Orinar en la playa podría salirte caro: esta es la multa que te puede caer por hacer pis en el mar

Las playas se convierten en las grandes protagonistas del verano. Durante esta época del año, son miles de españoles los que escogen zonas costeras para pasar sus ansiadas vacaciones. En especial, el mes de agosto es el elegido por un 40% de los turistas para disfrutar de unas semanas de descanso.

Durante estas semanas, las playas se abarrotan de personas. Y es que dan la posibilidad de desconectar de la rutina y se convierten en un punto de encuentros entre amigos y familia. A su vez, la costa ofrece un sinfín de posibilidades, desde broncearse o pasear por la orilla, hasta practicar actividades acuáticas como el surf y el submarinismo.

Sin embargo, para hacer uso de ella hay que tener en cuenta una serie de normas que son de obligado cumplimiento para todos los usuarios. El uso de las playas en nuestro país está regulado por la Ley de Costas. Sin embargo, los ayuntamientos de los diferentes municipios pueden establecer normativas propias a través de sus propias ordenanzas.

La multa por orinar en la playa

En ocasiones, es habitual encontrarse usuarios que, por desconocimiento o simple desobediencia, incumplan la normativa establecida en las playas. No obstante, además de perjudicar la convivencia entre los bañistas, algunas de ellas conllevan importantes multas, por lo que es importante estar al tanto del reglamento. 

En este sentido, una de las normas que más se incumplen es la relacionada con orinar en la playa. Las multas dependen de la ciudad, pero en algunos casos ascienden a hasta 1.500 euros. Este es el caso de Marbella (Málaga), que tiene una de las normativas más estrictas en este sentido. Según su ordenanza, la sanción se aplicará, en concreto, por "la evacuación fisiológica en el mar y la playa".

Un agente de la Policía Nacional patrulla en Playa de Palma. EUROPA PRESS

En otros casos, las sanciones para los bañistas que hagan sus necesidades en el agua son inferiores. Así, en Vigo la multa es de 750 euros. La ordenanza local considera que orinar en la playa es una falta leve.

Por ello, la alternativa perfecta son los servicios públicos instalados en las diferentes playas. La duda más frecuente que viene a la mente en estos casos y que no aclaran las normativas es cómo y quién identificará a los infractores.

Fumar, poner música o reservar sitio

Existen numerosos gestos cotidianos que pueden conllevar importantes multas. En el caso de fumar, cada vez son más los lugares en los que los fumadores tienen limitado disfrutar de sus cigarrillos. Y es que son muchas las comunidades autónomas que, desde la pandemia, no permiten consumir tabaco en la costa.

De hecho, muchas de ellas ya se han definido como espacios libres de humo. En total, son más de 600 las playas en las que está prohibido fumar. Dependiendo de la región, las multas pueden ir desde los 30 a los 1.800 euros.

Otra de las prohibiciones más comunes en algunas playas españolas es la de poner música con altavoces. Y es que hay playas como la de Albufera, Laredo, Tarifa, Motril o Cartagena que consideran que esto puede romper la paz de estos lugares y, por ello, prohíben el uso de estos dispositivos. En este caso, las sanciones son de hasta 700 euros.

También está prohibido en algunas playas españolas reservar sitio con las sombrillas. Por ello, han sido muchos los municipios que han incluido esta prohibición en sus ordenanzas municipales. En municipios como Benidorm, Gandía y Cullera las multas oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.

Varias sombrillas colocadas a primera hora de la mañana en Valencia.

Otra de las normas de obligado cumplimiento es no bañarse en el mar si hay bandera roja, debido la peligrosidad que conllevaría. Por ello, aquellos que se arriesguen a meterse en el agua cuando la bandera es de este color pueden ser sancionados con hasta 700 euros de multa.

En cuanto a las mascotas, no todas las playas permiten su presencia. No obstante, suele estar indicado en paneles informativos a su entrada. La cuantía de la sanción varía dependiendo de la normativa de cada municipio, pero oscila entre los 100 y los 1.500 euros.