el título de Bachillerato. Algo que sí sucedería el próximo 2017-2018 si la LOMCE, por entonces, sigue vigente o el real decreto de reválidas, aprobado el pasado verano, sigue vigente.
Se trata de una nueva escenificación clara del rechazo a las reválidas de ESO y, sobre todo, de Bachillerato, como la vivida esta semana en el Congreso de los Diputados, donde se aprobó una proposición no de Ley en la que se instaba al gobierno a tomar en consideración la paralización de la Lomce y la derogación del decreto de reválidas.
La carta llegará al Ministerio de Educación suscrita por los directores generales de Universidades y de momento -tal y como han confirmado a El Español varias Consejerías autonómicas- no por los consejeros educativos de cada región. Es decir, estaríamos ante un movimiento más técnico, promovido por cargos inferiores a los consejeros y viceconsejeros del área. Estos se reunieron de manera paralela a la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Educación, el máximo órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que es donde se debería abordar este aspecto. Una Conferencia que está pedida desde hace meses a Méndez de Vigo por las regiones antirrévalidas, pero que el ministro no convoca.
A EDUCACIÓN “LE GUSTA” EL DISTRITO ÚNICO
De la reunión en Valladolid también salió el frente común para mantener el distrito único, que, en teoría, también debería desaparecer con la LOMCE. Se trata de mantener el modo de acceso a la Universidad una vez que el alumno tiene la nota. Un alumno que se examina en Andalucía, tiene libertad con su nota para acceder a cualquier campus universitario de otra región.
No obstante, si se mantiene el distrito único (plan educativo anterior) y se impone (como pretende Educación) la reválida se generaría desigualdades en la práctica. Es decir, un alumno que se examine en una comunidad autónoma que cumpla con la ley y realice la reválida (siete exámenes y cuatro días para realizarlos) accedería a cualquier Universidad de la misma forma que uno que se examine con la antigua Selectividad (cuatro exámenes y tres días para hacerlos).