La comunidad educativa se vuelve a unir para “salir a la calle y vaciar las aulas”. Docentes, familias y estudiantes de todas las etapas de la enseñanza -desde Infantil a la Universidad- están llamados a secundar la primera huelga general en el sector contra el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, después de que hayan pasado cuatro años de una convocatoria similar cuando su antecesor, José Ignacio Wert, ocupaba esta cartera ministerial.
A pesar de que los aspectos más polémicos de la contestada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) -las reválidas y los posibles ránkings por centros- han sido eliminados, la séptima norma educativa de la Democracia sigue vigente. Lo hará -en la teoría- hasta que se logre el Pacto Nacional por la Educación que ahora se fragua en el Congreso de los Diputados. Unas negociaciones que avanzan a un ritmo más lento de lo que esperan los convocantes de la huelga de este 9 de marzo, por lo que anima a “vaciar las aulas” por las siguientes razones.
1. Derogación de la LOMCE
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública -que aglutina a asociaciones estudiantiles, sindicatos de docentes y asociaciones de padres y madres de alumnos- considera que la LOMCE tiene que ser derogada de manera urgente. No están dispuestos a esperar a los seis meses de conversaciones que se están produciendo en la Cámara baja para elaborar un documento de bases que sirva para que el Gobierno prepare la nueva norma educativa.
Los convocantes de los parones en las aulas -apoyados por PSOE, Podemos e Izquierda Unida- urgen al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la proposición aprobada por el Congreso para tumbar la malograda LOMCE. En noviembre la mayoría de grupos parlamentarios -menos el PP- dieron luz verde al inicio de los trámites para congelar el único punto de la ley que no había entrado en vigor: las reválidas.
Algo que Méndez de Vigo también quiso hacer de manera paralela a través de un decreto aprobado en Consejo de Ministros. Por ello, una vez eliminadas estas pruebas externas, Rajoy decidió presentar un recurso ante el TC debido a esta supuesta dualidad. Algo que los convocantes consideran “un atentado” contra la separación de poderes.
2. Las oposiciones, en el aire
En octubre tuvo lugar la primera huelga del curso 2016/2017. En aquella ocasión, maestros y profesores se descolgaron de la convocatoria y dejaron solos a estudiantes y sus familias. No será así en esta ocasión, que secundarán este 9-M después de que varias comunidades autónomas hayan renunciado ya a convocar oposiciones al cuerpo de profesorado no universitario y otras -a estas alturas del curso- se lo están pensando todavía debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado de 2017, ya que están prorrogados los de 2016.
La oferta de empleo público está ligada a la cuentas anuales del Estado. En ellas se fija la tasas de reposición de las plazas vacantes por bajas, por lo que las CCAA no pueden dar luz verde a la convocatoria de oposiciones hasta que los Presupuestos estén aprobados.
Una incertidumbre que ha generado en estos meses gran malestar entre los aspirantes a lograr una plaza en las oposiciones. Tras meses de estudio y preparación, deberán -en la mayoría de regiones- aparcar los apuntes hasta nuevo aviso, tal y como denuncian los sindicatos que arropan a los maestros y profesores de enseñanzas medias.
3. Eliminación del decreto 3+2
Quienes mañana salgan a las calles en las manifestaciones que hay convocadas en las grandes ciudades también gritarán contra el decreto 3+2. Aprobado también por el ex ministro Wert, contempla la nueva organización del sistema universitario de grados y posgrados: los grados pasan de cuatro a tres años y los máster de uno a dos. En la práctica supone un encarecimiento de los títulos ya que los créditos de posgrado son mucho más caros.
Ni tan siquiera la Conferencia de Rectores de Universidades está de acuerdo con este decreto, que pidió al ministro una moratoria para implantar esta nueva organización. Ahora, Méndez de Vigo y la cúpula de los rectores de las 81 universidades españolas parecen estar de acuerdo y los grados ya existentes no pasarán a ofrecerse en tres años, sino que el nuevo modelo sólo será posible para aquellas carreras de nueva creación. No obstante, el decreto sigue vigente.
4. No a las becas vinculadas al rendimiento
A Wert no le gustaba el sistema de becas heredado de gobierno -tanto del PP como del PSOE- anteriores. Desde el Ministerio de Educación se revisó el sistema de acceso y mantenimiento de becas universitarias ya que consideraba que estaban vinculadas al nivel de renta familiar y no al rendimiento del becado.
Así, el decreto actual, endurece los requisitos para obtener las ayudas subiendo la nota mínima para acceder a las becas a un 5,5 y aumenta el porcentaje de créditos aprobados el curso anterior para mantener las ayudas económicas el siguiente año. Este sistema de becas ha sido avalado recientemente por el Tribunal Supremo.
A falta de cifras oficiales y el baile de números dependiendo de la organización educativa -o no- que cocine los datos, la Fundación Conocimiento y Desarrollo a principios de curso calculó que pueden ser hasta 100.000 los universitarios españoles que han sido expulsados del sistema desde que se endurecieron los criterios. El Ministerio de Educación calla sobre este asunto.
5. Revertir los recortes en Educación
Todos los convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes) piden revertir los recortes en Educación aprobados durante la X Legislatura liderada por Mariano Rajoy. Aprobados de manera urgente por el Consejo de Ministros -y también avalados por el Supremo- permiten ampliar el ratio de alumnos por clase, además de regular las horas lectivas de los profesores. También ese decreto de recortes se encargó de retrasar la implantación de la nueva formación profesional.
Ahora con una economía que avanza de manera positiva -aunque lentamente-, las pancartas de mañana en las manifestaciones también clamarán por “revertir los recortes”. A José Luis Pazos, presidente de la Confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos, no le vale el compromiso verbal del Ejecutivo y exige el escrito.
Si no se cumple este requisito -junto a los demás mencionados- antes de salir este jueves a la calle, ya amenazan con nuevas jornadas de huelga general educativa antes de que el curso finalice.