En un momento en el que el Congreso trabaja para lograr un pacto educativo que dote "de estabilidad al sistema y un par de meses después de que el Gobierno tumbara sus propias reválidas -el punto más polémico de la LOMCE-, una huelga educativa general "no tiene razón de ser". Así lo piensa el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y así lo ha verbalizado a través de una petición a los convocantes de los parones programados para el 9 de marzo: "No hay ninguna situación que llame a la huelga".
"Se han dado pasos en la buena dirección para dotar de estabilidad al sistema educativo. Esa huelga no tienen ningún sentido, así que rogaría a los convocantes que se lo piensen", ha afirmado el titular de Educación durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.
La huelga general del 9N ha sido convocada por la Plataforma Estatal de la Escuela Pública, que aglutina a asociaciones de todo el ámbito educativo, para exigir la derogación de la LOMCE. Se trata de la primera huelga general en el ámbito contra el ministro Méndez de Vigo, ya que la última se celebró en 2013 contra el ministro Wert mientras tramitaba su contestada ley.
En la misma sala en la que el ministro ha dado su discurso -y respondido a las preguntas de la prensa-, ha estado José Luis Pazos, presidente de la Confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos (CEAPA), quien ha calificado las palabras del ministro de "decepcionantes", ya que no ha hecho alusión a la comunidad educativa y "sólo ha mencionado a las familias" durante una ocasión.
Pazos no recoge el ruego del ministro y no se plantea desconvocar la huelga. Sólo llegará a este puerto si se cumplen tres condiciones o exigencias al Ministerio: que se retire el recurso ante el TC que ha planteado el Gobierno contra la decisión del Congreso de derogar la LOMCE, que se comprometa "por escrito" a "no recortar ningún euro más en Educación" y "dejar de marear la perdiz con la subcomisión educativa". "Lo tiene muy fácil", dice Pazos.
Precisamente la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, gracias a los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, es el órgano al que el responsable de Educación relega todas las directrices de su Ministerio. Ha avanzado que esperará a que los diputados escuchen a la comunidad educativa en sede parlamentaria para después elaborar un informe que sirva de base para una nueva ley educativa.