José A. murió este jueves en un municipio de Barcelona infectado por Covid-19. Horas antes, presentó una querella contra altos cargos de Sanidad, entre ellos el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y contra el administrador de la empresa que intermedió en la compra de los test defectuosos para detectar el coronavirus.
La querella se presentó ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por vía telemática y su autor ordenó a sus herederos que sigan adelante con la acción penal si es admitida a trámite.
El hombre acudió al hospital Hestia de Barcelona el pasado 13 de marzo para hacerse una biopsia, donde tuvo que volver a los siete días porque se encontraba indispuesto por una patología previa, y finalmente quedó ingresado.
Según la querella, al no disponer en hospitales de test suficientes, los facultativos "estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores" de Covid, lo que "conllevó" que José A. se infectara.
Los médicos -señala el escrito, al que ha tenido acceso Efe- diagnosticaron su estado "catastrófico" y pronosticaron "un rápido fallecimiento", por lo que el paciente solicitó el alta, que le dieron el 15 de abril, y fue trasladado a su casa "a la espera del fatal desenlace".
El jueves redactó un documento delante de testigos y solicitó la interposición de la querella, que reclama que se considere urgente a efectos de tramitación procesal. Además, encomendó a sus herederos seguir adelante con el proceso.
En la querella se recalca que el Ministerio de Sanidad pagó por un producto "fraudulento" y se subraya que la OMS había alertado "desde al menos enero de 2020 de los riesgos para la salud pública" de la Covid-19.
El escrito apunta la posible existencia de delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, por la falta de test en sanitarios y por la compra de los que fueron defectuosos.
Esos test defectuosos, a juicio de la parte demandante, impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.
La querella, presentada por el despacho de Díaz Aparicio, se dirige contra Fernando Simón, las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz, respectivamente, y la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas.
También contra del responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y contra el administrador de la empresa intermediaria en la compra de los test defectuosos de la compañía china Bioeasy (Interpharma).
Se pide que se los cite como investigados y a las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña como responsables civiles directos o subsidiarios, por ser las responsables de velar por que se cumpla la normativa de expedición de medicamentos y de proveer a los sanitarios de medios de control de enfermedades contagiosas.
El querellante señala que Sanidad, en una fecha no determinada de marzo, adquirió a través de Interpharma los test defectuosos, que se aplicaron a pacientes hasta que se comprobó que no eran eficaces. Sus resultados erróneos supusieron "un menoscabo de la salud colectiva", añade.
Primera intervención quirúrgica en el Hospital temporal instalado en Ifema.