Pistoletazo de salida de la carrera de fondo para lograr el pacto nacional por la Educación. El Congreso de los Diputados ha aprobado, gracias a los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, la creación de una subcomisión para abordar la situación educativa en España y elaborar -en seis meses- un informe que sirva como base para una nueva ley que “sustituya” a la LOMCE y sirva para “restaurar las grietas del sistema”.

“Es un día muy importante para la Educación en este país, ya que la creación de esta subcomisión es algo único que no se ha conseguido nunca en 40 años y que puede abrir una nueva etapa política y social”, ha explicado la portavoz de Ciudadanos en materia educativa, Marta Martín. Además, la diputada ha augurado que en esta mesa de trabajo se “verá el éxito o el fracaso de una nueva era política”.

En la misma línea, la popular Sandra Moneo ha afirmado que esta luz verde a la subcomisión supone “un punto de partida tremendamente importante” al estar cargada de una “gran responsabilidad”: “Fuera del Congreso hay una sociedad que espera de nosotros un gran pacto”.

Más crítico ha sido el socialista Manuel Cruz, quien -pese a felicitarse de haber logrado echar a rodar esta órgano parlamentario- ha explicado “la necesidad” de “restaurar las grietas del sistema educativo”. Unas fisuras agravadas “durante los últimos años” de mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno, donde los recortes en materia educativa “han incidido en la igualdad de oportunidades”. “Es necesario restaurar en el mínimo tiempo posible todo el daño hecho”, ha pedido.

Esta buena sintonía ha sido interrumpida por Podemos, desde donde pretendían incorporar una enmienda al documento de creación de la subcomisión para impedir que en este se detallase que es necesario cumplir los objetivos europeos 2020 por consideralos que “mercantilizan” la Educación. Ante ello, PP, PSOE y Ciudadanos le han echado en cara al partido de Iglesias de no participar en la negociación y de querer incluir reclamaciones de "última hora".

PODEMOS, la NOTA DISCORDANTE

Pese a esta oposición de última hora, Javier Sánchez si confirmó a EL ESPAÑOL el pasado viernes que sí se unirían desde Unidos Podemos a la petición conjunta. Finalmente, se han abstenido en la votación junto a nacionalistas y grupo mixto.

Durante el debate de este jueves en el Cámara Baja ha tomado la palabra como portavoz de Unidos Podemos, Joan Mena quien ha anunciado que no participarán en un lifting de la LOMCE. Además, ha pedido que participe toda la comunidad educativa en el proceso para que no suceda como con la norma educativa vigente, “que ya nació muerta”: “Hay que sacar el pacto del Congreso para no hacer una LOMCE II”.

Por su parte, los partidos nacionalistas han demandado que “se respeten” las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa. “La nueva norma debe proporcionar un alto grado de autonomía para que cada región desarrolle su currículo”, han exigido desde el PNV.

SEIS MESES: TIC…TAC

Según el texto aprobado, esta subcomisión elaborará en el plazo de seis meses un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un gran pacto de Estado “para alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea”.

Dicho pacto, prosigue el documento, servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que “sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social”. Así, como recoge el decreto que llevará Méndez de Vigo próximamente al Consejo de Ministros, se suspenderá el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor. Es decir, las ya enterradas reválidas.

Para la elaboración del informe se llevarán a cabo “cuantas comparecencias sean necesarias” para el adecuado desarrollo de sus trabajos: “Incluidas las de los representantes de las administraciones educativas”. Asimismo, podrán comparecer representantes de la comunidad educativa, expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, asociaciones educativas, sindicatos, colectivos o plataformas educativas y representantes de las sociedades científicas y culturales del país.

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