Un joven adicto a la coca, condenado a un año por dar una paliza a dos lesbianas en Barcelona

Un joven, acusado de haber agredido a una pareja de lesbianas que caminaba por una calle de Barcelona cogida de la mano, ha aceptado la pena de un año de cárcel y una multa de 1.095 euros tras un pacto de conformidad con el que ha reconocido los hechos.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el joven ha admitido haber propinado una paliza a ambas mujeres ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, que ha decidido rebajar la condena de dos años y medio de prisión que pedía la Fiscalía.

El joven deberá, además, indemnizar a cada una de las víctimas con 1.000 euros en concepto de reparación del daño moral infligido y como responsable civil de los hechos.

El Ministerio Público lo acusaba de dos delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas por haber lesionado la dignidad de la pareja por motivos de orientación sexual y solicitaba, además, una multa de 4.050 euros al imputarle otros dos delitos leves de maltrato sin causar lesión.

Según las mismas fuentes, el agresor ha probado, con un informe forense, que tiene una adicción a la cocaína y a la heroína de larga duración, lo que ha servido para atenuar su pena.

Los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando el joven abordó a una pareja de lesbianas que caminaba de madrugada por la calle en el distrito barcelonés de Sant Andreu y, de forma "absolutamente gratuita y sin provocación ni discusión previa", él, acompañado de otras personas, propinó patadas y puñetazos en distintas partes del cuerpo de las víctimas.

Para el Ministerio Público, el joven se aprovechó de la "notable desproporción de fuerzas" que le confería estar con otros individuos y actuó "con ánimo de menospreciar" la integridad física de las mujeres "impulsados por animadversión" a la orientación sexual de la pareja.

Tras este pacto de conformidad, el joven podría ingresar en prisión en los próximos días porque tiene, al menos, una decena de antecedentes penales, la mayoría de ellos por delitos patrimoniales, que dificultarían una posible petición de suspensión de la cárcel.