Zaragoza recula y readmite a un niño discapacitado expulsado de una ludoteca municipal
Miguel tiene una discapacidad del 75%. La familia consigue que el Ayuntamiento, gobernado por Podemos, dé marcha atrás.
24 febrero, 2017 01:51Noticias relacionadas
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Hace nueve meses, Miguel fue expulsado de la ludoteca municipal Os Mesaches después de ser atendido durante casi tres años. No se argumentó un sólo criterio médico ni educativo que justificara la decisión. El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por la coalición que lidera Podemos Zaragoza en Común, alegó como único motivo la necesidad de un apoyo externo financiado por sus padres debido a su discapacidad, cercana al 75%, que padece el menor desde los tres años.
La decisión del consistorio zaragozano hizo que los padres de Miguel, Alberto y Arantxa, emprendieran una lucha para reconocer el derecho que se le había negado a su hijo de manera arbitraria. Una lucha que ha concienciado al Justicia de Aragón -defensor del pueblo autonómico-, entidades sociales aragonesas e incluso a la mayor parte de los grupos políticos. La familia ha ganado la batalla. EL ESPAÑOL ha podido presenciar la vuelta de Miguel al centro Os Mesaches juntos a sus orgullosos padres.
Alberto y Arantxa acudieron al centro municipal durante la tarde de este jueves con la esperanza de olvidar el sufrimiento vivido durante los últimos meses. Esperaban que la situación se normalizase y Miguel disfrutara del espacio municipal durante los próximos años sin ningún percance. Y así ha sido. De manera definitiva, Miguel podrá acudir a la ludoteca municipal hasta final del curso.
"Queremos paz"
“Estamos muy contentos, hemos hablado con la asistente social y es un encanto. Nos ha dado muy buena impresión y ha sido muy cariñosa”, cuenta a este diario Arantxa, a las puertas de la ludoteca municipal. En principio, el Ayuntamiento se ha comprometido a prestar una ayuda a Miguel hasta final de curso. Pero según cuentan Alberto y Arantxa, “tendremos una reunión más adelante con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para poder inscribir a Miguel en septiembre con plena normalidad”.
La expulsión de Miguel venía motivada desde el departamento de servicios sociales. Alegaban que los funcionarios no podían atenderle con plena garantía y exigían a los padres la búsqueda de un apoyo externo que pudiera hacerlo. Curiosamente, según cuentan sus padres, Miguel coincidirá en la ludoteca con un niño que va a la misma clase que él en el colegio de educación especial Fundación Cedes.
“Está Cristian, ese crío, va con Miguel al colegio y tiene las mismas necesidades como discapacitado”, cuenta Alberto, mientras que Arantxa puntualiza que “nosotros hemos molestado, hemos dado guerra y nos ha costado que le aceptaran”.
Los padres de Miguel reconocen que la vuelta ha sido positiva, así como la reacción “cordial” de las educadoras del centro. “Como si no hubiera pasado nada, ahora queremos que la cosa se quede en paz”, relata Arantxa. Sin embargo, creen que la lucha encabezada durante meses no debe terminar, sino que deben conseguir que Zaragoza regule la asistencia de los menores discapacitados a las ludotecas municipales.
“Nosotros buscamos que la situación que viven los menores discapacitados en Zaragoza no termine aquí. No vamos a consentir que aceptar a Miguel en la ludoteca sea un parche, queremos que se regule la asistencia de discapacitados en centros municipales de tiempo libre como derecho básico”, dice.
Informe del Justicia de Aragón
Desde la asociación aragonesa Plena Inclusión explican que el objetivo que persiguen es el mismo que los padres de Miguel: “Pretendemos impulsar junto con el Ayuntamiento una normativa que regule esta situación y se reconozca en el pliego de condiciones el apoyo externo que puede necesitar un menor discapacitado”.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, instó hace escasas semanas al Ayuntamiento de Zaragoza, mediante un informe oficial, a que impulsara un cambio normativo para evitar esta situación en un futuro. El defensor del pueblo aragonés remarcaba en su informe que "las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad (...) en el acceso a la cultura, el deporte, al ocio".
García Vicente hacía especial hincapié en la regulación de los servicios de educación no formal –ludotecas municipales– "determinando los requisitos de admisión, las condiciones mínimas de los recursos o la cualificación del personal".