Tras dos años de conflicto los problemas entre la DGT y los examinadores de tráfico no acaban. La Dirección General de Tráfico y representantes sindicales se reunieron este martes para intentar llegar a un acuerdo que acabase con los problemas estructurales del sector y que evitase que la huelga, convocada los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio, se prolongase más de lo necesario. Sin embargo, tal acuerdo no se ha producido y el "conflicto continúa", explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a EL ESPAÑOL.
Durante el encuentro, la DGT propuso crear "una escala específica para el personal examinador", explica CSIF, que contemplaría la "adscripción al grupo C1 de funcionarios al que podrían acceder personas no dependientes de la Administración por oposición libre. Actualmente esa escala no existe ya que los examinadores deben ser previamente funcionarios y hacer un curso interno para obtener dicha titulación.
Una medida que los sindicatos valoran como "insuficiente" ya que no contaría con "un complemento específico en nómina". Además, esta medida sólo sería efectiva para algo más de la mitad de los examinadores ya que 300 de los 750 ya cuentan con esa categoría superior que les daría la media.
Reclaman mejoras económicas estables
En la reunión la representación estatal ofreció, según CSIF, "ampliar la plantilla en cien personas" las cuales procederían del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa. Tendrían que "acceder mediante un concurso de traslado" y hacer las formaciones pertinentes "tiene que haber un proceso selectivo en igualdad de condiciones", avisa el sindicato.
CSIF valora esta oferta porque "aleja el fantasma de la Administración" pero no la ven "suficiente" ya que "no está dotado de medidas económicas". Por ello tanto para los sindicatos como para la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asexpra) "se mantiene el conflicto". Los colectivos afirman que se sentarán a hablar con la Administración siempre que quiera, pero siempre que el Estado esté dispuesto a "valorar a los examinadores como merecen".
Un conflicto "evitable"
La huelga está teniendo un seguimiento de prácticamente un 80% y según datos de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) tendrá un coste para el sector de 200 millones de euros ya que durante los meses de verano "se hace la mitad de la caja de todo el año a nivel nacional", explica Asexpra. Además, afectará a más de 80.000 alumnos. "Esto no lo va aguantar más de una autoescuela", sentencian.
Los desencuentros entre la Administración y los examinadores comenzaron en 2015. Entonces, el colectivo se encontraba en huelga y la DGT acordó con ellos mejoras salariales y profesionales, como un complemento de penosidad y peligrosidad. Sin embargo, Asexpra asegura que "no se ha cumplido nada". Desde CNAE afirman que al ser un conflicto que se ha alargado en el tiempo "se podría haber evitado" esta nueva convocatoria de huelga. A la vista de los acontecimientos los examinadores explican que la huelga se mantendrá hasta finales de julio y en agosto podría ser indefinida.