Seis miltares brasileños han viajado recientemente desde su país hasta Sevilla para interrogar al sargento que fue detenido en junio pasado en el aeropuerto de San Pablo cuando intentaba desembarcar con una maleta que escondía 37 kilos de cocaína de gran pureza.
El objetivo de la comisión brasileña, según adelanta Diario de Sevilla, era intentar averiguar si el detenido, el sargento Manoel Silva Rodrigues, que viajaba en una comitiva oficial del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tenía conexiones en su país o en el ejército brasileño, así como averiguar los presuntos delitos de blanqueo de capitales que podría haber cometido.
Fuentes del caso consultadas por el citado periódico sevillano explican que el militar se acogió a su derecho a no declarar y sólo aseguró que su esposa y el militar del ejército brasileño con el que habitualmente trabajaba no tenían nada que ver con el alijo intervenido en el aeropuerto sevillano.
La comisión estaba integrada por dos coroneles, dos fiscales militares, un fiscal civil y un secretario judicial. Su viaje a España fue organizado por la Fiscalía de Cooperación Internacional, que actúa como intermediaria en este tipo de colaboración judicial entre países. La declaración tuvo lugar en el despacho de José Manuel Rueda, fiscal de Cooperación Internacional en Sevilla.
Maleta con fardos de cocaína intervenida al militar brasileño.
Durante el interrogatorio le mostraron fotos de su desembarco en Sevilla el 25 de junio pasado, cuando el avión presidencial brasileño hizo escala de camino a una cumbre del G-20 en Japón. En la declaración también estuvo presente la Guardia Civil, que ha intentado, sin éxito, averiguar los posibles destinatarios del alijo en Sevilla.
La apertura de esta investigación en el ejército brasileño fue anunciada por el propio Bolsonaro, quien a raíz de la detención del militar de su comitiva afirmó: “Todos tenemos la sospecha de que esta no fue la primera ocasión en que transportó drogas debido a la cantidad con la que fue sorprendido”.
La Fiscalía española ha presentado un escrito de acusación en el que pide ocho años de cárcel y una multa de 4 millones de euros para Silva Rodrigues. La cocaína tenía una pureza del 80% y un valor en el mercado negro de 1.419.262 euros.